La cuenta atrás ha comenzado. Este viernes los juzgados de violencia contra la Mujer asumen nuevas competencias. La violencia sexual, la trata, mutilación genital femenina, acoso y matrimonios forzosos. Una nueva pila de futuros casos que se ha llevado a cabo sin previsión, a pesar de que es una medida que llega dos años tarde. Cuatro magistrados reaccionan a este cambio en la Ley que modificará su forma de trabajar esta misma semana.
Francisco Gutiérrez, magistrado del Juzgado número 2 de Violencia sobre la Mujer de Sevilla.
“Es grave lo que se nos avecina a partir del 3 de octubre. Lo hemos avisado, hemos hecho comunicado de prensa, nos hemos reunido con el Ministerio de Justicia, nos hemos reunido con los secretarios de Estado y no adoptan ninguna medida y esto va a explotar. Esto sí que va a explotar”, insiste.
Lo razona de la siguiente manera: “Igual que has creado un órgano judicial especializado en infancia y adolescencia en Barcelona, Málaga y Gran Canaria, pues crea dentro de la sección de instrucción, crea un órgano específico encargado de la violencia sexual con un juez, un magistrado especializado en la materia, pero no contamines ahora los juzgados de violencia sobre la mujer, que tienen un cometido muy específico”.
211% por ciento por encima de carga de trabajo sin las nuevas competencias
El magistrado pone de ejemplo Sevilla. “Si antes había 20 juzgados de instrucción encargados de violencia sexual, ahora seremos cuatro juzgados de violencia que ya estamos a un módulo con una carga de trabajo muy superior a la carga ordinaria, yo este último módulo tenía 211% por encima del módulo de la carga de trabajo. O sea, una auténtica barbaridad. Y como yo, otros exactamente igual”.
Por eso alerta: “Con que entre una sola víctima de violencia sexual en la guardia supone un retraso tal que a la víctima de violencia de género no vamos a tener la posibilidad de pararnos, de preguntarle cosas que son importantísimas. De tomarnos nuestro tiempo porque tenemos los recursos que tenemos”.
“El Ministerio lo único que ha hecho es crear un Real Decreto donde de manera aislada y sin un contexto adecuado crea plaza solitarias de magistrado de violencia. Por ejemplo, en Sevilla han creado una. Bueno, ¿y qué hago yo con una plaza de violencia? Si esto lo llevaban antes 20 juzgados de instrucción. ¿Cómo va a crear solamente una plaza más de violencia?”.
Además, no acaba ahí el problema. No es solo una cuestión del número de jueces. “El Ministerio de Justicia te crea la plaza, ahora la Comunidad Autónoma, que tiene transferidas las competencias en justicia, te dice que no tiene instalaciones para un nuevo juez, para una cámara Gessel, para crear un lugar para que la víctima pueda entrevistarse con su letrado, que no tiene servicio de médico forense de guardia. Entonces, al final con los recursos personales y el otro con los recursos materiales estamos como estamos”.
María Auxiliadora Díaz Velázquez, magistrada del Juzgado número 2 de Violencia contra la Mujer de Las Palmas de Gran Canaria
“En la actualidad los juzgados están desbordados en cuanto a la materia. Un verdadero juez de violencia necesita tiempo para realizar una escucha activa a lo que son las víctimas. Creo que los jueces de violencia tienen o requieren un plus. En primer lugar, una formación específica y sobre todo formación en perspectiva de género. La materia lo requiere. Hace falta saber lo que es lo que es la violencia de género, entender efectivamente cuál es el ciclo en el que se encuentra la víctima en el momento de interponer la denuncia, por lo tanto es necesario tiempo. Yo escucho a todas las víctimas, que pasan por mí, tanto las que quieren denunciar como las que no quieren denunciar”, explica.
“Sirvo como una especie de apoyo o medio para comentarle cuáles son los recursos. Algunos me han dicho que parezco una ONG, pero creo que está implícito cuando estás en un juzgado de violencia, una mayor implicación, con lo cual por supuestísimo que va a afectar a nuestro trabajo“, denuncia.
La importancia de la formación
No confía en que sea una transición calmada. “Creo que va a haber un colapso porque es una barbaridad de competencias. Por otro lado, hay determinadas cuestiones que no quedan claras todavía, por ejemplo en el tema de trata. Es importante saber si solamente es cuando existe relación de afectividad o también cuando estamos hablando de organizaciones criminales”.
Además, la magistrada pone en valor la especialización. “Supone una asunción de competencias que necesita unos medios específicos y que las personas estén formadas, porque por mucha norma o por muchos jueces que pongan, si no tienen la formación específica y conocen realmente el tema, pues no va a servir de mucho. Formación de los funcionarios de los juzgados de violencia, por supuesto a los jueces y los fiscales, a los letrados que llevan estas causas. Es importantísimo”, repite.
Cira García Domínguez, magistrada del Juzgado número 1 de Violencia contra la Mujer de Getafe (Madrid)
“Tienes que escuchar a la víctima, y el problema es que son interrogatorios muy complicados. No puedes hacerlo en dos minutos, necesitas tiempo. Además, tendremos que tomar medidas cautelares, órdenes de protección y dictar prisión preventiva. No son delitos sencillos de enjuiciar”. “No decimos que esté mal que nos asignen la competencia a los juzgados de violencia porque la normativa establece que cualquier delito cometido contra una mujer por el hecho de ser mujer es violencia contra las mujeres. Lo que estamos diciendo es que, si seguimos siendo el mismo número de jueces y funcionarios, lógicamente vamos a tener que atender diez asuntos en vez de cinco. ¿Cómo lo podemos hacer?”, se pregunta.
“No han llevado a cabo ningún tipo de estudio o mapeo de la situación de los juzgados, no han pedido estadísticas ni han analizado nada. Hay que tener en cuenta que seguimos trabajando prácticamente con los mismos juzgados que había en 2005, cuando se crearon los juzgados de violencia. A lo mejor en vez de haber 116, como ahora, había 103, pero no se ha incrementado la plantilla judicial en función del aumento de delitos y denuncias. Seguimos siendo los mismos“, insiste la magistrada.
Para García Domínguez, Justicia “ha hecho todo sin transparencia, sin ofrecer ningún tipo de información. Estamos en marzo, la reforma entra en vigor el 3 de octubre y aquí nadie ha creado nada ni ha dicho absolutamente nada”, denuncia.
Funcionarios formados que se irán a otros destinos
La carga de trabajo se multiplicará de tal manera que la jueza cree que muchos compañeros, tanto jueces como funcionarios, optarán por trasladarse a destinos más relajados. “Va a haber una estampida general, y es preocupante porque muchos llevan quizás dos décadas dedicados a estos asuntos. Tienen una formación, una experiencia, y puede que todo ese capital humano se pierda”, explica la magistrada.
García Domínguez hace cuentas: “En Madrid hay once juzgados de violencia sobre la mujer que van a tener que asumir las agresiones sexuales que actualmente llevan 100 juzgados de instrucción. Y estamos hablando de delitos contra la libertad sexual, que no son delitos de tráfico”.
Carlos Pascual, magistrado del Juzgado número 1 de Violencia contra la Mujer de Barcelona
A Carlos Pascual, titular del Juzgado de Violencia contra la Mujer 1 de Barcelona, no le convence la reconversión de los juzgados. “Van a venir jueces de instrucción a los que no les gusta esta materia y que, además, estarán descontentos. Nosotros, aunque la gente lo olvide, además de la instrucción tenemos competencias en Familia, y pueden llegar jueces que llevan 20 o 30 años sin juzgar casos de familia y sin que les guste el procedimiento. No me parece una buena idea. Y encima traerán consigo sus procedimientos en vigor, incluyendo macrocausas, delitos leves y otros asuntos. Me da la sensación de que esto será un desastre”.
Ante el plan del Ministerio de Justicia, el juez explica que “en Barcelona, los jueces de los números altos -de los juzgados de instrucción- están pidiendo vacantes en los números bajos para evitar ser trasladados a los juzgados de violencia. No todos lo conseguirán, y a algunos les tocará asumirlo a pesar de que no les guste”.
Pascual también advierte de que los jueces instructores “van a perder dinero. Es decir, van a cobrar menos en una materia que no les gusta, con procedimientos de familia que tampoco les interesan, cuando hay jueces jóvenes con ganas que sí querrían asumir estas plazas si se sacaran a concurso. No hay estrategia ni planificación. No tiene sentido”, concluye.
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