Esto va de leyes y de excusas. De enredos. De hilos sueltos. De tramites que de una u otra forma – incluso de manera no intencionada- podrían perjudicar a las víctimas. De lo que para profesionales en el ámbito de la justicia consultados por Artículo14 es una “buena idea mal ejecutada”. Hablamos de la nueva realidad que a partir de esta semana se podría vivir en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer tras asumir las nuevas competencias en materia.
A partir de ahora resolver todas las denuncias sobre la libertad sexual de las mujeres serán misión de estos juzgados. Sin embargo, sin los refuerzos y la especialización inmediata que se esperaba se dotase a estos tribunales, el sistema – ya colapsado- podría vivir, al menos en los próximos tres meses, un “colapso total”.
¿Por qué los Juzgados de Violencia sobre la Mujer asumen nuevas competencias? ¿Dónde están los refuerzos y recursos que se prometieron para hacer frente a la nueva realidad?
Contexto y tareas pendientes
Debemos retomarnos al año 2004. Con esa Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia de Género. Entonces, ya se estableció que debían crearse juzgados específicos con competencias penales y civiles en materia. Nacieron, entonces, los ya conocidos como Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
Esos juzgados daban respuesta directa a la violencia que los hombres maltratadores ejercen sobre sus parejas o exparejas. Pero no sobre aquellos delitos ejercidos por hombres contra mujeres con las que no mantienen una relación afectiva. Violaciones, trata, prostitución, mutilación genital femenina…todos esos delitos quedaron fuera de estos juzgados.
20 años después, parecía que sí…pero no
Casi veinte años después (el 7 de octubre de 2022) con la ley del ‘solo sí es sí’, se estableció que “en el plazo de un año desde su entrada en vigor” el Gobierno debía remitir un proyecto de modificación de la LOPJ y del Estatuto del Ministerio Fiscal para “establecer la especialización en violencia sexual” de estos juzgados y de las fiscalías que ya tuvieran competencia en violencia de género.
En otras palabras, a finales de 2023 deberían haberse modificado las leyes pertinentes para que la violencia sexual fuese atendida por juzgados especializados en este ámbito: la intención era y es mejorar la atención a las víctimas.
La ley del ‘solo sí es sí’, por si sola, no creaba competencias judiciales concretas en los juzgados de violencia sobre la mujer. La especialización y atribución de competencias o creación de nuevos juzgados dedicados única y exclusivamente a la violencia sexual dependían de que esas otras reformas se aprobaran.
Medidas que llegan tarde y descompasadas
Y a pesar de que eso debería haber ocurrido como máximo en octubre de 2023, no sucedió. Tan solo se aprobó la Ley Orgánica 4/2023 que modificó partes del Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, pero quedó “pendiente” en la ley la especialización concreta en esta materia. En resumen, se incumplió lo prometido a las víctimas. El ministerio público lo achacó entonces al adelanto electoral.
No fue hasta la aprobación de la Ley de Eficiencia de la Justicia, el 3 enero de 2025, cuando se dio respuesta a esa tarea “pendiente”. A través de esta otra ley se efectúa esa “absorción” de competencias que la ley “solo sí es sí” planteaba como objetivo. Y se supone que lo hace a partir del 3 de octubre– a los nueve meses de su entrada en vigor.
Todo este encaje de bolillos, con sus respectivos retrasos y aparente falta de compromiso con la realidad de las víctimas de violencia de género y sexual, no queda ahí.
¿Por qué no llegan de la mano los nuevos jueces y competencias?
Para poder hacer frente a todo ello la cartera de Félix Bolaños anunció la creación de 50 nuevas plazas de jueces y 42 de fiscales para reforzar las Secciones de Violencia sobre la Mujer.
La lógica nos hace pensar que esos nuevos jueces y fiscales especialistas en violencia machista deberían empezar a trabajar el mismo día que la entrada en vigor de las nuevas competencias en estos juzgados. Es decir, este mismo viernes. Pero no. Porque ese hilo de bolillos está más enredado de lo que se pueden imaginar.
Quien se encarga de establecer cuándo y a dónde llegarán esos nuevos jueces y fiscales que reforzarán los juzgados de Violencia sobre la Mujer es el Real Decreto 422/2025, del 3 de junio de 2025. Y es ahí donde se fijaron las fechas de entrada en funcionamiento de esas plazas: lo harán, en su mayoría, el 31 de diciembre de 2025.
Esto supone que durante los próximos tres meses los juzgados de Violencia sobre la Mujer trabajarán como mínimo un 20% más (así lo admitió también el ministerio de Justicia) con casi los mismos recursos. En algunas secciones judiciales, aseguran especialistas en la materia, incluso el doble.
Las nuevas plazas aún no han sido convocadas
Además, se plantea un problema más: hasta donde Articulo14 ha podido saber, solo ocho de las cincuenta plazas judiciales entrarán en funcionamiento a partir de este mes de octubre. Los 42 restantes no han sido aún convocados. Es competencia del Consejo del Poder Judicial hacerlo. Deberían convocarse para antes del 31 de diciembre, que es cuando lo contempla la nueva estructura judicial.
Sí en cambio han sido convocadas, tal y como ha confirmado la cartera de Félix Bolaños a Artículo14, 41 de las 42 nuevas plazas de fiscales especialistas en violencia machista. Su creación es potestad del Ministerio y la convocatoria para su ocupación también.
¿Cómo compensan la situación?
¿Cómo pretende paliar Justicia esta descompensada situación durante los próximos tres meses? “Con un mecanismo específico para reforzar estos los juzgados y un compromiso del Ministerio de autorizar todas las medidas de refuerzo temporales que traslade el CGPJ”, explican las mismas fuentes a Artículo14. Es decir, cuando el Poder Judicial lo pida. Si lo hace.
Al final, a pesar del compromiso, esto no es más que esperar a ver qué pasa. Porque “en el caso de refuerzos temporales, el procedimiento lo debe iniciar un Tribunal Superior de Justicia elevando su solicitud al CGPJ que, finalmente, envía la petición de autorización económica al Ministerio”, y entonces, aprobarse esa medida. Tiempo. Un tiempo que, las víctimas de violencia de género y sexual, en riesgo de forma casi permanente, casi nunca tienen.
Además, tampoco se debe olvidar que, una vez esos nuevos jueces y juezas obtengan su plaza, deben formarse en violencia machista. Y eso, insisten sus futuros compañeros de profesión, “no se hace en un día”. Por eso, a este periódico, insisten: “una vez más a quien se pone riesgo es a las víctimas”. Las mismas ya castigadas por ese enredo de hilos de un encaje de bolillos que sigue sin darles respuesta inmediata.
Si algo de lo que has leído te ha removido o sospechas que alguien de tu entorno puede estar en una relación de violencia puedes llamar al 016, el teléfono que atiende a las víctimas de todas las violencias machistas. Es gratuito, accesible para personas con discapacidad auditiva o de habla y atiende en 53 idiomas. No deja rastro en la factura, pero debes borrar la llamada del terminal telefónico. También puedes ponerte en contacto a través del correo o por WhatsApp en el número 600 000 016. No estás sola.