El perfil de Isabel Rodríguez comenzó a desarrollarse en la primera mitad de los años 80. Rodríguez, una novicia abogada que hace escaso tiempo había finalizado la carrera de Derecho, tuvo que defender de oficio a unos violadores. Aquellas personas formaban parte de una banda que atemorizó a los turistas extranjeros, sobre todo franceses, que recorrían el País Vasco en caravanas. Los hombres eran asaltados y las mujeres eran violadas.
La defensa que tuvo que realizar la abogada de aquellos delincuentes la dejó tan afectada que se fue a ver a uno de los magistrados de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, órgano que les condenó. Entonces, con la intención de ser ella quien persiguiera el delito, le dijo: “Quiero ser fiscal”. Aquel magistrado era Cándido Conde-Pumpido, actual presidente del Tribunal Constitucional, que en esa época también era preparador de la oposición de acceso a la Judicatura y Fiscalía.
Finalmente, Rodríguez ingresó en la carrera fiscal en 1985 y fue destinada a San Sebastián, lugar en el que fue la segunda máxima autoridad del Ministerio Público al ser teniente fiscal. En 1998 pasó a la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional y en 2011 fue nombrada fiscal del Tribunal Supremo, primero en la sección Social y a partir de 2015 en la sección Penal.
El caso de ‘La Manada’
Fue en esta última sección donde, algo más de 30 años después del caso de aquellos violadores en el País Vasco, sostuvo que los componentes de La Manada no habían cometido un delito de abuso sexual, sino de agresión sexual.
Cabe recordar que antes de que este mediático caso llegara al Alto Tribunal, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra confirmó la condena a nueve años de prisión por un delito de abuso sexual con prevalimiento impuesta por la Audiencia Provincial de Navarra a los cinco acusados de la violación grupal denunciada el 7 de julio de 2016 en Pamplona.
Sin embargo, en julio de 2019, el Supremo condenó a cada uno de los competentes de La Manada a 15 años de prisión por agresión sexual. Esta decisión fue adoptada por la Sala de lo Penal después de que la Fiscalía, representada en el Alto Tribunal por Rodríguez, y las partes acusadoras interpusieran un recurso de casación -para anular la sentencia e imponer un mayor castigo- contra la resolución judicial del TSJ navarro.
La sucesora de Dolores Delgado
Ya en junio del 2024 Rodríguez juró su cargo como fiscal de Sala de la Fiscalía Togada del Alto Tribunal, el cual desempeña junto al fiscal togado, José María Sánchez. La nueva y, actualmente, única mujer fiscal de la Sala de lo Militar fue apadrinada por Conde-Pumpido.
Escasas horas después, Rodríguez tomó posesión de su cargo ante el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El máximo responsable del Ministerio Público destacó en su intervención el bagaje profesional de Rodríguez: “Una persona extremadamente generosa, bondadosa, discreta y reconocida y querida en esta casa”.
Aunque aquel nombramiento, realizado por García Ortiz, llegó después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estimara en parte un recurso del fiscal Luis Rueda contra el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de la Fiscalía Togada del Alto Tribunal, la más alta categoría de la carrera fiscal. El Supremo apreció “desviación de poder” en la propuesta realizada por el fiscal general del Estado, la cual consistió, según los magistrados, en “el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico”.
La sentencia consideró acreditado que la finalidad buscada por García Ortiz fue “asegurar a Delgado su promoción a la máxima categoría, quien había ocupado la jefatura de todo el Ministerio Fiscal sin tener la categoría de fiscal de Sala“. Asimismo, los magistrados señalaron que “ello se aparta de la finalidad de resolver convocatorias para plazas del Ministerio Fiscal, cuyas vacantes deben proveerse fundamentalmente con arreglo al criterio del mérito”. Y es que haber sido ministra de Justicia y la más alta responsable de la Fiscalía “tampoco puede comportar automáticamente un mérito a efectos de la progresión profesional”, añadió la resolución. Finalmente, se acordó retrotraer las actuaciones al momento anterior al de elevar al Consejo de Ministros la propuesta del fiscal general del Estado, a fin de que se realizara otra nueva.