La injerencia del Gobierno en la fallida opa de BBVA sobre Banco Sabadell encendió las alarmas en Bruselas. Y ahora, aunque a algunos quisieran detener el reloj, la maquinaria comunitaria está en marcha y no puede pararse. La Comisión Europea ha confirmado que prosigue el procedimiento de infracción contra España por la actuación del Ejecutivo en la opa. En este sentido, Carlos Cuerpo, ministro de Economía, ha defendido que el Gobierno actuó “en protección del interés general, dentro de nuestro marco normativo”.
La posición comunitaria la confirmó en rueda de prensa el portavoz de Servicios Financieros, Olof Gill, quien, si bien eludió pronunciarse sobre el caso concreto, aclaró que el procedimiento sancionador continúa. ¿Cómo se explica si la operación ha concluido? El fondo del asunto es que el expediente no analiza un caso específico, sino que la legislación española que otorga poderes discrecionales al Gobierno para frenar este tipo de operaciones.
“Sin comentarios”
Bruselas “no comenta el resultado de ninguna operación de mercado y nunca lo hará”, zanjó Gill, en una rueda de prensa al ser preguntado por la opa fallida, informa Europa Press. Añadió que el procedimiento de infracción iniciado en julio contra España “sigue en marcha”, ya que se basa en la existencia de una legislación española que, a juicio del a Comisión, vulnera la normativa comunitaria.
“La clave a tener en cuenta es que cuando la Comisión inició el procedimiento de infracción fue en relación a determinadas disposiciones de la ley española que, estimamos, infringe el Derecho comunitario”, resumió el portavoz, quien añadió que la norma española “afecta a las competencias exclusivas” del Banco Central Europeo.
Posición de España
Sobre el expediente abierto, Carlos Cuerpo detalló que el Gobierno mantiene contacto con la Comisión Europea “para ofrecer todos los argumentos necesarios y seguir defendiendo, como no puede ser de otra manera, no solo la actuación del Gobierno dentro de nuestra normativa, sino que esta es plenamente compatible con la legislación europea”.
Preguntado sobre la posible influencia del Ejecutivo en el desenlace de la operación, el ministro negó que su hubiera obstaculizado en ningún momento: “No puede interpretarse que la legislación española haya supuesto un obstáculo a la operación”.
“Yo no hablaría de intervención [en alusión a las decisiones del Gobierno], sino de participación. Una participación equivalente a la de otras instituciones tal y como establece nuestra nuestra propia normativa.[…] La decisión final le ha correspondido, como no puede ser de otra manera a los accionistas de Banco Sabadell”, recalcó Cuerpo.
Apuesta por la consolidación bancaria
Además, el portavoz recordó también la posición de Bruselas en relación a las fusiones bancarias. La Comisión considera que la consolidación del sector, tanto nivel nacional como transfronterizo, “puede mejorar la eficiencia bancaria”. Ello mejoraría la economía europea y beneficiaría a los consumidores.
En julio de 2025, los servicios comunitarios enviaron una carta de emplazamiento a las autoridades españolas en la que expresaban sus dudas sobre la transposición de dos normas europeas que, en su opinión, requieren un revisión profundo. En esa misma comunicación, cuestionaron que la intervención del Gobierno en la OPA hubiera ido más allá del interés general.
Con ese paso, la Comisión abrió formalmente el procedimiento de infracción contra España, que inicia un periodo de diálogo con las autoridades nacionales para intentar resolver las preocupaciones de Bruselas. Si el conflicto no se soluciona, el expediente podría acabar en última instancia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Más allá de la opa
El pulso entre Madrid y Bruselas se produce, además, en un momento en que la Comisión ha reforzado su vigilancia sobre las normas nacionales que pueden distorsionar la competencia en el mercado financiero europeo. El caso español se ha convertido en un banco de pruebas sobre hasta dónde pueden llegar los gobiernos en la supervisión de las operaciones corporativas sin invadir las competencias del BCE.
En este escenario, el desenlace del procedimiento de infracción marcará un precedente clave. Si la Comisión mantiene su posición, España podría verse obligada a modificar su legislación para limitar el margen de discrecionalidad del Ejecutivo en fusiones y opas bancarias. Un asunto que trasciende el caso Sabadell-BBVA y que, como reconocen en Bruselas, “toca la arquitectura misma de la unión bancaria”.