“Uber no nos va a tomar el pelo al Gobierno de España. Y ya les anticipo que caerá el peso de la ley sobre esta empresa ante los incumplimientos que está manifestando en nuestro país”. Aviso a navegantes: Yolanda Díaz recupera la batalla en la aplicación de la Ley Rider frente a Uber España, multinacional que cuatro años después sigue desafiando al Ejecutivo. La ministra de Trabajo hizo este anuncio en la presentación del Plan de Estratégico 2025-2027 de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Es este organismo el que está escrutando a la compañía.
Díaz recordó que el Ejecutivo ya actuó frente a otras compañías que desoyeron la norma -en alusión, si citar a Glovo- y advirtió de que lo volverá a hacer: “Lo hicimos ya, vuelvo a decirlo, con otra empresa y quiero dejar claro que lo vamos a volver a hacer ahora mismo ya con Uber. Por muy grande que sea una empresa no se va a colocar por encima de la ley. Y por tanto queda sujeta al designio del imperio de la ley, nada más y nada menos”.
Uber Eats, el último gran incumplidor
Desde que en 2021 entró en vigor la Ley Rider, las plataformas de reparto han tenido que modificar sus modelos de negocio. Just Eat ya trabajaba con asalariados antes de la regulación, mientras que Glovo resistió durante años acumulando sanciones y procedimientos judiciales. En julio de este año la compañía catalana cedió y contrató a 14.000 repartidores.
El escenario actual deja a Uber Eats como la única gran operadora que mantiene un modelo híbrido con flotas de terceros y repartidores autónomos, lo que choca de frente con la normativa. En julio se conoció que la Inspección de Trabajo había abierto una investigación sobre su operativa en España, lo que sitúa a la empresa en el centro de la agenda laboral del Gobierno.
La Ley Rider y el Código Penal
La llamada Ley Rider fue aprobada en 2021 como una reforma del Estatuto de los Trabajadores que estableció la presunción de laboralidad en las plataformas digitales. En paralelo, el Ejecutivo impulsó cambios en el Código Penal para sancionar el fraude vinculado a los falsos autónomos.
Díaz insistió en que esa modificación: “No hemos llegado a incluso reformar el Código Penal incorporando un precepto que regula esta materia, para nada. Lo hicimos para erradicar una deficiencia grave, que son los conocidos como falsos autónomos de las plataformas de reparto en nuestro país”.
La ministra subrayó que la legislación se aplica sin excepciones: “La ley impera de manera igual para todo el mundo (…) ninguna empresa, por grande que sea, va a estar por encima de la ley”.
Riesgos económicos y judiciales
Ante los riesgos de su batalla en España, Uber Eats ha efectuado provisiones económicas. Portier Eats Spain, la sociedad con la que la multinacional opera en el país, declaró en 2021 provisiones por 136 millones de euros para hacer frente a posibles contingencias legales y fiscales vinculadas a la clasificación de los repartidores.
El frente judicial tampoco ha sido favorable. La Audiencia Nacional confirmó este verano que la relación entre Uber Eats y sus riders era laboral, aunque anuló una sanción de 2,2 millones de euros impuesta en 2022 por la Tesorería General de la Seguridad Social. La sentencia mantiene, sin embargo, la obligación de abonar las cotizaciones reclamadas, lo que supone un precedente para la compañía.
En primera instancia, Uber Eats había defendido su modelo con informes de consultoras como Deloitte y EY, que sostenían que los repartidores tenían autonomía suficiente para ser considerados autónomos. La resolución de la Audiencia Nacional corrige esa interpretación y añade un nuevo obstáculo en el camino de la plataforma.
España, laboratorio europeo
El debate sobre la regulación de las plataformas de reparto no se limita a España. En abril de 2024, el Parlamento Europeo aprobó la Directiva sobre condiciones laborales en plataformas digitales, que recoge criterios para presumir la relación laboral entre repartidores y empresas. El texto comunitario se inspira en buena medida en la experiencia española con la Ley Rider.
Con la Inspección de Trabajo investigando, provisiones millonarias en marcha y una sentencia que confirma la laboralidad de los repartidores, Uber Eats afronta un otoño decisivo en España. El Gobierno ha endurecido el tono. Díaz ha dejado claro que no habrá concesiones: “En nuestro país, sí, somos todos y todas iguales y el principio de competencia desleal (…) quedó regulado en la Ley Rider. Ninguna empresa, por grande que sea, va a estar por encima de la ley”.
El pulso entre el Ministerio de Trabajo y la filial española de Uber se convierte así en el último gran capítulo de la aplicación de la Ley Rider, una norma que desde 2021 ha transformado el sector del reparto a domicilio y que ahora enfrenta a una de las mayores compañías tecnológicas del mundo con el marco legal español.