El Gobierno hizo bandera de la Ley Rider desde su aprobación en 2021, y su posición ha tratado de abrirse paso en Bruselas. La Unión Europea tiene ya su propia directiva en defensa de los derechos laborales de los trabajadores en plataformas digitales. Eso no quiere decir que desde que en España entrara en aplicación la norma que impulsó la vicepresidenta Yolanda Díaz esta no haya estado exenta de desafíos. Ahora mismo el mayor órdago al texto lo representa una de las tres compañías que todavía operan en el mercado del delivery o reparto a domicilio. No es Glovo, que después de muchos pulsos ha dado su brazo a torcer. Es Uber Eats.
La filial del gigante del transporte fundado por Travis Kalanick y Garrett Camp en 2009 le aguanta la mirada al Gobierno español desde 2022, e Inspección de Trabajo ya ha movido ficha. En julio se supo que los inspectores habían iniciado una investigación porque Uber Eats mantiene un modelo mixto de flotas de terceros y repartidores tanto por cuenta propia como por cuenta ajena. Es decir, mantiene a autónomos en su operativa. Uber Eats sabe que no tiene todas las de ganar, y por eso ya en 2021 pusieron más de 136 millones de euros en provisiones para hacer frente a posibles varapalos legales.
Batalla
Se trata de un duelo electrizante en el que hay mujeres en uno y en otro frente. De un lado, la propia vicepresidenta y ministra de Trabajo, principal adalid de la Ley Rider, Yolanda Díaz. Del otro, la responsable de Uber Eats para el sur de Europa, España y Portugal, Courtney Tims, que ya en 2022 fue una de las voces más críticas contra el texto legal. Tims, que forma parte del equipo de Felipe Fernández Aramburu, el director de Uber España, lleva más de ocho años y medio en la compañía y ha navegado todos sus procesos adaptándola a los vaivenes regulatorios. Ahora el encontronazo podría llegar a una nueva dimensión, tan pronto como se conozcan las conclusiones de Trabajo, lo que se espera que suceda en los próximos meses.
España convirtió el mercado del delivery en un laboratorio con la aprobación de la Ley Rider, que en realidad es una norma que reforma el Estatuto del Trabajador para clarificar la presunción de laboralidad en el ámbito de las plataformas digitales.
Competencia desleal
De las tres grandes del sector, Just Eat ya operaba con trabajadores por cuenta ajena antes de que llegara la regulación y Glovo trató de resistir su embate, acumulando sanciones y juicios hasta que en julio de este año dio por finalizado su esquema de colaboradores contratando a 14.000 repartidores. Solo Uber Eats continúa el desafío a Trabajo, y argumentos tiene. Por eso, cuando hace dos meses se supo que la Inspección ya había sacado la lupa, la compañía defendió que estaban “cooperando” y “colaborando con el Gobierno” para “asegurar la estabilidad del sector a largo plazo”.
Uber Eats no ha mantenido siempre la misma postura. Cuando la Ley Rider entró en vigor, la compañía trató de adaptarse con rapidez, optando con contratos con flotas de terceros que, en teoría, daban de alta a los repartidores en la Seguridad Social. Pero la compañía empezó a expresar su malestar ante la idea de que Glovo desafiara al Gobierno y mantuviera su modelo con autónomos, un órdago que ha terminado este verano. De la noche a la mañana, Uber East empezó a denunciar la competencia desleal de la firma fundada por el barcelonés Oscar Pierre, y la country manager de la compañía en España envió una carta a Yolanda Díaz en 2022: “¿Debemos seguir el ejemplo de Glovo y trabajar con autónomos para poder competir en igualdad de condiciones?”.
Argumento agotado
El argumento de la competencia desleal ya se ha agotado. Al menos por ahora: repartidores contratados por Glovo han convocado huelgas en varios puntos de España acusando a la firma de no abonarles el kilometraje de sus entregas, lo que refleja otro desafío de las firmas adaptándose a la Ley Rider. En el caso de Uber Eats, la firma recibió un revés judicial crucial también este verano. La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional confirmó que la relación entre la filial y sus riders era laboral. Si bien la sentencia anuló una sanción de 2,2 millones impuesta en 2022 por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), sí mantuvo la obligación de la empresa de abonar las cotizaciones sociales que reclamaba la Tesorería.
Uber Eats, en su recurso, logró una victoria en primera instancia, apoyándose en informes periciales de firmas de prestigio como Deloitte y EY. Estos informes argumentaban que los riders tenían la suficiente autonomía para decidir cuándo conectarse, rechazar pedidos o trabajar para varias plataformas como para ser considerados autónomos. Pero la Audiencia Nacional corrigió esa interpretación, sentando un precedente que complica, aún más, el camino de Courtney Tims y el encaje de Uber Eats en el mercado español.
Riesgos económicos y jurídicos
La inseguridad jurídica se traduce en cifras, y en el caso de Uber Eats en España, esas son notables. La sociedad con la que opera la filial, Portier Eats Spain, declaró en 2021 provisiones por 136 millones de euros para hacer frente a contingencias fiscales y legales relacionadas con la clasificación de sus repartidores. Este dato, que apareció en los estados contables de 2021 depositados en el Registro Mercantil en julio de 2024, refleja la magnitud del riesgo económico que afronta la compañía. Las cuentas de 2022 y 2023 todavía no están disponibles, pero el fantasma de las posibles reclamaciones sigue ahí.
Los sindicatos, por su parte, juegan un papel clave. La federación de UGT en Canarias ha detectado casos de supuestos falsos autónomos vinculados a Uber Eats en las islas, por lo que la batalla legal de la compañía continúa. Mientras el frente laboral y legal se expande, se da la circunstancia de que Uber Eats firmó con esta central sindical un memorando de entendimiento hace justo un año por el que se comprometían a mejorar las condiciones laborales de la industria.
El debate más allá de España
El debate no es solo español. La tensión que se vive en España ha tenido eco en Bruselas. En abril de 2024, el Parlamento Europeo aprobó la Directiva sobre condiciones laborales en plataformas digitales, que establece criterios para presumir la relación laboral entre riders y empresas. La norma europea sigue la estela de la Ley Rider española, que ha sido señalada como referencia en el debate comunitario. Pero, a pesar de ello, firmas como Uber Eats siguen defendiendo un modelo mixto, que combina flexibilidad y cumplimiento, un discurso que ahora será puesto a prueba no solo por los inspectores de Trabajo: también por las decisiones judiciales y administrativas y los golpes que estas puedan suponer en el balance de la compañía.
El desenlace parece inevitable en un otoño decisivo para Uber Eats. Con la Inspección de Trabajo investigando, provisiones millonarias y un precedente judicial que reconoce la laboralidad de los riders, la compañía tendrá que decidir si persiste en su modelo híbrido o si finalmente adapta su estrategia. Esta historia sobre supuesta flexibilidad laboral, laboralidad reglada por algoritmos y conflictos sindicales aún no ha llegado a su final.