Glovo ha iniciado hoy una transformación que promete marcar un antes y un después en el sector del reparto a domicilio en España. La empresa, durante años en el centro del debate por su uso del modelo de falsos autónomos, ha comenzado a implementar un nuevo sistema de contratación que afecta a miles de trabajadores y que, según asegura la propia compañía, busca mejorar sus condiciones laborales.
A partir de ahora, Glovo empezará a ofrecer contratos laborales a sus repartidores, abandonando parcialmente el sistema que tantas sanciones y polémicas le ha generado.
Este nuevo modelo entra en vigor en julio y, aunque introduce mejoras sustanciales, no está exento de controversia. Glovo asegura haber ofrecido 34.000 contratos de trabajo a repartidores que han colaborado con la plataforma. Sin embargo, solo 14.000 de ellos han sido aceptados hasta el momento. La medida afecta a todas las ciudades españolas en las que opera la compañía.
La subcontratación mantiene la tensión con los sindicatos
A pesar del aparente avance, la implantación de este nuevo modelo no ha calmado las aguas. Según ha informado El País, uno de los principales puntos de fricción radica en el uso de subcontratas o “flotas” para gestionar parte del trabajo. Aunque Glovo afirma que esta práctica complementa el nuevo sistema de contratación directa, los sindicatos la consideran una forma de eludir la legalidad laboral.
La Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) ya han elevado la situación ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Consideran que estas subcontratas perpetúan el problema de fondo. Para los sindicatos, Glovo simplemente ha cambiado de estrategia para seguir esquivando su responsabilidad directa como empleador, esta vez bajo el paraguas de empresas interpuestas.
¿Por qué muchos repartidores rechazan los nuevos contratos?
Aunque Glovo ha ofrecido contratos laborales a decenas de miles de riders, muchos han decidido no aceptarlos. La razón principal, según denuncian los sindicatos, es que las condiciones no resultan atractivas. Se trata de contratos con pocas horas, remunerados conforme al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y regidos por convenios que los trabajadores consideran desfasados.
Fernando García, responsable de plataformas digitales en UGT, ha señalado que, desde ayer por la tarde, los repartidores autónomos han dejado de recibir pedidos. Esta situación los deja en una posición delicada: sin ingresos y con la única alternativa de aceptar un contrato laboral con condiciones que consideran precarias.
Desde Glovo, en cambio, defienden que se ha ofrecido un contrato a todos los trabajadores que figuraban en las 20.000 actas emitidas por la Inspección de Trabajo entre 2021 y 2024. Así como a otros miles de autónomos que prestaron servicios hasta marzo de este año.
Las presiones legales, clave en el giro de Glovo
El giro de Glovo no llega por iniciativa propia, sino como consecuencia directa de las múltiples sanciones impuestas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social que dirige Yolanda Díaz. Durante años, la empresa fue acusada de operar con falsos autónomos, una figura ilegal que oculta una relación laboral encubierta. Las multas millonarias acumuladas y las actas levantadas por la Inspección han forzado a la compañía a cambiar su modelo.
Además, se enfrenta a un nuevo frente judicial. La compañía rival Just Eat ha interpuesto una demanda por competencia desleal que podría costarle a la empresa hasta 295 millones de euros. La denuncia argumenta que Glovo ha competido durante años en el mercado sin asumir los costes laborales que le corresponderían si hubiera actuado conforme a la legislación vigente.