El PSOE y el ala socialista del Gobierno miran con escepticismo y recelo el último movimiento de Yolanda Díaz, que tampoco ven muy claro algunos dirigentes del espacio Sumar. La decisión de someter la reducción de la jornada laboral a su primera prueba de fuego en el Congreso de los Diputados en tan solo una semana, el 10 de septiembre, les aboca a convencer a Junts per Catalunya para que retire su enmienda de totalidad y permita continuar la tramitación de esta norma.
Si no desactivan esta carga explosiva, previsiblemente PP y Vox la apoyarán, condenando al naufragio la norma estrella de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. En la coalición de Díaz admiten que aún no hay acuerdo, y defienden que se trata de un debate “que ya no admite más aplazamientos”. También tratan de desplazar los focos desde el partido de Carles Puigdemont hasta el PP, que rechaza una norma surgida de un pacto del Ejecutivo con los sindicatos del que se descolgó la patronal. Junts, por su parte, se ve presionado por el empresariado catalán, y en particular por Foment del Treball.
Díaz ha reiterado públicamente que conversa personalmente con Puigdemont, y fue la primera integrante de la coalición en acudir a visitarlo al Parlamento Europeo (2023), cuando aún era parlamentario y cuando todavía no se había aprobado la ley de amnistía. Los suyos no aclaran si el acuerdo requerirá de una nueva visita al prófugo de la Justicia, o si ya hablan directamente con el expresident.
En el PSOE preocupa el riesgo de este órdago. “No tenemos la certeza de lo que va a ocurrir en esa votación”, admiten fuentes de la parte socialista de la coalición. Estas voces, como algunos dirigentes del partido de Pedro Sánchez, se muestran sorprendidos y preocupados porque la norma, aunque sea un estandarte de Díaz, es también un proyecto de ley del conjunto del Gobierno. “Se puede tramitar, se pueden poner en marcha medidas de apoyo al tejido productivo”, apuntan. Lo hacen sin demasiado convencimiento.
El martes, Puigdemont se entrevistó con el president de la Generalitat, Salvador Illa, en un encuentro que sirvió para desplegar la “amnistía política” a la que se suelen referir los independentistas, que sigue a la judicial ya puesta en marcha. Según el ala socialista del Ejecutivo, aunque pudiera servir para tender puentes, no estaba previsto abordar en este encuentro detalles sobre los incipientes Presupuestos Generales del Estado para 2026, que negociará Hacienda.
Tampoco aclaran si abordaron la negociación de la jornada laboral, aunque tanto el PSOE como Sumar admiten que hay conversaciones cruzadas en marcha, a varias bandas. Aina Vidal, portavoz de los Comunes y de Sumar en el Congreso, instó a Illa a allanar el terreno. El objetivo es lograr que Puigdemont no entierre la norma hoy, para dar más tiempo al diálogo y a la negociación, así como a la opción de introducir cambios vía enmiendas al texto legal, fundamentalmente con mejoras y modificaciones para ayudar a las pequeñas y medianas empresas.
Díaz ya dio marcha atrás a la votación
Las jornadas de pleno del martes y el miércoles de la próxima semana serán largos: el PSOE pidió no reunir a la Cámara el jueves, argumentando que coincidía con la diada catalana -podían perder votaciones por la ausencia de sus socios-. De hecho, fuentes parlamentarias aseguran que los socialistas propusieron “postponer las dos votaciones de totalidad” que se celebrarán en esa jornada, para aliviar la carga de trabajo del pleno.
En junio, cuando la referente de Sumar decidió forzar la votación de las tres enmiendas de totalidad -de PP, Vox y Junts-, los socialistas ya hicieron sonar algunas alarmas. Cuando se desdijo, bendijeron que Díaz retrasara su remisión al pleno de la Cámara Baja tras reconocer que no contaban con los apoyos necesarios. Y ahora no entienden qué ha cambiado como para precipitar una jugada en la que aprecian tanto riesgo.
“La vicepresidenta se la juega con la reducción de la jornada”
“No nos gusta el filibusterismo, estamos totalmente convencidos de los beneficios de esta propuesta, cuenta con un apoyo ciudadano inusualmente transversal y mayoritario, y seguiremos teniendo tiempo para negociar en ponencia, pero hay que avanzar”, afirma un dirigente del grupo parlamentario.
“Yolanda se la juega con la reducción de la jornada”, advierte otro. Semanas antes del último pleno, en el que debían votarse las enmiendas de totalidad, formaciones de Sumar afirmaban que Díaz les había trasladado que Junts acabaría retirando su enmienda de totalidad. Fue el socio minoritario de la coalición el que tuvo que recoger carrete para evitar el desastre.
De momento, esta situación no ha convencido a la vicepresidenta de hacer uso del as que guarda en la manga: desgajar el nuevo registro horario para las empresas de este proyecto de ley, aprobándolo vía decreto ministerial. Esto es, sin necesidad de pasar por el Parlamento.
Hoy por hoy tienen identificado este endurecimiento del registro como la parte de la norma que las empresas consideran más espinosa, y por eso amagan con usar esta opción como botón del pánico, si la norma fracasa. Las ayudas a empresas que ofrecieron a la patronal española antes de que se descolgara de forma unilateral siguen hoy sobre la mesa, y durante meses le han dado vueltas a posibles configuraciones. El registro es la parte más sensible de la norma, que reduciría la jornada laboral de las 40 a las 37,5 horas semanales sin rebaja salarial.
El Gobierno compromete llevar los Presupuestos a la situación de no retorno
En otro orden de cosas, fuentes del Ejecutivo aseguran que aprobarán en Consejo de Ministros la senda de déficit, para su remisión a las Cortes, a lo largo de las próximas semanas. Idealmente lo harán este mes, afirman. Y ya van tarde: la Constitución establece la obligación de presentar las cuentas públicas antes del primer día de octubre.
En este escenario, como en el que maneja Díaz con la jornada laboral, el mismo Ejecutivo que retiró la senda de déficit hace un año por el rechazo de Junts a prestarle sus 7 votos, no aclara porqué en un escenario de total incertidumbre está hoy dispuesto a ir mucho más allá. Esto es, a presentar las cuentas en el Congreso y a someterlas a la votación de totalidad.
Perder esta votación, como le ocurre a Díaz con la medida a la que fía la recuperación de su capital político, supondría que los Presupuestos saltasen por los aires. Y hoy el Gobierno sí se compromete a recorrer un camino que, salvo que convenzan a Podemos y a Junts para apoyarlos, se antoja una vía muerta. La orden de Hacienda para que los Ministerios arranquen la maquinaria presupuestaria se publicará en el BOE este miércoles, pese a la incertidumbre.