El futuro de Glovo en España pende de un hilo. La plataforma, propiedad de la alemana Delivery Hero, ha puesto en duda su continuidad en el país debido a las elevadas multas impuestas por la Justicia española.
La razón principal de este conflicto es la reclasificación de sus repartidores, a quienes la compañía ha tratado como autónomos. Pero que la Seguridad Social y la Ley Rider exigen que sean considerados trabajadores por cuenta ajena.
La tensión entre el modelo de negocio de la empresa y la normativa española ha alcanzado un punto crítico. La millonaria deuda acumulada por las sanciones y las cotizaciones impagadas podría obligar a Glovo a cesar sus operaciones si no recibe el apoyo financiero de su matriz, Delivery Hero.
Un problema de cifras millonarias
La Seguridad Social ha reclamado a Glovo el pago de 450 millones de euros en concepto de multas y cotizaciones sociales atrasadas. Esta cifra, que de por sí es un golpe financiero, podría ser incluso mayor.
Según los propios cálculos de la compañía, las contingencias relacionadas con la reclasificación laboral de sus repartidores podrían oscilar entre los 562 y los 923 millones de euros.
Estos costes se derivan del modelo de negocio que Glovo ha mantenido en España desde agosto de 2021, un sistema que ha sido objeto de múltiples inspecciones y sanciones.
A pesar de la presión, la empresa ha dejado claro en un comunicado que no va a reconocer la reclasificación de sus trabajadores y que mantendrá su defensa por la vía legal, agotando todas las instancias judiciales disponibles para seguir operando bajo su actual modelo.
La controversia de la ‘Ley Rider’ y un modelo global
La situación de Glovo en España no es un caso aislado. El debate sobre la naturaleza laboral de los repartidores de plataformas digitales es un tema global. Delivery Hero ha señalado que la situación de estos trabajadores es “controvertida a nivel normativo” porque las características de este trabajo no se ajustan a las definiciones tradicionales de un empleado, una defensa que utiliza la compañía para justificar su postura.
Este problema se ha replicado en otros mercados. Especialmente, en América Latina y Europa, donde las autoridades y los propios repartidores han cuestionado el modelo de autónomo, exigiendo el pago de prestaciones sociales como las cotizaciones a la Seguridad Social.
La Ley Rider española se ha convertido así en un referente de la regulación de este sector. Aunque su aplicación ha generado un choque frontal con la estrategia de Glovo.
El precedente legal y la competencia en el sector
Recientemente, Glovo ha tenido que enfrentar otro frente legal. Just Eat presentó una demanda contra la compañía, acusándola de competencia desleal y reclamando una compensación de 295 millones de euros.
Just Eat argumentaba que el modelo de “falsos autónomos” de Glovo le permitía operar con costes significativamente más bajos, afectando la competencia del mercado.
Sin embargo, un juzgado de Barcelona desestimó la demanda, concluyendo que Glovo actuó dentro de la legalidad al contratar a sus riders como autónomos. El juez señaló que las dos empresas tenían modelos de negocio distintos. Y que, si Glovo hubiera contratado a sus repartidores bajo el mismo esquema que Just Eat, el coste por pedido habría sido similar.
Esta sentencia, aunque favorece a Glovo en este litigio particular, no reduce la presión que la empresa enfrenta por parte de las administraciones públicas y las altas esferas de la justicia.
El desenlace de este conflicto definirá no solo el futuro de Glovo. También sentará un precedente crucial para el resto de plataformas de delivery en España. Y, potencialmente, en Europa.