La dependencia es uno de los problemas sociales más silenciosos y urgentes de España. Un desafío que crece, prácticamente al mismo ritmo que envejece la población. Analía Viola, investigadora de Fedea y doctora en Economía y Empresa, ha dedicado su carrera al estudio de la economía aplicada a la salud, los cuidados de larga duración y la educación. Así, durante su carrera ha indagado, entre otras cosas, sobre cómo se financian y organizan los recursos para quienes necesitan asistencia en las actividades básicas de la vida cotidiana.
Tras concluir la XIII Jornada RIFDE sobre Finanzas Autonómicas en Valencia, Viola atiende a Artículo14 para analizar la situación del gasto en dependencia en España, explicar las diferencias territoriales y abordar los retos de sostenibilidad del sistema frente al envejecimiento de la población.
¿Cómo se distribuye el gasto en dependencia en España y por qué existe tanta diferencia respecto a otros países de Europa donde llega incluso a alcanzar el 3%?
Bueno, la realidad es que depende también de lo que aporta cada comunidad autónoma. A nivel nacional, el gasto incluye varios componentes, y cada país decide qué peso le da a la financiación de la dependencia. Hay países que destinan mucho más presupuesto a atender a la población dependiente. Mientras que otros priorizan otras áreas del bienestar. En España, el gasto estatal en dependencia se ha mantenido bastante constante, entre el 0,9% y el 1% del PIB. Pero es cierto que en otros componentes, como en el gasto general en Sanidad, estamos mucho más alineados a la media europea.
Los últimos datos del Estado en dependencia corresponden a 2023, último año en el que se aprobaron unos Presupuestos del Estado, ¿qué implicaciones tiene que estén prorrogados para 2024 y 2025?
Limita mucho la inversión. Ese año -en referencia a 2023- el gasto estatal fue de unos 3.500 millones de euros, ahora como los presupuestos están prorrogados, se supone que el nivel de gasto se mantiene o se ajusta solo por inflación. Sin embargo, la población dependiente ha aumentado considerablemente desde entonces. Por lo que incluso ajustando la partida por IPC, el gasto real es insuficiente y sigue siendo menor del que realmente se necesitaría.
Esto ya lo vimos en 2018, 2019 y 2020, lo que no queremos es que haya subidas abruptas en el desembolso, ya que en el año posterior -2021- se aumentó en un 68% el presupuesto a dependencia. Es esa incertidumbre las que limita la capacidad de los investigadores de estimar con precisión la sostenibilidad.
En términos de distribución territorial, también hemos visto muchas diferencias en cuanto a la prestación media por beneficiario mayor de 65 años. ¿A qué se debe?
Es cierto, el año pasado en Castilla y León la media de la ayuda se situaba en torno a los 422 euros por persona mayor de 65 años, según las estimaciones que manejamos. En cambio, en Canarias apenas llega a los 200 euros. Estas diferencias reflejan las distintas prioridades, necesidades locales y criterios que no siempre están del todo claros. Aunque reconozco que parte de la variabilidad sí está relacionada con el envejecimiento de la población. Además de con el número de personas en situación de dependencia en cada región. Por tanto, se tiende a dotar mejor económicamente estas partidas en esas áreas.
En el informe hacéis mucho hincapié en la infraestimación de los copagos…
Sí sí, es que es así. Los copagos están claramente infravalorados. Se suele considerar que representan el 20% del coste total -el 80% restante corresponde a la contribución estatal (20%) y autonómica (60%)-, pero las estimaciones recientes indican que podrían llegar a representar hasta el 38%. Esto significa que los usuarios contribuyen mucho más al gasto total de lo que oficialmente se reconoce. Y este hecho no está sistematizado ni contabilizado por completo en las comunidades autónomas, lo que dificulta la investigación y las proyecciones futuras.
Y en términos de coordinación, ¿es importante integrar el sistema de cuidados al sistema sanitario?
Ya nos lo demostró la pandemia de COVID-19. La dependencia muchas veces se percibe como un componente separado del gasto sanitario. Pero los dependientes requieren de asistencia y supervisión médica, como se vio en las residencias de mayores. Un plan estratégico que integre los servicios sociales y sanitarios permite una atención más eficiente, evita duplicidades y mejora la calidad de vida de los usuarios.
Entre el aumento de la esperanza de vida y la jubilación de la generación del ‘Baby Boom’ en los próximos años será necesario una mayor inversión en Dependencia y Cuidados, ¿cómo se puede garantizar la sostenibilidad?
Pues lo más probable es que se necesite de mecanismos de financiación diversificados que no dependan exclusivamente del presupuesto estatal. Por ejemplo, podrían combinarse contribuciones estatales y autonómicas con copagos bien diseñados como ya hacen y, eventualmente, seguros privados. Además, la eficiencia administrativa y la planificación serán esenciales para reducir costes innecesarios y asegurar que los recursos lleguen a quienes más los necesitan.
Igualmente, como te decía antes, la falta de datos detallados sobre beneficiarios y sobre copagos dificulta proyectar necesidades futuras. No siempre se conoce el perfil completo de los usuarios, ni qué parte del gasto es financiada por las familias. Esto limita la capacidad de hacer proyecciones precisas y planificar medidas de ajuste ante el envejecimiento de la población.