“Es una solución parcial que no garantiza a las CCAA su vuelta efectiva a los mercados”

Montaña González, experta en el área de Finanzas Públicas de Analistas Financieros Internacionales (AFI), explica las implicaciones de la quita de deuda por más de 83.000 millones propuesta por María Jesús Montero

Montaña González, experta en el área de Finanzas Públicas de Analistas Financieros Internacionales (AFI)

La vicepresidenta segunda del Gobierno, María Jesús Montero, anunció ayer la propuesta del Gobierno para condonar 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas. Esta iniciativa se enmarca en el acuerdo con ERC para condonar el 22% de la deuda que tiene Cataluña con el Estado, anunciada previamente por Oriol Junqueras. El planteamiento del Ministerio de Hacienda parte del principio de población ajustada, que tiene en cuenta factores como la dispersión de la población o la insularidad. De esta forma, la distribución alcanza los 60.232 millones, lo que supone una condonación media de deuda conjunta de las comunidades autónomas, equivalente al 19%.

Este es el principio básico (fase 1), a partir del cual se introducen criterios adicionales en dos fases. En la segunda fase, se garantiza que ninguna comunidad se sitúe por debajo de la media nacional del 19% de condonación, lo que implica un incremento de 11.514 millones de euros. En la tercera, se incorpora un elemento de ajuste para las comunidades infrafinanciadas entre 2010 y 2022, a través del cual se asignan otros 10.590 millones de euros, junto con una compensación de 917 millones de euros para las comunidades que, dentro de sus competencias normativas en el IRPF, hubieran aplicado un mayor gravamen. Se trata de reconocer el esfuerzo fiscal exigido a sus ciudadanos.

Esfuerzo

El importe de deuda máximo a asumir por el Estado de cada Comunidad Autónoma será el 50% de su deuda a 31 de diciembre de 2023. Para María Jesús Montero, “se trata de un esfuerzo sin precedentes que beneficia a todas las comunidades de régimen común [de estas quedan excluidas el País Vasco y Navarra, porque cuentan con un régimen foral propio], tengan o no deuda con el Estado.”

Montaña González, experta en el área de Finanzas Públicas de Analistas Financieros Internacionales (AFI), explica a Artículo14 las implicaciones de la reestructuración de la deuda propuesta por María Jesús Montero.

– El Gobierno ha presentado esta propuesta de condonación de la deuda, como un esfuerzo sin precedentes que beneficia a todas las comunidades del régimen común. ¿Es esta propuesta la solución definitiva al problema de la deuda de las comunidades autónomas?

El problema central de esta propuesta es que la efectividad de sus impactos depende de si se aborda o no de forma conjunta con una reforma del sistema de financiación autonómica. Se aplica una quita parcial de la deuda, pero esta es una solución transitoria a corto plazo, que no va a tener un impacto estructural sobre la cartera de deuda. Una posible solución podría ser ampliar los plazos de devolución de la deuda con el Fondo de financiación a comunidades autónomas (FFCA) a 50 o 70 años, e incluso acompañado de una reducción del tipo de interés actual al 1%, acercándolos a 0%.

En términos financieros, sería equivalente a una condonación, y de esta forma, se garantizaría que las comunidades autónomas pudieran volver a financiarse en el mercado sin tener que recurrir de forma constante al Estado, ya que se reducirían sustancialmente las necesidades de financiación anuales. Cabe recordar que las comunidades autónomas se financian, bien a través de la deuda con el FLA (Fondo de Liquidez Autonómico), o bien directamente en los mercados financieros. A las comunidades más endeudadas, como Cataluña o Valencia, les resultará complicado volver al mercado para financiarse con el planteamiento actual de condonación. Una reestructuración de la deuda sería más efectiva.

Igualdad

– Desde el Ministerio de Hacienda, se ha presentado esta propuesta como equitativa entre todas las comunidades, basada en criterios “técnicos, trasparentes e iguales para todas”. ¿Considera que tiene el mismo impacto para todos los territorios?

En este caso, se ha utilizado una metodología en la que la población ajustada define criterios de reparto del sobreendeudamiento estimado durante 2010-2013 en la primera fase, pero aplica otros criterios más arbitrarios que da lugar a volúmenes de condonación desiguales entre CCAA en términos de población ajustada. Esta es una alternativa para su cálculo, con sus ventajas e inconvenientes, pero como podría utilizarse cualquier otra, como el volumen por pérdida de ingresos durante la crisis o llevar la ratio de deuda sobre PIB a un nivel determinado.

En concreto, cinco comunidades (Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha y Murcia) van a tener una condonación media por habitante de 2.284 euros, mientras que otras como Madrid o Galicia se situarán en el mínimo, fijado en una media de 1.369 euros. Otras regiones, como Baleares, Aragón, Extremadura o Canarias, se ubican en una horquilla de entre 1.551 euros y 1.499 euros.

IRPF

– ¿Qué opinión le merece que se haya incorporado el criterio de condonación adicional en función del gravamen de IRPF autonómico?

Las comunidades autónomas gestionan el 50% del IRPF. Es positivo que se tenga en cuenta este factor porque refleja el esfuerzo que las autonomías han trasladado a sus ciudadanos durante la crisis financiera.

– Según ha cuantificado el Ministerio de Hacienda, la condonación de la deuda implicará una reducción en el pago de intereses por parte de las autonomías de hasta 7.000 millones de euros. ¿Tendrá algún efecto palpable para la ciudadanía?

Un aspecto para tener en cuenta es el efecto neutral desde el punto de vista agregado de las Administraciones públicas de esta propuesta. La condonación implica que la deuda de las comunidades autónomas va a ser parcialmente asumida por el Estado, por lo que la administración central va a asumir más deuda.

Impacto

El efecto en las comunidades autónomas sí implica una mejora. La reducción de sus ratios de deuda sobre PIB o sobre ingresos corrientes permitirá que algunas de ellas mejoren sus fundamentales crediticios y se mejora el acceso al mercado, pero el ahorro en intereses en términos anuales no es muy elevado. No obstante, es una solución a corto plazo y no garantiza la vuelta efectiva a los mercados.

En cualquier caso, esta es una propuesta y habrá que ver qué opinan las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo 26 de febrero y cuáles son los próximos pasos.