La deuda pública en España ha vuelto a marcar cifras que invitan a la preocupación. Aunque en abril se registró una leve caída respecto al mes anterior, el volumen total del pasivo de las Administraciones se situó en los 1,663 billones de euros, el equivalente al 102,7% del PIB. Un dato que evidencia que, en términos absolutos, la deuda no solo no se reduce, sino que continúa creciendo.
Según el Banco de España, solo en el último año el Estado ha añadido 57.000 millones de euros a su pasivo. Eso representa una tasa de crecimiento interanual del 3,5%.
Una caída relativa, pero un aumento real
El informe del Banco de España subraya que, si bien la ratio de deuda pública respecto al PIB ha descendido 2,5 puntos porcentuales en los últimos doce meses, el volumen total ha seguido incrementándose. El récord histórico se alcanzó en marzo, con 1,667 billones de euros. La caída de abril, que reduce esa cifra en apenas un 0,3%, no impide que el dato siga siendo uno de los más altos de la serie histórica.
La explicación de esta aparente contradicción se encuentra en el crecimiento del PIB nominal, que permite maquillar parcialmente la carga relativa de la deuda pública. Sin embargo, el problema estructural permanece: el Estado sigue gastando más de lo que ingresa y financiando ese desequilibrio con más deuda.
España ha conseguido rebajar su ratio de deuda pública respecto al PIB desde el pico del 124,2% alcanzado en marzo de 2021, en plena pandemia. Pero todavía se encuentra muy por encima del límite del 60% que establece el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea.
El Gobierno se ha comprometido con Bruselas a reducir la ratio al 101,7% a finales de 2025, al 98,4% en 2027 y al 76,8% en 2041. Sin embargo, el ritmo de descenso es tan lento que durante al menos los próximos quince años España seguirá incumpliendo los “niveles prudentes” fijados por la Comisión Europea. Esto limita el margen fiscal del país y aumenta su vulnerabilidad ante futuras crisis.
El Estado, el principal generador de deuda
El grueso de la deuda pública recae sobre el Estado, cuya cifra alcanzó en abril los 1,514 billones de euros, lo que representa el 93,5% del PIB. En el último año, este apartado ha crecido un 4,3%. Lo que equivale a 62.763 millones de euros adicionales. Un crecimiento sostenido que sigue impulsado por los déficits presupuestarios acumulados y la necesidad de financiar políticas expansivas.
En cambio, el resto de unidades de la Administración Central ha conseguido una leve mejora. Su deuda asciende a 36.560 millones, lo que representa un 2,2% del PIB, y supone una reducción interanual del 8,4%. Aun así, el conjunto sigue bajo la sombra de una deuda pública nacional que no deja de crecer.
Uno de los puntos más sensibles del informe es la situación financiera de la Seguridad Social. Su deuda pública ha subido un 8,6% en el último año, alcanzando los 126.174 millones de euros, equivalentes al 7,8% del PIB. Desde la llegada de Pedro Sánchez al poder en 2018, esta cifra se ha disparado más de un 270%, un crecimiento que responde principalmente al aumento de las pensiones y los subsidios, así como al envejecimiento de la población.
En junio de 2018, la deuda del sistema rondaba los 34.000 millones. Hoy esa cifra se ha más que triplicado. Si se toma como referencia el cierre de ese año, cuando la deuda era de 41.194 millones, el crecimiento ha sido del 206%. El Banco de España explica que este aumento se debe en gran parte a los préstamos del Estado para cubrir el déficit estructural del sistema de pensiones. Un mecanismo que, si no se revierte, comprometerá la sostenibilidad futura del modelo.
¿Por qué importa la deuda pública?
La deuda pública es uno de los principales indicadores de la salud económica de un país. A mayor deuda, mayores son los recursos que deben destinarse al pago de intereses y menor es el margen para invertir en servicios públicos, infraestructuras o innovación. Además, una deuda excesiva puede provocar desconfianza en los mercados y encarecer la financiación del Estado.
Aunque España aún disfruta de tipos relativamente favorables, un cambio en la política monetaria del Banco Central Europeo o una nueva crisis internacional podrían elevar el coste de la deuda y hacer más difícil su gestión. De ahí la urgencia de diseñar una estrategia de consolidación fiscal creíble y sostenida.