La tensión entre los sindicatos y el Gobierno ha alcanzado un nuevo punto de ebullición. UGT y Comisiones Obreras han estallado públicamente por la situación que viven los funcionarios en España, denunciando el deterioro progresivo de sus condiciones laborales y la parálisis en la negociación colectiva. Aunque el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó esta semana la subida salarial del 0,5 % pendiente del anterior Acuerdo Marco, la indignación no ha remitido. Muy al contrario: ambos sindicatos han convocado una protesta el próximo martes 8 de julio frente al Ministerio de Hacienda, en Madrid, con el lema Es la hora. #CumpleLoPactado.
La protesta busca visibilizar el hartazgo de los funcionarios y de sus representantes ante el incumplimiento de compromisos firmados por el Ejecutivo. A juicio de los sindicatos, no basta con abonar una subida atrasada, cuando el resto de puntos del acuerdo siguen sin cumplirse. El malestar se extiende entre los más de tres millones de trabajadores públicos que reclaman mejoras laborales tangibles.
La subida pendiente no resuelve el conflicto de los funcionarios
Los funcionarios recibieron esta semana la noticia del abono del 0,5 % salarial con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024. Esta medida supondrá, de media, unos 168 euros adicionales. Sin embargo, los sindicatos insisten en que esta subida no es más que un paso menor, ya comprometido desde 2022. Y que no resuelve las grandes cuestiones estructurales pendientes. Los funcionarios, sostienen, necesitan mucho más que un gesto aislado.
Entre las demandas sin resolver, destacan las siguientes:
- La implementación de la jornada laboral de 35 horas
- La jubilación parcial para el personal laboral
- La subida salarial correspondiente al ejercicio actual
Desde UGT y CC OO denuncian que el Ministerio de Función Pública ni siquiera ha presentado una cifra concreta para iniciar la negociación salarial de este año. “Es al Gobierno al que le corresponde presentar una cifra”, señaló en El País Isabel Araque, secretaria general de UGT Servicios Públicos.
Más allá del salario: otras reivindicaciones de los funcionarios
Además del tema salarial, los funcionarios y sus representantes reclaman un conjunto más amplio de reformas. Entre las prioridades se encuentran las siguientes:
- La clasificación profesional según el Marco Español de Cualificaciones Profesionales
- La implantación efectiva de los planes de igualdad y los protocolos de acoso
- La mejora de la atención presencial en zonas despobladas
- La digitalización adaptada al medio rural
- La creación de empleo neto
Estas propuestas, según los sindicatos, permitirían una mejora sustancial del funcionamiento de la Administración. Y harían del empleo público un ámbito más atractivo, moderno y justo. También insisten en la necesidad de impulsar la promoción interna, la formación continua y un modelo de carrera profesional que no castigue la antigüedad ni bloquee el talento joven.
CSIF presenta demanda judicial por el teletrabajo
A este escenario de movilización se suma la acción judicial de CSIF, sindicato que no ha secundado esta protesta pero que también ha intensificado su presión contra el Gobierno. Ayer, la organización anunció que ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el Ministerio de Hacienda y Función Pública por el retraso en la implantación del teletrabajo en la Administración General del Estado.
Desde CSIF recuerdan que, tras la pandemia de la covid, el Estatuto Básico del Empleado Público fue reformado para incluir el teletrabajo de forma estructural. El decreto de 2020 daba seis meses de plazo para adaptar la normativa, pero cinco años después, aseguran, no se ha cumplido lo dispuesto. Esta denuncia es el último capítulo de una larga cadena de reclamaciones judiciales iniciadas por el sindicato.
