Desde hace varios veranos la tónica suele ser la misma: cruces de titulares indicando que el pagar por llevar maletas de cabina en tu vuelo está a punto de acabar, o informaciones indicando que la Unión Europea se ha plegado a los intereses de las aerolíneas. La realidad es más prosaica, a pesar de que operadoras low-cost o ministros como el titular de la cartera de Consumo, Pablo Bustinduy, reduzcan a un relato lo que en realidad es un complejísimo debate que sigue vivo en Bruselas desde hace ya más de una década. Y lo que queda.
El punto de partida es el siguiente: en España algunas aerolíneas de bajo coste no permiten a los pasajeros viajar gratuitamente con una maleta de cabina. Solo permiten al usuario volar con un bolso de mano que se pueda colocar debajo del asiento. Esto provoca que muchos ciudadanos se vean obligados a pagar tarifas más caras, e incluso suplementos o multas que oscilan desde los 6 y los 10 euros a los 140 euros. Esto no ha sido siempre así. Antes era gratis llevar una maleta de cabina. La primera en cambiar su política fue Ryanair, en noviembre de 2018. La pandemia hizo que en 2020 otras muchas operadoras endurecieran sus políticas en cabina.
Ante ello, asociaciones de consumidores como Facua han denunciado recurrentemente estas prácticas, lo que llevó a que el año pasado el Ministerio de Consumo que dirige Bustinduy sancionara con 179 millones de euros a compañías como Vueling, Ryanair, Volotea o Easyjet por cobrar por llevar una maleta de cabina o por elegir asiento para viajar junto a tus familiares. Esto provocó una escalada entre el Ejecutivo español y empresas como Ryanair, que llegó a tildar de “payaso” al ministro en una campaña comercial.
La guerra en Europa
Solo en el mes de junio, han trascendido dos noticias: que el Consejo de la Unión Europea votó sorpresivamente un expediente legislativo que abre la puerta a que las aerolíneas puedan seguir cobrando las maletas de cabina, y que una comisión del Parlamento Europeo votó otro expediente legislativo con el cariz completamente opuesto. El ministro Bustinduy reaccionó precisamente a esa última novedad: “El Parlamento Europeo lo ha ratificado: cobrar por la maleta de mano es ilegal. Las aerolíneas han presionado con todo, pero como les sucedió con el Ministerio de Consumo, hoy han vuelto a perder. No nos van a torcer el brazo. Ninguna empresa, por grande o poderosa, está por encima de la ley”.
Lo cierto es que las aerolíneas no han perdido. Tampoco han ganado. El debate sobre las tarifas que cobran las operadoras por las maletas sigue trufándose de triunfos prematuros, pero la batalla se sigue librando en las instituciones europeas, a través de dos expedientes legislativos, de hecho, que pueden llegar a colegir en un momento dado.
Como es habitual, los medios suelen decir “golpe a las aerolíneas” o “golpe a los pasajeros” en función de meros trámites legislativos de las instituciones europeas. La miga es que este debate es mucho más complejo, ya que se están negociando de forma paralela dos regulaciones que pueden llegar a colisionar, y ni la votación del Consejo de principios de junio determina nada, ni la votación de la Eurocámara del pasado martes zanja el debate, como pretendía el Ministerio de Consumo.
Dos debates distintos
Existe ya jurisprudencia, pero Europa todavía no ha regulado. Lo que se está debatiendo ahora mismo en las instituciones comunitarias son dos proyectos legislativos. Uno es de 2013, mientras que el otro es de 2023. El proyecto de 2013 ha estado dormido durante más de una década, pero la Presidencia Polaca del Consejo de la Unión Europea busca impulsarlo, y por eso sacó adelante una votación a principios de junio sobre ello con el voto en contra de España. Se trata del proyecto de reglamento sobre derechos de los pasajeros aéreos, que no se debe confundir con lo que se votó en el Parlamento Europeo la semana pasada. Fuentes comunitarias inciden en que “aunque son dos proyectos estrechamente relacionados, no son lo mismo”.
Con la votación auspiciada por la Presidencia Polaca del Consejo en torno al reglamento de derechos de pasajeros aéreos se abriría la puerta a que las aerolíneas pudieran cobrar por viajar con maleta de cabina. Sin embargo, se trata de una votación del Consejo que ahora deberá ser enmendada por el Parlamento Europeo, siguiendo el habitual proceso legislativo comunitario en el que intervienen dos colegisladores (el Consejo y la propia Eurocámara).
Por otro lado, lo que la Comisión de Transportes del Parlamento Europeo votó la semana pasada (y se llevará al pleno de julio) es el reglamento de 2023, otro proyecto legislativo que busca reformar una serie de normas europeas para mejorar el control y la gestión de reclamaciones de compañías de transportes. No afecta únicamente a las aerolíneas: también a las operadoras de viajes terrestres (tren, bus) y navales (barco).
Hasta 2026
El martes pasado la Comisión de Transportes de la Eurocámara votó con 38 a favor, dos en contra y dos abstenciones, una serie de cambios en el proyecto legal de 2023 que impediría a las aerolíneas cobrar suplementos por viajar con una maleta de cabina. Estos cambios se introducirán en la propuesta de reglamento que trabaje el Parlamento (que tendrá que votar en pleno) y que deberá después consensuar con el Consejo de la Unión Europea. Lo que parece fuera de toda duda es que las instituciones comunitarias no van a tener dos regulaciones antagonistas, una diciendo una cosa y la otra, la contraria.
Fuentes comunitarias lo explican así: el Consejo ya fijó su postura sobre el proyecto de 2023 que ahora el Parlamento Europeo está mejorando, y lo hizo a finales del año pasado, con el objetivo de “asegurar una gestión más eficaz de las reclamaciones de los pasajeros”, no solo de aerolíneas, “y regular el derecho al reembolso” de un billete de avión aun cuando este haya sido adquirido por un intermediario, y no directamente a la misma aerolínea.
Lo que también queda claro es que ambas normas están todavía en plena travesía de su tramitación legislativa y es improbable que ambas vean la luz antes de mediados o finales de 2026.
Nuevo giro
Mientras el complejo debate comunitario continúa, una reciente decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) le ha vuelto a dar otro giro de tuerca al conflicto. El órgano ha admitido a trámite los recursos de Ryanair y Norwegian contra las sanciones que el Ministerio de Consumo elevó contra ellas el año pasado. Por el momento lo que se ha admitido es la aplicación de medidas cautelares contra esas sanciones, que la patronal de las aerolíneas en España, ALA, ha celebrado.
ALA, por su parte, espera que la decisión del TSJM pueda extenderse a las multas que han recibido el resto de aerolíneas que también cobran a sus pasajeros por viajar con maleta de cabina. De hecho, la asociación reivindica que el Consejo de la Unión Europea pactó la reforma del Reglamento de Derechos de los Pasajeros (el de 2013 antes mencionado), obviando, eso sí, que la Eurocámara ha abierto la puerta a lo contrario.
También ha reaccionado a la decisión del TSJM el propio ministro Bustinduy, incidiendo en que el cobro de la maleta de cabina es “ilegal” y reduciendo la aplicación de medidas cautelares a algo “normal y previsible en un Estado de derecho”. Sin embargo, a la luz de los hechos, sin regulación comunitaria explícita, no se trata de un debate entre legalidad o ilegalidad. Se trata, en cualquier caso, de una discusión que no se resolverá hasta dentro de bastantes meses.