Las motivaciones de los países que ofrecen a su población prestaciones universales para la crianza de hijos son varias. Este tipo de ayudas económicas, que suponen una media de gasto del 2,3% del Producto Interior Bruto (PIB) en los países de la OCDE, buscan un impacto positivo en el bienestar de las familias, que los hijos cuenten con más oportunidades para salir adelante y sirven de incentivo para aumentar la fertilidad en unos tiempos donde cada vez se tienen menos bebés. Sin embargo, hay una pregunta que se han formulado en algunas naciones cuya respuesta pone sobre la mesa otro argumento a este debate: ¿cómo afectan estas medidas al empleo? Pongamos sobre la mesa dos casos, el de Japón y el de Canadá.
El país nipón está plenamente concentrado en paliar la baja natalidad y quiere ver resultados en los próximos tres años. Una las iniciativas que están llevando a cabo es la de extender este tipo de subsidios, denominados jido teate. El año pasado, el Gabinete del primer ministro, Fumio Kishida, aprobó una extensión de estas ayudas que será efectiva a partir de este octubre. Las tildó como unas medidas “sin precedentes” y la “última oportunidad que tenemos para intentar invertir la tendencia a la baja de la tasa de natalidad”.
Japón suprimirá el tope de estos beneficios a padres con hijos y los pagos se extenderán hasta que estos vayan a bachillerato, en lugar de a primaria como anteriormente. En cifras, las familias recibirán 86 euros al mes por pequeño para los dos primeros hijos hasta que cumplan los dos años de edad. Desde entonces hasta el instituto, el subsidio será de 57 euros mensuales. A partir del tercer hijo y los siguientes, la prestación será de 172 euros hasta la adolescencia.
Efectos no deseados
El impacto de estas ayudas es muy beneficioso para las familias que necesitan un desahogo económico ante el costoso reto de tener hijos, sin embargo, un estudio indicó que estas medidas reducen la fuerza laboral, principalmente, entre las mujeres. “La reducción de la prestación por crianza en los hogares con mayores ingresos promovió márgenes intensivos y extensivos de oferta de trabajo materno, especialmente para los trabajadores a tiempo parcial y los autónomos”, reza este informe de 2022.
Es decir, cuando el Partido Democrático ganó las elecciones en 2009 e introdujo el primer subsidio universal a familias con hijos, las mujeres dejaron de trabajar más que cuando lo abolieron dos años después debido a la crisis financiera. Retomada la prestación en 2012 y extendida en varias ocasiones, esta tendencia ha continuado. “Estos resultados implican que la reducción de las ayudas por crianza tuvieron la ventaja de fomentar el empleo materno y aumentar el número de guarderías”, destacó el estudio.
Este hallazgo pone sobre la mesa la disyuntiva entre los efectos no deseados de estas medidas -que en Japón parecen no fomentar el empleo entre las mujeres y por ello podrían estar contribuyendo a una mayor brecha económica entre géneros- y los efectos beneficiosos como los que recoge otro estudio nipón de 2020. En este informe, se observa que el impacto de estas ayudas contribuyen a que disminuyan las dificultades, a que haya menos riesgo de sobrepeso -acceso a alimentos más saludables-. “La asignación por hijo resultó ser potencialmente beneficiosa para disminuir los problemas de conducta y reducir el sobrepeso infantil. Se necesitan más estudios longitudinales para dilucidar cómo los miembros de la familia utilizan la asignación por hijo y cómo se asocia con el bienestar de los niños”, concluyó el estudio.
Además de los subsidios para incentivar a la población a tener hijos, Japón también considera importante ofrecer ayudas para un acceso más fácil y menos costoso a las guarderías y así fomentar el empleo en los cuidadores primarios.
El caso de Canadá
En Canadá también se ha analizado el impacto de las prestaciones universales por crianza. Un estudio concluyó que estas ayudas tienen “efectos negativos significativos sobre la oferta de trabajo de las personas casadas”. Indica que “la probabilidad de que las madres con menor nivel educativo participen en la población activa se reduce 3,2 puntos porcentuales cuando reciben la prestación”. Entre las cifras que destaca este informe de 2015, hay una que llama la atención: la media de tiempo trabajado por semana entre las madres con menor nivel educativo se reduce en en casi dos horas, mientras que las madres con estudios superiores lo hacen en una hora semanal.
Canadá implantó en 2016 la prestación por crianza con pagos mensuales libres de impuestos, Canada Child Benefit (CCB). Según datos gubernamentales, estas ayudas contribuyeron a recudir la pobreza en un 11% en las familias monoparentales y en un 17% en las pareja. A pesar de los efectos no deseados recogidos en el estudio de 2015, hay otro más reciente que no ha encontrado pruebas concluyentes a que estos subsidios afecten la oferta de trabajo en las mujeres. El país norteamericano contaba con prestaciones universales en 2015 con distintas ayudas de 0 a 5 años de edad y de 6 a 17 años. A partir de 2016, estos beneficios se limitaron a familias con menos recursos económicos. Se aumentaron los niveles, aunque ya no eran universales.
Canadá ha sido durante varios años, uno de los ejemplos mundiales de política eficaz contra la pobreza infantil -aunque este hecho está en cuestión con informes que apuntan a que entre 2020 y 2021 ésta incremento más de 2,5 puntos, probablemente relacionado con la pandemia-. Los críticos que sostienen que las ventajas de CCB desincentivan el aumento de la participación laboral esgrimen varios argumentos.
“El CCB se reduce progresivamente a medida que incrementan los ingresos familiares, lo que supone una doble penalización para las familias que aumentan su productividad laboral y sus ingresos”, sostienen sostienen Peter Jon Mitchell y Rachel DeBruyn. “El aumento de los ingresos incrementa la carga fiscal, mientras que el CCB se recupera al mismo tiempo”. Ambos autores citan a Alex Laurin, del Instituto C.D. Howe: “Sostiene que la devolución actúa como un impuesto oculto, reduciendo las ganancias del trabajo”.
¿Menos matrimonios y parejas de hecho?
Otra de las teorías es que la prestación por crianza en Canadá desincentiva el matrimonio o la asociación debido a que se basa en los ingresos familiares. “Aunque existen algunas ventajas fiscales para las parejas casadas canadienses, el aumento de los ingresos familiares resultante del matrimonio o la pareja reduce los pagos del CCB, lo que podría desincentivar el matrimonio”.
De esta manera, las perspectivas más conservadoras con esta iniciativa sostienen que existe una mayor carga fiscal a medida que aumentan los ingresos y, al mismo tiempo, una reducción de las prestaciones; que los matrimonios y las parejas de hecho podrían disminuir. “Décadas de investigación demuestran la correlación entre el matrimonio y los resultados positivos para los niños. Los responsables políticos deben tener cuidado de que los programas no desincentiven instituciones sociales, como el matrimonio, que fortalecen a las familias y las comunidades”, apuntan Mitchell y DeBruyn. Piden que se sopesen tanto los efectos positivos como los negativos.
Estas políticas cuentan con muchas aristas y la complejidad va más allá de los efectos positivos inmediatos para las familias. Aún quedan muchos interrogantes y, aunque estas prestaciones aumenten la liquidez familiar, está por ver cómo influyen en el futuro los efectos no deseados.