“Estamos a mediados de mayo y los empleados públicos, a diferencia del resto de trabajadores, seguimos con nuestros salarios congelados y aún se nos adeuda la subida pendiente del año 2024. Esto es una injusticia”. Con estas palabras, el secretario de Acción Sindical de CSIF, Francisco Lama, formalizó este lunes una queja ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para denunciar lo que la organización considera un “maltrato continuado” a los empleados públicos.
Según informó el sindicato, los empleados públicos, en su mayoría mujeres, siguen esperando el abono del 0,5% salarial correspondiente a 2024, una revalorización vinculada al IPC y pactada en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI (2022-2024), firmado entre el Gobierno y los sindicatos CCOO y UGT. Dicho aumento no se ha ejecutado, según el Gobierno, a la espera de conocer si habrá o no Presupuestos Generales del Estado para 2025.
Para CSIF, esta justificación no es válida: “El Ejecutivo ha aprobado otras subidas por Real Decreto, como en 2020, 2024 o con el personal militar en marzo. Podría hacer lo mismo con los empleados públicos”. Según sus estimaciones, el coste medio estimado por trabajador es de 168 euros, que deberían haberse abonado con efecto retroactivo desde enero de 2024. Según CSIF, como consecuencia de la evolución de los precios, los empleados públicos han sufrido una pérdida de poder adquisitivo del 8,2% desde la firma del último acuerdo salarial y de casi un 20% desde la bajada de sueldo decretada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010.
Subida ligada al IPC
Además de reclamar el abono inmediato del 0,5%, CSIF exige que las futuras subidas salariales se vinculen al IPC automáticamente, como ya ocurre con las pensiones. En su estimación, si se aplicara un 2,8% adicional desde enero de este año —lo que consideran una revalorización justa por inflación—, el Estado debería asumir una deuda total de 1.224 millones de euros con el personal de las administraciones públicas.
En la lista de reivindicaciones de CSIF se incluyen la falta de una oferta de empleo público y el mantenimiento de la tasa de reposición, que en la práctica impiden cubrir las necesidades reales de personal; junto con una jornada laboral de 35 horas. Según recuerdan, el 60% del personal tiene más de 50 años, y alrededor del 30% se jubilará en la próxima década, lo que podría dejar en situación crítica servicios como el SEPE o la Seguridad Social si no se refuerzan las plantillas.
Nuevas protestas
“Por eso, exigimos al presidente del Gobierno que dé las instrucciones para que, de manera inmediata, se proceda al abono de la subida salarial pendiente desde el año 2024 y se siente a negociar un nuevo acuerdo que permita recuperar poder adquisitivo al conjunto de empleados públicos”, defendió Lama. En este sentido, advirtió de que CSIF seguirá adelante con las movilizaciones, sin descartar “ningún tipo de medida de presión”.
A principios de este mes, el presidente de CSIF, Miguel Borra, propuso a CCOO y UGT hacer un frente común para organizar una gran protesta en toda España con el objetivo de que el Gobierno se siente a negociar la subida salarial de este año para los funcionarios y abone el 0,5% pendiente correspondiente a 2024.