La relación entre el evaluador y el evaluado no siempre es fácil y no solo en el ámbito académico. El Gobierno superó con éxito el primer examen de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre el cumplimiento de la regla del gasto en pensiones, esta advirtió de que dicho el cumplimiento no garantiza la sostenibilidad del sistema. Y así, la metodología para evaluar la capacidad del Estado para afrontar el pago futuro de las pensiones estuvo ayer, 9 de junio, en el punto de mira del evaluado: Elma Saiz, ministra de Seguridad Social, en su comparecencia ante la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados.
El mensaje fue claro: el Gobierno tiene “diferencias técnicas” con la institución que preside Cristina Herrero en los cálculos de los ingresos del sistema y confía en cuantificación al alza en futuras revisiones. A su vez, estas discrepancias son, en palabras de la ministra, un reflejo de la independencia de la AIReF respecto del Ejecutivo, que respeta “el rol que tiene asignado” en sus análisis.
“La AIReF es una institución independiente y, en consecuencia, le corresponde diseñar su propia metodología para valorar los impactos”, señaló la ministra, en alusión a los criterios empleados para decidir si activaba la cláusula de cierre introducida en la reforma de 2023. Ese mecanismo sólo entra en acción en caso de superarse el umbral del 13,3 % del PIB de gasto neto en pensiones. En su informe, la AIReF estimó un gasto del 13,2 %, lo que evitó ajustes.
En detalle
A juicio del Gobierno, la AIReF ha sido “especialmente conservadora” al calcular el impacto en los ingresos del sistema de pensiones de dos reformas clave: el nuevo sistema de cotización para trabajadores autónomos y la reforma laboral. “Así lo reconoce también la institución en su informe”, puntualizó Saiz en su comparecencia. En el primer caso, la autoridad fiscal no disponía aún de los datos cerrados de la primera regularización, mientras que en el segundo -según la ministra- los modelos no reflejan adecuadamente la mejora en la calidad del empleo, la reducción de la temporalidad ni el peso creciente de sectores de alto valor añadido. “Cabe destacar que esta estimación adopta una aproximación prudente”, aclaró.
Saiz también reconoció que hay diferencias respecto a las transferencias del Estado al sistema de pensiones y que corresponde a la AIReF identificar qué medidas refuerzan la sostenibilidad a través de la medición de impacto. En su informe, la AIReF incluyó solo tres décimas del PIB (0,3 puntos porcentuales) como ingresos computables —vinculadas a pensiones no contributivas y bonificaciones a la contratación—. Sin embargo, Bruselas ha exigido al Gobierno que excluya esa partida, lo que podría dificultar el cumplimiento con los límites establecidos para determinar si el gasto está en niveles sostenibles. Saiz evitó entrar en el fondo del conflicto, aunque defendió la legitimidad técnica de la decisión adoptada por la autoridad fiscal: “Están plenamente convencidos de que tiene toda la lógica incluir esas tres décimas”.
Evaluación en 2026
El Gobierno es el primer interesado en la sostenibilidad del sistema de pensiones
Hemos estipulado que la AIReF realice un informe antes de junio de 2026 para tener una actualización de la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones, en lugar de esperar a 2028.@Congreso_Es pic.twitter.com/Gc0RobaHr6
— Elma Saiz (@SaizElma) June 9, 2025
“El Gobierno es el primer interesado en la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones”, recalcó Saiz. En un contexto en el que coyuntura geopolítica y económica internacional hacen necesario vigilar de cerca la evolución del crecimiento y el empleo, el Ejecutivo ha pedido a la AIReF que realice un nuevo informe adicional el 1 de julio de 2026, “en lugar de esperar hasta el 2028 para disponer de un nuevo informe trienal”. Así se recoge en un nuevo proyecto de real decreto que acaba de salir a consulta pública, que permitirá tener una imagen “actualizada” de la sostenibilidad del sistema el próximo año.
Mujeres autónomas
La ministra también aprovechó su intervención para poner en valor los primeros datos sobre la implantación del nuevo sistema de cotización por ingresos reales de los trabajadores autónomos, que entró en vigor en 2023. En la actualidad, 1,3 millones de mujeres son autónomas, lo que -según destacó la ministra- “demuestra que la participación femenina ha alcanzado cifras históricamente altas”.
Saiz informó de que más de un millón de personas han modificado su base de cotización, un 78 % de ellas a la baja y un 22 % al alza. Además, un 15 % de los autónomos que han cambiado su base lo han hecho por una cantidad superior a 100 euros, mientras que el 52 % de quienes han optado por rebajarla lo han hecho por menos de 100 euros. Las mujeres representan el 35% de quienes han incrementado su base de cotización, un dato que —según Saiz— pone de manifiesto que las trabajadoras autónomas están utilizando el nuevo modelo para cotizar más y mejorar sus futuras pensiones.
“Los datos revelan que los autónomos están entendiendo bien el sistema y lo están utilizando con libertad y racionalidad. Estamos en un proceso de transformación estructural que va por el buen camino”, defendió la ministra. En este sentido, avanzó que en las próximas semanas se iniciará una nueva ronda de negociación con las asociaciones de autónomos para revisar los tramos y evaluar posibles ajustes de cara al ejercicio de 2026. El objetivo es adaptar el sistema a la evolución de los ingresos reales y afinar su progresividad.
Jubilaciones anticipadas
Por último, en relación con las jubilaciones anticipadas por razón de actividad, que permitirá a colectivos con profesiones de especial penosidad o peligrosidad adelantar su edad de retiro, advirtió que “no puede ser una puerta de entrada automática ni discrecional, sino un proceso regulado y medido”, explicó Saiz. La norma fijará criterios homogéneos y objetivos —como el nivel de siniestralidad o la exposición a agentes tóxicos— y exigirá un informe previo de los Ministerios de Trabajo y Sanidad antes de que un colectivo pueda acogerse a esta modalidad.
“Lógicamente, la aplicación de coeficientes reductores llevará ligado un incremento en la cotización a la Seguridad Social para ese colectivo que se fijará en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada año. Este incremento consistirá en aplicar un tipo de cotización adicional sobre la base de cotización por contingencias comunes, tanto a cargo de la empresa como de la persona trabajadora”, aclaró Saiz.