Vivienda dota a la nueva empresa pública con 40.000 inmuebles para alquiler asequible

Isabel Rodríguez anuncia el traspaso de viviendas y 2.400 suelos de la Sareb por valor de 5.900 millones a la nueva entidad, que está aún en proceso para su constitución formal a partir del Sepes

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros.
Artículo14.

La futura empresa pública de la vivienda sigue tomando forma. El Gobierno aprobó hoy, 1 de julio, la incorporación de más de 40.000 viviendas y 2.400 suelos propiedad de la Sareb a la nueva entidad, actualmente en desarrollo a partir de Sepes. La medida, aprobada en el Consejo de Ministros, tiene como objetivo aumentar el parque público de alquiler asequible y forma parte del paquete de medidas anunciado por el presidente Pedro Sánchez en enero.

El valor estimado de la operación asciende a 5.900 millones de euros. Según avanzó la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, el primer paquete de incorporación incluirá 13.000 viviendas de forma inmediata. El resto se integrará de manera progresiva conforme se vayan completando las adaptaciones necesarias. Las viviendas estarán destinadas al alquiler por debajo del precio del suelo en el mercado y no podrán superar el 30% de los ingresos del hogar.

“Se trata de poner a disposición de la ciudadanía estas viviendas en forma de alquiler asequible, es decir, por debajo de suelo de mercado y en ningún caso superando el 30% de los ingresos de las familias”, afirmó Rodríguez, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Evaluación técnica y criterios

Para determinar qué activos se incorporan a la futura empresa, Vivienda ha evaluado la cartera de Sareb atendiendo a criterios técnicos, jurídicos, económicos y geográficos. En el caso de las viviendas, se priorizan los municipios de más de 5.000 habitantes o de más de 1.000 con crecimiento demográfico superior al 5% en la última década. También se han tenido en cuenta las zonas tensionadas y los municipios afectados por la DANA.

Según detalla Vivienda, se incluirán inmuebles de hasta 85 metros cuadrados útiles, independientemente de su valor, y viviendas de hasta 150 metros si su tasación no supera un 40% del precio medio de mercado. Todas deberán estar en condiciones de habitabilidad y no presentar patologías estructurales.

En paralelo, se han identificado 2.400 suelos con capacidad para albergar unas 55.000 viviendas. Los terrenos deben contar con uso residencial, posibilidad de acoger promociones de al menos 30 viviendas, estar inscritos en el Registro de la Propiedad y pertenecer a Sareb en más del 80%.

Dotación presupuestaria adicional

El Consejo de Ministros también ha autorizado el uso de 593 millones de euros para adecuar las viviendas, desarrollar los suelos o realizar nuevas adquisiciones. Esta partida ya estaba consignada en el presupuesto del Ministerio de Vivienda y se suma a los 5.900 millones estimados para la nueva empresa de vivienda.

Rodríguez subrayó que esta decisión “repara las secuelas derivadas de la anterior crisis financiera”, cuando los activos de Sareb, procedentes en muchos casos de desahucios, se destinaron a cubrir el rescate bancario. “Lo que un día sirvió para rescatar a los bancos, hoy debe servir para rescatar a las familias”, afirmó.

Sareb: de banco malo a utilidad pública

La nueva empresa pública será la encargada de blindar estos inmuebles para su uso exclusivo como parque asequible de forma permanente. “Queremos que todos los recursos del Estado que puedan convertirse en una casa, en un hogar, tengan esa finalidad y no otra”, afirmó la ministra.

Según destacó Rodríguez, la Sareb se creó en 2012 como parte del rescate financiero a la banca, pero, desde 2022, cuando el Gobierno asumió el control accionarial se ha reorientado su gestión hacia fines sociales. En este tiempo, se han regularizado más de 7.700 contratos de alquiler social, según datos del Ministerio de Vivienda. Rodríguez defendió la actuación del Ejecutivo como “un paso muy definitorio en un cambio de políticas de vivienda”, y reclamó la implicación de comunidades autónomas y ayuntamientos. “No vamos a parar hasta dar respuesta a este problema”, concluyó.

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