La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, reclama al ministro de Transporte, Óscar Puente, 250 millones por la deuda con el Consorcio de Transportes, además de solicitar más fondos para el transporte público.
El gobierno regional ha remitido una carta con “la unanimidad” del consejo de administración del Consorcio, que insta al titular de Transportes a “abonar cuanto antes lo que adeuda”. Añaden que se urge al gobierno central a acelerar las inversiones contempladas en el Plan de Cercanías (2018-2025) y a incrementar su aportación al sistema.
“Está poniendo en riesgo muy serio al propio Consorcio y a los operadores que forman parte de la red de transporte público en nuestra región”, ha advertido el portavoz del Ejecutivo madrileño Miguel Ángel García Martín. Además insistía en la necesidad de que el Gobierno central refuerce la inversión en la red de Cercanías y en la movilidad de la región.
“Madrid asume la mayor parte del coste del transporte de sus ciudadanos, y el Estado no puede mantenerse al margen”, sostienen desde el Ejecutivo autonómico.
Aportación al sistema
En la misiva, urgen al Gobierno central a acelerar las inversiones y a aumentar su aportación al sistema. Recuerdan que la financiación ordinaria del transporte en Madrid “lleva congelada desde que Pedro Sánchez es presidente en 126,89 millones de euros”.
“La Administración General del Estado es la que menos aporta, solo un 6,33 por ciento”, ha reprochado el consejero, detallando que la Comunidad de Madrid asume el 79 por ciento y el Ayuntamiento de la capital el 12,68 por ciento. Asimismo recrimina que mientras zonas como Barcelona reciben subvenciones de un 51% y Canarias un 90%, la de Madrid “no ha aumentado ni un solo euro”.
“Por todo ello, solicitamos al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que, sin perjuicio de las ayudas que de forma coyuntural ambas administraciones hemos financiado para reducir el precio del transporte público, revise al alza la financiación ordinaria asignada al CRTM, de forma que se introduzcan criterios objetivos y proporcionales al volumen real de servicio y demanda del sistema madrileño de transporte público”, recoge la carta.