El Gobierno de Castilla-La Mancha destinó más de 12 millones de euros a la formación y cualificación de cerca de 3.500 personas desempleadas en la provincia de Toledo durante este año, con el objetivo de mejorar su empleabilidad y facilitar su inserción en el mercado laboral. Esta inversión se enmarcó dentro de las políticas activas de empleo que desarrolla la Junta para apoyar a los colectivos con mayores dificultades de acceso al trabajo.
La directora general de Formación Profesional en el Ámbito Laboral, Marta Roldán, junto con la directora general de Empleo, Elena García, y la alcaldesa de Villanueva de Alcardete, María Dolores Verdúguez, visitaron proyectos como el programa Talleres+, que en la provincia benefició a 192 alumnos con una inversión de 3,4 millones de euros. Roldán subrayó que, pese a que Castilla-La Mancha registró el mayor nivel de ocupación de su historia y la tasa de paro más baja en 17 años, todavía había 117.000 personas que necesitaban apoyo público para acceder a una oportunidad laboral.
La estrategia incluyó también la Modalidad II de Formación Profesional en el Ámbito Laboral, con más de 2.800 beneficiarios y una inversión superior a 7,9 millones de euros, y el Programa de Apoyo Activo al Empleo, que contempló 34 acciones formativas en la provincia con un presupuesto de 683.000 euros. Este último promovió la contratación directa de ocho personas desempleadas en Villanueva de Alcardete y 47 en Quintanar de la Orden, pertenecientes a colectivos prioritarios.
El Programa de Apoyo Activo al Empleo incorporó el Cheque Empleo, un incentivo para que empresas y entidades sin ánimo de lucro ofrecieran contratos estables a los participantes. Elena García destacó que este tipo de medidas son esenciales para fomentar un empleo de calidad y estable en la región.
En total, iniciativas como estas han movilizado más de 40 millones de euros para la formación y cualificación de más de 12.600 personas en toda Castilla-La Mancha, consolidando una estrategia integral orientada a reforzar la economía local y dotar a los ciudadanos de las habilidades necesarias para los empleos actuales y futuros.
El Ejecutivo autonómico defendió que la combinación de formación teórica, práctica y experiencia laboral directa aumenta notablemente las posibilidades de inserción laboral, convirtiendo a estos programas en herramientas útiles para luchar contra el desempleo, especialmente entre los sectores más vulnerables.