La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber transpuesto de forma completa la Directiva sobre condiciones laborales transparentes y previsibles. A pesar de que el procedimiento de infracción fue iniciado en septiembre de 2022 y España notificó medidas parciales en febrero de 2025, Bruselas considera que la respuesta ha sido insuficiente.
Ahora será el TJUE quien decida si el país debe afrontar sanciones económicas mientras no cumpla plenamente con las obligaciones comunitarias.
El TJUE, última instancia ante el incumplimiento
La actuación de la Comisión se enmarca dentro del mecanismo ordinario de infracción que la Unión Europea aplica cuando un Estado miembro no adapta correctamente su normativa nacional a las directivas europeas. En este caso, al considerar que España no ha garantizado derechos básicos de los trabajadores —como el acceso a información clara sobre horarios y remuneración—, el ejecutivo comunitario ha optado por remitir el asunto al TJUE, con sede en Luxemburgo.
Si el TJUE da la razón a la Comisión Europea, podría imponer al Gobierno español una multa coercitiva que se mantendría en vigor hasta que la legislación laboral cumpla plenamente con lo establecido en la directiva europea. Este tipo de sanciones buscan no solo corregir la infracción, sino evitar que se prolongue en el tiempo.
Una directiva para proteger los derechos laborales
La Directiva que España ha transpuesto de forma incompleta exige a los Estados miembros proporcionar a los trabajadores información clara, detallada y accesible sobre las condiciones esenciales de su relación laboral. Esto incluye aspectos como:
- El horario de trabajo
- El salario base
- Las condiciones para la terminación del contrato
- La existencia de periodos de prueba
La Comisión Europea sostiene que la legislación española aún no contempla todas las garantías exigidas por la norma comunitaria. Por lo que el recurso ante el TJUE se convierte en el siguiente paso lógico del procedimiento de infracción. Esta situación pone de relieve una de las tensiones recurrentes entre la legislación nacional y los compromisos adquiridos en el marco de la UE.
Más frentes abiertos ante el Tribunal europeo
Este caso no es un hecho aislado. Bruselas ha comunicado también que España podría enfrentarse a otras sanciones por incumplir o transponer de forma incorrecta varias directivas europeas. Una de las más relevantes es la Directiva sobre el agua potable, cuyo objetivo es mejorar la calidad del suministro y proteger la salud pública.
La Comisión señala que el Estado español no ha incorporado correctamente algunas de las disposiciones clave de esta directiva. Como la obligación de realizar evaluaciones de riesgo periódicas en los sistemas de abastecimiento o la inclusión de mecanismos de revisión técnica. En el ámbito europeo, el TJUE actúa como garante del cumplimiento de estas obligaciones, y podría emitir nuevas sentencias si la situación no se corrige a tiempo.
Además, España también ha recibido un expediente por la transposición incompleta de la Directiva Seveso III, que regula el control de riesgos en instalaciones donde se manipulan sustancias peligrosas. Esta norma, de vital importancia para la seguridad industrial, afecta a más de 12.000 instalaciones en toda Europa. La falta de adaptación completa de esta directiva representa otro potencial caso ante el TJUE.