El cuerpo de Anna Yagi, una mujer japonesa de 39 años, fue encontrado el pasado sábado en un hotel de Naha, la capital de la prefectura japonesa de Okinawa. Horas después, la policía detuvo a Devin Jacob Ballard, un marine estadounidense de 20 años destinado en la base militar de Futenma, como presunto responsable de su asesinato y del robo de sus pertenencias. El crimen ha provocado una oleada de protestas y vuelve a cuestionar la presencia de las tropas estadounidenses en el archipiélago.
Según las primeras investigaciones, las cámaras de seguridad del establecimiento captaron a un hombre que accedía al hotel acompañado de la víctima y posteriormente abandonaba el edificio sin ella. Los investigadores sospechan que Yagi murió estrangulada y que el detenido se llevó su mochila y su cartera. Ballard permanece bajo custodia japonesa mientras continúa la investigación.
La familia de la víctima ha expresado públicamente su dolor. Su hermano mayor aseguró, en un comunicado recogido por el diario Mainichi, que sus padres se encuentran especialmente afectados por lo sucedido. Mientras tanto, numerosas mujeres de Okinawa han salido a las calles para exigir justicia y denunciar la inseguridad que, según sostienen, genera la convivencia con las instalaciones militares estadounidenses.
Una indignación que se repite
Para buena parte de la población, lo ocurrido no constituye un episodio aislado. Ai Sato, una residente de 52 años, explicó a la BBC que su primera reacción al conocer la noticia fue pensar que la historia volvía a repetirse. La mujer lamentó que, pese al paso de los años, continúen produciéndose víctimas y familias destrozadas.
Una percepción compartida por Akemi Oshiro, de 62 años, quien reconoció al mismo medio que la frecuencia de estos acontecimientos ha terminado por reducir su capacidad de sorpresa.
El gobernador de Okinawa, Genta Koja, también ha manifestado su indignación y ha cuestionado la eficacia de los mecanismos disciplinarios aplicados por el Ejército estadounidense. Durante su intervención ante la asamblea regional, calificó lo sucedido de “absolutamente imperdonable” y reclamó responsabilidades a Washington.
Koja, que asumió el cargo recientemente, pretende aprovechar su reunión con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, para solicitar una reducción de la presencia militar extranjera. También ha planteado revisar el acuerdo bilateral que regula la situación jurídica de los soldados estadounidenses desplegados en Japón.
Takaichi ha exigido colaboración con la investigación y medidas que impidan nuevos incidentes. Por su parte, el ministro de Exteriores, Toshimitsu Motegi, convocó al embajador estadounidense, George Glass, para trasladarle formalmente el malestar de Tokio.
Washington impone restricciones a sus militares
Ante la creciente presión, las Fuerzas Armadas estadounidenses han anunciado nuevas limitaciones para sus efectivos en Okinawa. Entre ellas figura un toque de queda nocturno, entre la medianoche y las cinco de la madrugada, durante 30 días a partir del viernes.
También se ha establecido un periodo de 48 horas de formación y revisión disciplinaria, durante el cual los militares no podrán abandonar sus instalaciones ni consumir alcohol.
El responsable militar estadounidense Benjamin Watson ha reconocido que el comportamiento individual de los soldados puede perjudicar la confianza de la población local y afectar a las relaciones entre ambos países.
Sin embargo, estas decisiones no han conseguido disipar las críticas de quienes consideran que las restricciones temporales resultan insuficientes para abordar el problema.
Décadas de violencia y protestas
Okinawa concentra una parte considerable de las instalaciones militares estadounidenses en Japón. Aunque representa una pequeña proporción del territorio nacional, alberga aproximadamente el 70% de los terrenos destinados exclusivamente a bases estadounidenses.
La presencia militar se remonta al final de la Segunda Guerra Mundial y ha estado acompañada de reiteradas denuncias por contaminación, accidentes y delitos cometidos por personal vinculado a las instalaciones.
Uno de los episodios más graves ocurrió en 1995, cuando tres militares estadounidenses violaron a una niña de 12 años. Dos décadas después, en 2016, el asesinato de una joven de 20 años a manos de un antiguo marine volvió a desencadenar movilizaciones multitudinarias.
Según las autoridades prefecturales, desde la devolución de Okinawa a Japón en 1972 se han registrado más de 6.400 detenciones relacionadas con personal militar estadounidense.
El asesinato de Anna Yagi ha devuelto estos antecedentes al debate público. Mientras Japón y Estados Unidos mantienen su cooperación militar ante las tensiones regionales con China, una parte de la sociedad de Okinawa reclama que la seguridad no se construya a costa de la tranquilidad de sus habitantes.
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