El Gobierno español y su presidente recurren a menudo a las instituciones europeas para que sean testigos de sus dificultades internas, ya sea con la derecha y su extrema derecha o con la amnistía y las reivindicaciones lingüísticas catalanas en el seno de las instancias de la Unión Europea. Sánchez y su administración pretenden ser los defensores de las virtudes de la democracia (social) europea.
Por esta razón, el Gobierno progresista recurre a la ayuda de la UE para aplicar sus políticas. Desde hace (demasiado) tiempo, la España de Sánchez ha recurrido a Europa para, por un lado, que desempeñe el papel de promotora cuando el socialismo reinaba en la mayoría de los países europeos; por otro lado, para arbitrar los conflictos entre los dos principales partidos políticos españoles (PP-PSOE), o incluso para satisfacer las exigencias de los socios catalanes y vascos del Gobierno de Sánchez.
Por último, desde la epidemia de COVID, este mismo Gobierno basa su actuación en la aportación financiera de los fondos europeos, y no en un presupuesto que, en cualquier régimen democrático, se vota anualmente. Con el debido respeto a la ministra Montero, a través del presupuesto general se ejerce un derecho/deber político que es la contribución financiera de los ciudadanos a las necesidades de la comunidad, del Estado y de sus colectividades. Sin embargo, el presupuesto ya no se vota y la salvación de Sánchez está ligada a los fondos Next Generation. Por lo tanto, una vez más, es la UE la que soporta, en parte, al Estado español en la financiación de las políticas y las inversiones públicas.
Europa está presente en la aplicación del Estado de derecho y los valores democráticos en España. Por el contrario, el régimen de Sánchez incumple sus obligaciones frente a los compromisos europeos.
Señalados por corrupción
Así, el Estado español ha sido señalado por el Consejo de Europa por los casos de corrupción de altos cargos. De hecho, aunque se han propuesto mejoras en el marco de iniciativas como el Plan de Acción para la Democracia, ya adoptado, y en particular el proyecto de ley sobre transparencia administrativa, estas iniciativas aún no se han aplicado. Otra deficiencia especialmente grave es la ausencia de un código de conducta para las personas que ocupan altos cargos en el poder ejecutivo. No se ha tomado ninguna medida para reformar el procedimiento especial del régimen de responsabilidad penal de los miembros del Gobierno. El Consejo de Europa concede un plazo de diez meses al mal alumno para que demuestre sus progresos en la materia.
En relación con los casos relacionados con la financiación ilegal del PSOE, los miembros del equipo político y el entorno familiar del presidente del Gobierno, a principios de julio, la Comisión Europea envió una seria advertencia a España tras constatar un aumento significativo de la corrupción percibida durante el mandato de Pedro Sánchez. Bruselas precisa que, en el índice de percepción de la corrupción 2024 de Transparency International, España obtuvo una puntuación de 56 sobre 100, lo que la sitúa en el puesto 16 de la Unión Europea y en el 46 a nivel mundial. Esta percepción es especialmente alarmante en el mundo empresarial: el 87 % de las empresas considera que la corrupción está muy extendida en España, frente a una media del 63 % en la UE, y el 53 % la considera un obstáculo importante para los negocios, frente a una media del 35 % en la UE. Por lo tanto, insta a las autoridades españolas a “redoblar sus esfuerzos para hacer frente a los retos relacionados con la duración de las investigaciones y los enjuiciamientos, con el fin de aumentar la eficacia en la tramitación de los casos de corrupción de alto nivel”, incluida la finalización de la reforma del Código de Procedimiento Penal.
Otro incumplimiento de las obligaciones europeas por parte del Gobierno de Sánchez es la no transposición de una directiva europea que acaba de ser sancionada por el Tribunal de Justicia de la UE con una multa de 6,8 millones. España tenía hasta 2022 para hacerlo. Sin embargo, se trata de una directiva cuyo contenido es social —por lo tanto, muy apreciada por el Gobierno progresista de Sánchez—, ya que trata de la conciliación laboral y la retribución del permiso parental.
En definitiva, los últimos reveses europeos, que se suman a los de la OTAN y otras instituciones, nos enseñan que, a nivel europeo —dentro de la UE y del Consejo de Europa—, el Gobierno español está desacreditado por el incumplimiento de los compromisos políticos y las obligaciones legales de España como Estado miembro de estas instituciones. Las deficiencias europeas de Sánchez contribuyen a debilitar a España frente a sus interlocutores, como los Estados europeos que, en su día, no querían abrir la cartera europea alegando la falta de fiabilidad de las medidas y políticas sociales y fiscales españolas.
Pedro Sánchez y su Gobierno son zombis políticos. Desde su victoria pírrica en 2023, su inestable coalición pende de un hilo y su supervivencia política depende de la buena voluntad del fugitivo Puigdemont (que, gracias a sus siete diputados, maneja a Sánchez a su antojo desde su escondite en Waterloo), de los herederos de los terroristas de ETA, pero también de la intervención de la UE, que vendrá acompañada de condiciones cada vez más estrictas.