Uno de los axiomas que con mayor fuerza se han abierto paso en los últimos años es que, ni nuestras instituciones, ni nuestra legislación ni en definitiva España estaba preparada para la torsión institucional a la que la somete Pedro Sánchez.
Cuando los padres de la Constitución y aquellos legisladores levantaron la arquitectura legal de nuestro país, su extraordinaria buena fe les llevó a pensar que los políticos de las generaciones venideras serían, como poco, tan responsables e institucionalmente escrupulosos como lo eran ellos. Y este es el motivo por el cual nunca jamás previeron introducir en la ley mayores salvaguardas con las que proteger el Estado de Derecho de un ataque que viniera desde dentro del sistema.
Hay varios ejemplo de esto. Por ejemplo, el cese inmediato de un fiscal general del Estado en el mismo momento en que un juez le impute un delito o se le abra juicio oral.
Algo parecido sucede con las amnistías, que no se prohíben expresamente en nuestra Constitución porque nadie en su sano juicio imaginó que un político oportunista necesitara aprobar una para transaccionar con un corrupto y así atornillarse en el poder. Del mismo modo que aquellos redactores del texto constitucional tampoco contemplaron blindar los actos privados del Rey o regular de forma minuciosa las actividades de la mujer de un presidente del Gobierno.
Unos años más tarde los socialistas, que gobernaban en el año 1995, abrieron la puerta de la justicia a los jurados formados por ciudadanos comunes. Y tampoco pudieron pensar que 30 años después, la mujer de un presidente socialista iba a tener que ser juzgada por uno de ellos por haber cometido presuntamente un delito de malversación -nada menos-.
Conviene recordar en este punto concreto cómo y por qué el Gobierno socialista de Felipe González y, más concretamente, su ministro de Justicia Juan Alberto Belloch, desarrollaron el artículo 125 de nuestra Constitución para establecer que determinadas causas quedarían en manos de jurados. Con este movimiento en realidad no se estaba respondiendo a una reivindicación de todos los españoles, sino a una demanda histórica de la izquierda. Aquello se materializó para que, como sucedía en la República, fuera el pueblo el que tuviera la última palabra sobre un procedimiento judicial.
Por este motivo, más de uno no entiende que hoy esos partidos nostálgicos de aquellos tiempos, e incluso el que lo puso en marcha, sea quien reniegue de sus propias reivindicaciones históricas sólo porque la encausada es una mujer de izquierdas. Esta semana se ha llegado a escuchar que el procedimiento está viciado y que el juez Peinado ha buscado este recodo porque como en Madrid hay más gente de derechas lo más probable es que Begoña Gómez salga condenada.
Perdónenme, pero yo me pierdo con determinadas formaciones políticas, porque a mí -y a todos ustedes- nos dijo la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, que en España hay jueces como Peinado que hacen política y que esto “es una opinión ampliamente compartida por una inmensa mayoría de los españoles y españolas” -sic-. ¿Entonces en qué quedamos? Si lo que dice el Gobierno es verdad, lo lógico será que este tribunal lo compongan ciudadanos convencidos de que Peinado es un prevaricador y, en consecuencia, Begoña Gómez saldrá exonerada ¿verdad? Pues no.
Resulta que cuando se apartan de las causas los jueces prevaricadores y se deja en manos de la ciudadanía, en lugar de estar exultantes tampoco les gusta… Da la impresión de que si no es el Consejo de Ministros el que decida no van a quedarse tranquilos.
No estábamos preparados para Pedro Sánchez, pero a martillazos y a golpe de decreto poco a poco va ahormando España a sus necesidades. Costará años reponer el daño institucional causado. La pregunta es si quien venga detrás tendrá la determinación suficiente para fortalecer nuestras instituciones con todos los contrapesos necesarios para cuando el populismo vuelva a colarse por la gatera. Eso sí es que viene alguien detrás de Sánchez… que uno ya empieza a dudar.