El sábado, a las seis de la tarde, el magistrado Juan Carlos Peinado notificó a Begoña Gómez formalmente la imputación y los derechos que le asisten después de anunciar que la enviará a juicio por malversación de fondos públicos frente a un jurado popular, en caso de ser juzgada. Es uno de los delitos que, por ley, deben ser juzgados por un jurado compuesto por ciudadanos, aunque es más habitual en casos de homicidio, amenazas, omisión del deber de socorro o provocación de incendios.
Durante estos cuatro días, la figura del jurado popular ha levantado una gran polvareda en tertulias, titulares de periódicos y conversaciones de barra. Javier Puyol, abogado y magistrado en excedencia del Tribunal Constitucional, nos confirma que, efectivamente, esta figura es una de las instituciones más controvertidas dentro de los sistemas judiciales modernos.
La justicia no es exclusiva de una élite
“Su principal virtud -indica- radica en que simboliza la democratización de la justicia, pues permite que los ciudadanos participen de manera directa en la administración de un poder que, por naturaleza, afecta a toda la colectividad”. No obstante, su valor no se limita únicamente a esa participación simbólica, sino que también cumple una función pedagógica, ya que acerca el funcionamiento del sistema judicial a la sociedad y genera un vínculo más estrecho entre la ciudadanía y la justicia. “Cuando un grupo de personas, sin formación jurídica previa, se sienta en un tribunal para deliberar sobre la culpabilidad o inocencia de un acusado, lo que se transmite es la idea de que la justicia no es una esfera reservada a una élite de especialistas, sino una responsabilidad compartida. Esta concepción encaja bien con la visión moderna del Estado de derecho como un espacio de participación activa de la sociedad”.
Sin dejar de ser una virtud, choca con ciertas limitaciones. “La falta de conocimientos técnicos de los jurados puede derivar en decisiones influenciadas por las emociones, los prejuicios, las convicciones ideológicas o, lo que resulta más delicado, por la presión mediática que suele rodear los grandes procesos judiciales”. Frente a estos sesgos, un juez profesional, con años de formación y experiencia, está preparado para filtrar lo irrelevante, aislarse de las presiones externas y aplicar de manera rigurosa la ley. “Un ciudadano corriente puede verse más vulnerable a factores externos que no deberían tener peso en una decisión judicial”, añade.
A ello se suma, según el letrado, que muchos de los casos más relevantes presentan una enorme complejidad técnica y pueden dejar a un jurado en una posición de dependencia excesiva respecto a la manera en que se les presenten las pruebas o las instrucciones que reciban del juez. “Se corre el riesgo de que la decisión del jurado no sea tanto el fruto de una deliberación autónoma como el reflejo de la narrativa más persuasiva presentada por las partes”.
El caso de la mujer de Pedro Sánchez
Si trasladamos esta reflexión al caso de Begoña Gómez, la situación se torna aún más compleja. “Hablamos de un proceso que, más allá de su dimensión estrictamente jurídica, tiene una repercusión política y mediática de primer orden, dado que involucra directamente a la esposa del presidente del Gobierno. En un caso de estas características, el jurado popular se encontraría expuesto a una presión extraordinaria, ya que difícilmente podría sustraerse a la influencia de los medios de comunicación, de las opiniones polarizadas que circulan en el debate público y de la propia división política que caracteriza a la sociedad española actual”, advierte Puyol.
La pregunta no sería tanto si los jurados serían capaces de analizar con seriedad las pruebas, sino si podrían hacerlo libres de la inevitable carga de prejuicios, simpatías o antipatías que despierta el apellido de la acusada. “El riesgo es que un proceso que debería resolverse exclusivamente en el terreno probatorio y jurídico se convierta, en manos de un jurado popular, en una prolongación del debate político nacional”.
Credibilidad del veredicto
Si quienes componen el jurado simpatizan con el actual Gobierno, podría generarse la sospecha de que la decisión está contaminada por esa afinidad; si, por el contrario, quienes lo integran tienen convicciones contrarias, se podría sospechar lo opuesto. “En ambos casos, la imparcialidad, que es la piedra angular de cualquier proceso judicial, quedaría comprometida, o al menos cuestionada, lo cual dañaría no solo la credibilidad del veredicto sino también la confianza de la sociedad en el sistema judicial”. En su opinión, el resultado podría ser, que la sentencia, en lugar de percibirse como una aplicación imparcial de la ley, se interpretara como una victoria de un bloque ideológico sobre otro, lo que es profundamente perjudicial para la justicia y para la convivencia democrática.
El magistrado no resta la utilidad del jurado popular en determinados delitos, especialmente aquellos en los que los hechos a enjuiciar resultan claros y la valoración probatoria no requiere de conocimientos técnicos excesivos. “Pero en un caso tan sensible como el de Begoña Gómez, donde lo jurídico se entrelaza con lo político y lo mediático, la intervención de un jurado popular no aportaría necesariamente mayor transparencia ni legitimidad, sino que, por el contrario, podría abrir la puerta a mayores controversias y sospechas sobre la neutralidad del veredicto”. La sospecha es que, en un caso que está en el centro del huracán mediático, difícilmente se puede esperar que los ciudadanos cumplan ese plus de profesionalidad, frialdad técnica y resistencia a la presión pública que se exige a la justicia.