El debate sobre el papel de la ciudadanía en la Justicia ha vuelto al primer plano a raíz del caso Begoña Gómez, después de que el juez Juan Carlos Peinado propusiera que, si el proceso llega a juicio, se celebre ante un jurado popular. La noticia ha despertado dudas y comentarios, pero también ha puesto el foco en una figura poco comprendida: el jurado popular en España. Aunque no se utiliza en todos los delitos ni en todos los procedimientos, esta institución está reconocida en la Constitución y regulada por ley desde hace tres décadas.
Origen y marco legal del jurado popular en España
El jurado popular en España tiene su base en el artículo 125 de la Constitución, que recoge la participación de los ciudadanos en la Administración de Justicia. Su desarrollo llegó en 1995 con la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, que estableció las normas para su funcionamiento.
El modelo se inspira en tradiciones anglosajonas, pero con importantes diferencias. Aquí no decide sobre la pena ni actúa en todos los casos, sino que se limita a valorar los hechos en determinados delitos.
El jurado popular en España representa una forma de democratizar la Justicia, permitiendo que ciudadanos corrientes puedan decidir si un acusado es culpable o inocente de unos hechos concretos. Sin embargo, su aplicación práctica ha estado siempre rodeada de polémica, con defensores que lo consideran un avance democrático y críticos que desconfían de la falta de preparación técnica de los jurados.
¿Qué delitos juzga un jurado popular en España?
No todos los procedimientos penales se pueden someter a un jurado. La ley delimita con claridad qué delitos son competencia de un jurado popular en España. Entre ellos figuran homicidios, asesinatos, amenazas, allanamientos de morada y algunos delitos cometidos por funcionarios en el ejercicio de sus cargos, como la malversación de caudales públicos. Precisamente este último es el que conecta con el caso de Begoña Gómez.
La idea es que el jurado popular en España se reserve para hechos que, sin ser excesivamente técnicos o complejos, puedan ser valorados por ciudadanos sin formación jurídica, basándose en las pruebas presentadas en el juicio. En delitos de gran complejidad económica, financiera o tecnológica, en cambio, suelen ser los jueces y magistrados profesionales quienes asumen la competencia.
Composición del jurado popular en España
Un jurado popular en España está formado por nueve ciudadanos titulares y dos suplentes. Su elección parte del censo electoral: cada dos años se realiza un sorteo que establece una lista de candidatos, de la que se seleccionan las personas concretas para cada caso.
El proceso de selección incluye entrevistas y la posibilidad de recusación por parte de las defensas o las acusaciones. Una vez designados, los jurados tienen la obligación de participar, salvo causa justificada. Durante el juicio, su papel no es el de interpretar la ley —esa función corresponde al magistrado presidente—, sino el de valorar los hechos que se han presentado y las pruebas practicadas.
El jurado popular en España siempre está acompañado por un juez profesional, que actúa como presidente del tribunal. Este magistrado se encarga de dirigir las sesiones, velar por el cumplimiento de las normas y redactar la sentencia en base al veredicto alcanzado por los ciudadanos.
El proceso y el veredicto
La función central del jurado popular en España es decidir si los hechos que se imputan al acusado quedan probados o no. Tras escuchar a testigos, peritos y abogados, los nueve miembros se retiran a deliberar en privado.
Para declarar culpable a un acusado se requieren al menos siete votos a favor; para absolver, basta con cinco. Esa diferencia busca garantizar que no se condene a una persona sin un consenso amplio. El veredicto del jurado popular en España no es una sentencia en sí misma, sino una declaración de hechos probados. A partir de ahí, el magistrado presidente dicta la sentencia y, si corresponde, impone la pena.
Este diseño busca equilibrar la participación ciudadana con la seguridad jurídica, de modo que el peso técnico de la ley quede siempre bajo control de un juez.