A comienzos de esta semana, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se reunió para abordar la situación en la Franja de Gaza. El encuentro tenía como objetivo discutir los términos del plan de paz anunciado por Donald Trump el pasado mes de octubre mediante el cual se buscaba poner fin a la guerra que se estaba librando en el referido enclave. Conviene recordar que dicha hoja de ruta contemplaba veinte condiciones que incluían –inter alia– la devolución de los rehenes israelíes que siguieran con vida, la liberación de presos palestinos condenados a cadena perpetua, así como la puesta en libertad de las personas detenidas en el contexto de los ataques perpetrados por Hamas a finales del año 2023. Asimismo, el plan contemplaba la creación de un comité temporal (compuesto por palestinos y expertos internacionales) que se encargaría de administrar Gaza. Este órgano quedaría, a su vez, bajo el control de otro organismo que –oh, ¡sorpresa!– estaría presidido por el citado dirigente norteamericano.
Este plan, no exento de polémica, fue secundado por buena parte de la comunidad internacional tras ser anunciado en la Casa Blanca en presencia del líder israelí Benjamin Netanyahu. Así las cosas, los Estados europeos manifestaron su conformidad con su contenido. De manera muy similar, los países árabes recibieron positivamente el itinerario trazado por Washington. Consecuentemente, la hoja de ruta fue aceptada sin mayores objeciones por terceros Estados que parecían conformarse con la tibia e insuficiente afirmación contenida en el plan según la cual se pretendía promover cierto diálogo entre las partes enfrentadas que pudiera sentar las bases a favor de una coexistencia pacífica. También fue aceptada otra premisa esencial del itinerario: la exigencia de que la Autoridad Palestina acometiera una serie de –no especificadas– reformas destinadas a generar unas condiciones “óptimas” –e inquietantes por su indefinición– que condujeran hacia la “autodeterminación y la estatalidad de un Estado palestino”. Resultó, sin duda, frustrante comprobar la dulce acogida que tuvo la propuesta de Trump sobre Gaza que no sólo ignoró la opinión de su población –cuya principal aspiración consiste en construir su propio Estado y obtener el reconocimiento correspondiente–, sino que además hizo caso omiso a la solución de los dos Estados que la Asamblea General de la ONU había respaldado en septiembre. Con este plan, Trump daba simulaba dar un puñetazo sobre la mesa al dictaminar –de forma abrupta e incuestionable– cómo debía resolverse el conflicto, imponiendo no sólo una visión sesgada y torticera en la que desatendía la realidad histórica y política existente, sino también subordinando cualquier solución a sus propios intereses estratégicos.
Sea como fuere, la fórmula propuesta por Trump para acabar con las hostilidades en Gaza comenzó a dar sus frutos con el regreso de los israelíes que habían padecido un largo y tormentoso cautiverio. A ello le siguió la liberación de palestinos detenidos. Asimismo, comenzó el complejo y lento proceso relativo a la devolución de los restos mortales de ambos bandos. Poco a poco, se fue avanzando en una hoja de ruta que tiene previsto culminar con la creación –como ya anticipé– de un comité palestino tecnocrático y apolítico sometido a la supervisión de un organismo internacional encabezado por el propio Trump. En definitiva, el capítulo final conllevará la implementación de un mecanismo de control ajeno sobre la población gazatí que, lejos de materializar un proyecto de paz y coexistencia, corre el riesgo de perpetuar una estructura de tutela incompatible con cualquier aspiración real de soberanía. Para colmo de todo lo anterior, los sucesos no se detienen aquí.
A comienzos de esta semana, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 2803 mediante la cual incorporaba el ya explicado plan de Trump en Gaza –que pasa a denominarse “Plan Integral”–, el cual aparece, por cierto, como un anexo. Así pues, en la sesión celebrada el pasado 17 de noviembre, se adoptó la referida resolución que contó con el voto favorable de trece Estados y la abstención de dos países: Rusia y China. De este modo, el órgano surgido tras la Segunda Guerra Mundial –en el que los Estados vencedores han ocupado desde el inicio un asiento privilegiado al ostentar el derecho de veto– daba luz verde a las veinte medidas propuestas por el líder norteamericano. Además, respaldaba la Declaración de Trump para la Paz y Prosperidad Duraderas del pasado 13 de octubre. Este instrumento –también llamado Acuerdo de Paz de Trump (en inglés: Trump Peace Agreement)– fue suscrito por Estados Unidos, Qatar, Egipto y Turquía en Sharm el Sheij. Su denominación resulta, sin duda, llamativa, ya que muestra de qué modo el presidente norteamericano imprime su propio sello a la hora de confeccionar una solución que, paradójicamente, lo sitúa como juez de una situación de la que no es estrictamente parte. Sea como fuere, en dicho acuerdo se puso de relieve que Oriente Medio no podía seguir padeciendo las consecuencias de una guerra prolongada y que, además, era preciso abogar por la paz, la seguridad y prosperidad de la región sobre la base del “respeto mutuo y un destino común”.
Leyendo con detalle la reciente resolución 2803, es fácil constatar que en ningún momento se pretende procurar una solución justa que atienda a las reclamaciones de las partes enfrentadas ni, mucho menos, una salida verdaderamente pacífica al conflicto. El Consejo de Seguridad se limita a asumir como propio el Plan Integral y exhorta a su cumplimiento. En coherencia con ello, secunda el establecimiento de una Junta de Paz –presidida por Trump e integrada por otros jefes y ex jefes de Estado como, por ejemplo, Tony Blair– para administrar Gaza hasta que la Autoridad Palestina materialice las reformas pertinentes. Sólo entonces se abrirá la vía hacia la eventual existencia del Estado palestino. Es, sin duda, desolador observar cómo no ahonda en las raíces del conflicto; resulta indignante comprobar cómo no se toma en consideración el prisma ni las reclamaciones de los dirigentes de la zona sobre la que se pretende actuar; y, por supuesto, no hay consideración alguna a las víctimas que, en estos dos años, han padecido las consecuencias más brutales del enfrentamiento. En lugar de ello, se especifica que la mencionada Junta, junto con la Fuerza Internacional de Estabilización (FIS) –supeditada a la autoridad de la primera– deberán cumplir con su mandato. A estos efectos, cobra interés aclarar que la FIS asume la tarea de desmilitarizar la Franja de Gaza y a medida que lo consiga se irá retirando del terreno.
La situación no puede ser más rocambolesca: se promueve un plan unilateral disfrazado de estrategia pacífica que, lejos de propiciar una paz sostenible, reproduce una arquitectura de control ajena sobre una población profundamente mermada. Al hilo de todo este despropósito hay un interrogante particularmente perturbador: ¿quién acabará formando parte de esa Junta vergonzosa que –antes o después– resultará en un claro bochorno para la comunidad internacional? Parafraseando al juez Robert H. Jackson en su discurso de apertura de los juicios de Núremberg, no debemos olvidar que la forma en que la comunidad internacional actúe hoy condicionará inevitablemente la mirada con la que las generaciones futuras evaluarán el momento crítico en el que nos encontramos. La resolución 2803 no está a la altura de las circunstancias. Este instrumento –no olvidemos que es vinculante– ha sido respaldado por el máximo órgano de la ONU y, de acuerdo con lo que estipula, traerá a buena seguro consecuencias que impactarán de forma negativa en la estabilidad regional, en la legitimidad del propio sistema internacional y, sobre todo, en la vida de quienes han soportado el peso más doloroso del conflicto. No es exagerado afirmar que la jornada del 17 de noviembre quedará marcada como una fecha aciaga –un verdadero dies horribilis– para la comunidad internacional.