Un encabritado Alberto Núñez Feijóo subió a la tribuna de oradores, con gesto airado, se dirigió al presidente Sánchez para espetarle un directo a la boca del estómago: “¿De qué prostíbulos ha vivido usted?”. La mitad de la cámara reaccionó con estupor y la otra mitad con alborozo ante la fealdad de esas palabras. No voy a entrar en los dimes y diretes del perímetro de la frase, aunque tengo que confesar que cada vez me harta más que los representantes del pueblo español, del que orgullosamente formo parte, dediquen sus esfuerzos a escarbar en sus miserias e hiperbolizarlas en público. Me gustaría una política más centrada en los problemas de la sociedad para buscar soluciones que satisficieran a la mayoría de la población, en lugar de este escarnio público al que asistimos día tras día.
Pero volviendo a la frase de Feijóo no hay más remedio que reconocer que de la prostitución vive mucha gente en España, pues no son pocos los que utilizan sus servicios y no andan a la zaga los profesionales que los prestan. Su cultivo recorre toda la escala social, desde las chicas de la Colonia Marconi hasta las escorts de los hombres del dinero y la vida de lujo y las sugarbabies, que estudian sus carreras como sobrinas de sus tíos. Y, eso, sin hablar de chaperos y gigolos, que también existen.
En España, y lo entiendo, crece una iniciativa abolicionista que se plantea su prohibición. He de confesar que la palabra prohibición me pone habitualmente los pelos de punta. En este caso, además, supongo que sería misión imposible para la policía de la moral. Ya vimos lo que ocurrió con la Ley Seca, que hizo subir como la espuma la actividad criminal en Estados Unidos. Me parece más sensato pensar en una regulación que proteja los derechos de las mujeres y de los hombres que libremente ejerzan “el oficio más viejo del mundo”. Pero el Gobierno de progreso se lo ha tomado en serio y, apoyado por sus socios feministas y ecologistas, se ha puesto manos a la tarea. No podemos despreciar su gran capacidad jurídica demostrada con la ley del solo sí es sí y, todavía mayor, para modificar figuras legales del Código Penal en su favor o la asombrosa ley de autoamnistía, que hace perdonar lo imperdonable. Seguro que logra una pieza jurídica que pasará a la historia de los derechos humanos, en nombre del interés y del bienestar general.
Hoy por hoy, se trata de una actividad alegal, lo que dificulta su estudio y su exacta dimensión económica. Como tal no hay una persecución de la prostitución, pero el Código Penal si condena el proxenetismo, la contratación de sexo con menores y la tráfico de seres humanos, también conocido como trata de blancas.
Por tanto, los distintos estudios del fenómeno presentan cifras bastante dispares, pero que permiten una aproximación a la economía de la prostitución. Los estudios más recientes determinan que en España ejercen la prostitución entre 45.000 y 150.000 personas, aunque otros lo elevan a 400.000. El Ministerio de Igualdad lo fija entre 150.000 y 185.000 personas, de las que unas 95.000 estarían en riesgo de trata. El Instituto Nacional de Estadística (INE) en un informe de 2023, señala que representa un 0,35% del PIB del país, o lo que es lo mismo: mueve cada año 4.210 millones de euros. Estaríamos hablando de unos 12 millones de euros al día. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) colige que 3 de cada 10 hombres afirma haber pagado por sexo en España. Uno de ellos, dice haberlo hecho una sola vez, los otros dos son consumidores ocasionales. Los jóvenes parece que también gustan del sexo pagado. El Informe Juventud en España 2020, señalaba que el 10,6% de los jóvenes de entre 15 y 29 años reconoce haber consumido prostitución.
La industria global del sexo, según la ONU, genera entre 100.000 y 320.000 millones de dólares americanos. El I Informe Mundial sobre Explotación Sexual, publicado por la prestigiosa y abolicionista Fundación Scelles, señalaba que en el mundo se prostituyen entre 40 y 42 millones de personas, y de ellas el 80% son mujeres o niñas, la mayoría (75%) con edades que van de los 13 a los 25 años, dependiendo de un proxeneta nueve de cada diez personas que se prostituyen.
Así que el líder del Partido Popular tenía razón cuando reconocía que se vive de los prostíbulos. Como en toda actividad económica, un amplio grupo de personas, unos tres millones, paga por este servicio, y otro respetable número, digamos que unos 150.000, ofrece el producto. Genera, por tanto, una economía, la mayor parte de ella sumergida, eso que se conoce como economía negra, cuya abolición se me antoja imposible. Y una economía que recorre la sociedad de abajo a arriba, desde lo inmundo hasta lo más perfumado. Quienes creemos en los derechos humanos, lo aboliríamos de un plumazo, pero parece más eficiente regularizarlo y vigilarlo para perseguir los abusos y las miserias. Creo que vamos a hablar mucho de ello en los próximos meses.