Todo esto podría haberse evitado. Nos podíamos haber ahorrado una semana de insoportable agitación si en todo este proceso hubiera existido un mínimo de sentido de responsabilidad institucional. Si quienes ocupan los cargos institucionales más altos no se hubieran servido de ellos para pasar por la bayoneta al adversario.
El único motivo por el que el fiscal general del Estado ha sido condenado fue por zabullirse en una turbia operación de Estado para destruir la carrera política de una adversaria del Gobierno que lo nombró y transgredir la Ley para hacerlo. Es verdad que el cargo de fiscal general es fruto de una designación política del presidente, pero cumplido el nombramiento quien está en el puesto tiene dos opciones: deber servidumbre a quien lo puso ahí o, por el contrario, volcar esa obediencia en defensa de la institución a la que representa. Álvaro García Ortiz eligió lo primero y formó parte activa de una turbia maniobra, destapada por la prensa libre. Iniciada la secuencia procesal también hubo dos opciones: el fiscal general podría haberse retirado de su cargo (me consta que se lo estuvo pensando) o someter a la institución a la que representaba a una torsión extraordinariamente violenta. También eligió lo segundo y aguantó hasta el final.
Y la única explicación que yo encuentro es Pedro Sánchez lo andaba buscando. La irrespirable y nauseabunda atmósfera de los últimos días es un típico producto de laboratorio, irrigado por quien entiende la política como una guerra fratricida. Un presidente del Gobierno con un mínimo de sentido institucional, en lugar de manipular informes de la Guardia Civil y proclamar la inocencia apropiándose indebidamente de otro poder del Estado, habría tratado de disuadir al fiscal general de permanecer en su cargo para evitar un choque en la Fiscalía, una erosión del prestigio del Ministerio Público y un motivo más de discordia pública. Gasolina para la divisiva causa sanchista, no había otro propósito.
El irrespirable clima de opinión pública ha sido el caldo de cultivo perfecto. En un país donde no existe la centralidad, ni los matices, ni tampoco la escala de grises todo el mundo ha tomado postura sin siquiera haberse hecho pública la sentencia. No soy experto en derecho ni pretendo serlo. Por eso me pregunto si no sería más sensato un ejercicio de cautela. Aguardar a la notificación de la sentencia, proceder al análisis de las pruebas que han conducido a la condena, examinar con detenimiento los argumentos del Tribunal Supremo, analizar los razonamientos de los dos votos particulares y, en último término, esforzarse en construir un juicio racional o una apreciación justa desprovista de prejuicios y libre de fanatismos.
Sin embargo, nuestra clase política ya ha tomado posición y nos hemos visto inundados de pronunciamientos públicos fruto de análisis precipitados emitidos por jurisconsultos sin estudios, expertos sin criterio, e ignorantes con togas de Aliexpress.
Todo esto se podría haber evitado pero era lo que se buscaba. La semana pasada conocimos la primera sentencia condenatoria contra el sanchismo. La primera otras que es probable que estén por venir. El juicio del “hermanísimo” será en febrero, el de Begoña Gómez no tardará, menos aún el de Ábalos y Koldo, más tarde el de Santos Cerdán y veremos si en la Audiencia Nacional no se juzga a cargos de Ferraz y como persona jurídica PSOE por financiación ilegal o blanqueo.
La única salida de Pedro Sánchez es desprestigiar a la Justicia. Si los jueces son fascistas entonces todos los juzgados serán inocentes. En esto estamos. Lo más grave es que todo esto podría haberse evitado.