El juicio al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha quedado visto para sentencia. Veremos que deciden los jueces pero lo que ha evidenciado este caso es que nunca se había expuesto a esta institución a una situación en la que se ve arrastrada a un juicio sin precedentes. Hasta ahora, el juicio ha acreditado la carga política de la defensa de García Ortiz, la ruptura que este escándalo ha supuesto en el seno de la Fiscalía y lo que realmente me importa: lo que el periodismo se juega en el Supremo. He visto a muchos compañeros declarar en los tribunales ante diferentes casos de corrupción y he escuchado a muchos abogados de los denunciantes preguntar como se ha obtenido la información y a muchos compañeros periodistas acogerse al secreto profesional que por si alguien no lo sabe todavía es un derecho constitucional.
He participado en muchos foros con policías, jueces y fiscales donde hemos debatido acerca del periodismo, la justicia y la revelación de las investigaciones judiciales que están bajo secreto de sumario y siempre he defendido que la obligación de un periodista es conseguir las informaciones de interés publico por medios legítimos y después publicarlas.
A la pregunta de si hay límites la respuesta que siempre he dado también es la misma: el único límite en mi caso son casos de terrorismo y seguridad nacional porque en estos supuestos ni lo he hecho ni lo haría. Solo en estos casos dejaría de cumplir mi obligación de publicar todas las noticias que deba saber la ciudadanía. Por eso creo que el papel que se está otorgando a los medios de comunicación en este juicio creo que excede de nuestras obligaciones profesionales. Estamos amparados por el secreto de las fuentes y esto no es escudarse es garantizar a los ciudadanos una información veraz que cuestione el poder. A nosotros no nos toca dictaminar si un acusado es inocente o culpable. Para eso están los jueces. Que nadie nos envuelve en una guerra que mantienen dos partes. A nosotros esta batalla ni nos va ni nos viene.
La vista oral afecta fundamentalmente a García Ortiz, a su vida personal, a su honor y a su futuro profesional. Pero hay un aspecto del juicio que es relevante para los periodistas y para el derecho a la información. La condena, si llega, sería un mensaje demoledor del Supremo para todos los operadores judiciales que de una u otra maneras son fuentes de los periodistas incluidos los jueces. Sería una intimidación y un escarmiento preventivo para quienes desde intereses espurios o legítimos revelan o confirman una información a quienes ejercen el periodismo de tribunales. Sería en definitiva la quiebra de la confianza entre fuentes y periodistas en el ejercicio de la información sobre un poder del estado. Los periodistas se juegan mucho en la sentencia del Supremo sobre el fiscal general del Estado.
A nadie se le escapa o así lo veo yo que en el juicio se está explorando con varios periodistas de investigación la manera de hacer periodismo. Como muy bien recordó ayer Miguel Ángel Campos de la cadena SER “una fuente no es alguien que pasa por ahí y te cuenta una cosa sin más. Es algo que un periodista trabaja meses o años estableciendo una profunda relación de confianza. Si no existiesen fuentes blindadas capaces de proporcionar información valiosa, los periodistas seríamos solos voceros del poder”.
He tenido la sensación durante estos días de juicio que en lugar de un tribunal de justicia esto tiene más pinta de un jurado de periodismo. A la vista de las declaraciones parece que los jueces están intentando tratar de encontrar contradicciones y agujeros negros en las investigaciones que han hecho todos los periodistas que han pasado por esa sala. Se intenta buscar la verdad pero a un juez le cuesta entender que a veces las noticias acaban en un cajón porque la fuente no te deja publicarla o porque sencillamente hay que contrastarla más para dar una información veraz. Jueces y periodistas coinciden en buscar la verdad pero las reglas que utilizan o mejor dicho utilizamos son distintas.