Se cumple justo un mes desde que se desataron las primeras protestas en Irán a raíz del colapso económico que el país viene arrastrando desde ya hace un tiempo. Este deterioro ha tenido un impacto directo sobre la moneda nacional, cuyo valor ha caído en picado. Es preciso indicar que la depreciación del rial iraní es de tal magnitud que actualmente se sitúa en mínimos históricos frente al dólar. Esta situación ha impulsado –como es lógico– la movilización de amplios sectores de la población. Inicialmente, las manifestaciones se expresaron de manera contenida mediante huelgas que conllevaron el cierre de puestos comerciales localizados en el emblemático Gran Bazaar de Teherán. Sin embargo, pocos días después, como si de una chispa irrefrenable se tratara, las movilizaciones comenzaron a expandirse a otras ciudades y provincias del país. Quedó así patente el descontento generalizado de una ciudadanía cada vez más asfixiada ante una crisis que amenaza con prolongarse.
Las reclamaciones de los manifestantes han ido mutando con el paso del tiempo. Sus reivindicaciones ya no se circunscriben al plano económico, sino que han alcanzado el ámbito político, plasmando demandas enérgicas en las que se exige el final del régimen teocrático actual. En definitiva, el desgaste social ha ido permeando y ha sido canalizado a través de manifestaciones que ambicionan objetivos de mayor calado. Claramente, en Irán –donde, según denuncian organizaciones no gubernamentales, el acceso al agua constituye hoy un privilegio reservado para unos pocos– ha cundido el hartazgo. Y, como cabía esperar, estas movilizaciones han recibido una respuesta brutal por parte de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica que no han dudado en reprimir con suma violencia a sus propios compatriotas. Esta milicia ideológica –fundada tras la Revolución de 1979 por el ayatolá Jomeiní y recogida en la propia Constitución iraní– tiene como cometido preservar la revolución, una misión que parece haber sido llevada al extremo.
Ante este oscuro escenario, Amnistía Internacional ha informado de que las referidas fuerzas de seguridad iraníes –que actúan como una fuerza paralela al ejército– han empleado –entre otros medios– armamento bélico, gas lacrimógeno y cañones de agua contra los manifestantes. A ello se suma que, desde el 8 de enero, existe un apagón tecnológico que impide el acceso a la red. Este corte deliberado de las comunicaciones digitales es una maniobra articulada con el propósito de ocultar las tropelías de un gobierno autoritario que, lejos de atender a las demandas de justicia e igualdad que reclaman sus nacionales, ha optado directamente por acallar sus voces. Precisamente, en la fecha indicada, así como en el día siguiente se perpetraron asesinatos con carácter sistemático que parecen responder a un plan diseñado a gran escala conforme al cual se pretende esquilmar a quienes, por medios pacíficos, denuncian un régimen siniestro que no escatima recursos en su afán represivo.
La morgue del sur de Teherán
Así pues, la situación en Irán parece haberse radicalizado ante unos sanguinarios ataques que difícilmente pueden considerarse hechos aislados o puntuales. La morgue situada al sur de la capital así lo evidencia. En este contexto, es preciso subrayar que muchas de las víctimas no pueden siquiera ser reconocidas por sus familias debido a la desfiguración de sus rostros. La información disponible procede de las etiquetas existentes en las que consta únicamente la fecha de defunción. La mayoría de ellas acaecidas el 9 de enero. Sin duda, se trata de un día negro para la historia reciente iraní, cuyos hechos constituyen una violación inapelable de las normas internacionales destinadas a proteger la vida y la dignidad humana.
La Relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas ha señalado que la cifra de muertos desde el arranque de las protestas podría exceder los 5.000. Otras fuentes apuntan a que las personas asesinadas a comienzos de enero superan los 30.000. Si estos datos finalmente se confirman, estaríamos ante un ritmo frenético de matanzas. Ello sería comparable a, por ejemplo, algunos de los episodios más sangrientos de la Gran Purga estalinista cuando, en 1937, Nikita Jruschov solicitó autorización para asesinar a decenas de miles de personas en el lapso de un mes. Treinta días después, pidió poderes para reprimir a otras 30.000.
Se acaben confirmando o no los datos anteriores, lo cierto es que no hay material –principalmente bolsas– para guardar los cadáveres. Asimismo, los cuerpos se amontonan en espacios improvisados donde son depositados sin haber sido previamente identificados. Esta forma de proceder forma parte de la estrategia auspiciada por el régimen imperante que pretende encubrir una situación tan dolorosa como escandalosa. De todos modos, por mucho que se hayan desplegado maniobras para ocultar la realidad, poco a poco se va filtrando el grado de salvajismo de estas duras y oscuras jornadas. Sin duda, el gobierno actual muestra un absoluto desprecio por la vida y los derechos más esenciales del individuo.
Durante este mes, la comunidad internacional ha contenido el aliento ante las masacres perpetradas por el gobierno iraní. Aunque algunas reacciones se han ido produciendo, es urgente activar los mecanismos existentes para exigir responsabilidad y garantizar el respeto de los derechos humanos. No se trata únicamente de cifras ni de estadísticas: estamos ante hechos que constituyen actos de “terror estatal”; una demostración despiadada de represión sistemática violenta contra toda manifestación de disidencia procedente de la población civil. Ignorar esta realidad sería incurrir en una complicidad silenciosa. Así pues, la comunidad internacional debe actuar con firmeza y determinación, recordando –como ya advirtió Martin Luther King Jr.– que la injusticia, en cualquier parte, es una amenaza a la justicia en todas partes.