La Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género cumple dos décadas pese a los ataques que, cada vez con más contundencia, recibe por parte de la ultraderecha negacionista. Esta ley marcó, qué duda cabe, un antes y un después; fue y sigue siendo referente internacional y salva vidas. Sí, salva muchas vidas y ayuda a salir del círculo infernal de la violencia machista a miles de mujeres cada año. Desde su aprobación, los asesinatos por violencia de género se han reducido un 23%.
Veintisiete años han transcurrido desde el salvaje asesinato de Ana Orantes, poco después de que esta mujer granadina tuviese el coraje de acudir a una televisión pública para denunciar el maltrato al que su exmarido, con el que aún convivía, le había sometido durante largas décadas de matrimonio. Aquel asesinato conmovió al país entero que, por primera vez, veía a través del televisor la cara más cruenta de una violencia considerada hasta ese momento como un problema privado que no concernía a lo público.
Los orígenes de la lucha
Hasta entonces, y más concretamente hasta que llegó la ley, las mujeres maltratadas tenían que apañárselas como podían. Solo las asociaciones feministas tenían conciencia de la verdadera dimensión de la tragedia y, particularmente, ellas eran las que atendían, con los pocos recursos de los que disponían, a las mujeres que se atrevían a dar un paso hacia adelante.
Hace poco, en el marco de una jornada en Las Palmas en la que participé, una de esas lideresas feministas, Belarmina Martínez, contaba su historia. Belarmina recordaba a otras mujeres, entre ellas Ana María Pérez del Campo que, como ella, abanderaron esa lucha.
Fue el feminismo el que tiró de la manga de la política para aprobar la ley. Y fue el socialismo, liderado entonces por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, el que cogió el testigo para aprobar esta ley pionera que puso sobre la mesa la prevención, sensibilización y educación, la persecución del delito agravado de violencia de género y la reparación del daño.
Terrorismo familiar normalizado
Pasado el tiempo, la ley sigue siendo válida, útil y necesaria. Cuando se promulgó, se producía un asesinato por cada 1.900 denuncias. Actualmente, se registra un asesinato por cada 2.800 denuncias. En el último año ha habido un 22’5% más de mujeres con protección policial. Otras leyes han venido a complementarla al abordar otros tipos de violencia contra las mujeres. La Ley de garantía de la libertad sexual, conocida como la “ley del solo sí es sí”, que sitúa el consentimiento en el centro. La ley contra la trata, aún en anteproyecto, abordará diversos tipos de trata de personas, también las que se ejercen con fines de explotación sexual. Y la misma ley del solo sí es sí, así como la de protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia, han impulsado mejoras de la Ley integral contra la violencia de género.
Hace poco, en una entrevista, Raquel, hija de Ana Orantes, decía que cuando su padre mató a su madre la violencia machista “era parte de un terrorismo familiar normalizado del que no se hacían eco ni los magistrados ni los políticos” y añadía que aquella “era una España en la que a “la mujer que se atrevía a escapar del infierno la acusaban de abandonar el hogar”. La vergüenza cambió de bando con la ley que ahora cumple dos décadas