“Lo que tenga que decir, al juzgado”. Así de tajantes se muestran en la Fiscalía Anticorrupción ante el último amago de Víctor de Aldama con tirar de la manta. De momento, el empresario no ha movido ficha después de asegurar, en sede judicial, que tenía pruebas sobre una supuesta financiación irregular del PSOE. Una teórica documentación que no ha sido remitida a la Justicia, según desvelan las fuentes consultadas por Artículo14.
El fiscal del caso de los hidrocarburos, Luis Pastor, se interesó en el último interrogatorio por una foto de un sobre que obra en uno de los informes de la UCO de la Guardia Civil. La imagen se la envió por WhatsApp un amigo de Aldama que custodiaba el sobre, pero pertenecería al empresario. Los agentes no pudieron ver qué contenía el paquete, pero dedujeron que “podría tratarse de documentación vinculada al sector de los hidrocarburos, puesto que el remitente es la empresa petrolera de origen venezolano y pendiente del Estado venezolano PDVSA”.
En la foto, el sobre se aprecia cerrado con una pegatina que reza “confidencial” y otra que indicaba que era un documento del Ministerio de Petróleo de la República bolivariana de Venezuela. El remitente era Manuel Quevedo, el ministro del petróleo, y la destinataria, la entonces número dos de Nicolás Maduro, hoy presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.
Preguntado por el sobre, Aldama respondió que se lo entregó la propia Delcy Rodríguez en febrero de 2020 y era “relativo al negocio de los hidrocarburos y a la financiación ilegal del PSOE, de la internacional socialista”.
Pero no quiso explayarse. Prefirió dejar esa explicación para seguir pactando sus beneficios procesales con el ministerio público. “Si no les importa es algo que tenemos que negociar con ustedes directamente, estamos hablando de financiación ilegal del partido”, añadió durante la declaración. Pero, de momento, no ha habido avances en este sentido.
La fecha en la que el empresario recibió el sobre es relevante porque fue justo después de que se produjera el conocido como Delcygate. Esto es, cuando la hoy presidenta encargada intentó pisar suelo español desencadenando una crisis diplomática sin precedentes, y en la que se vio involucrado José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes
En declaraciones a la prensa posteriores a la declaración, el abogado de Hazte Oír, Javier María Pérez-Roldán, dedujo que el empresario se refirió a la elección del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en 2022 como líder de la Internacional Socialista, aunque Aldama no aludió a ello ante el juez. Cabe recordar que la Internacional socialista es una agrupación de 132 partidos socialistas de distintos países que preside por primera vez un presidente español desde su fundación en 1951.
Este periódico ha intentado preguntar a Aldama y a su defensa, José Antonio Choclán, por sus planes con respecto al polémico sobre. Sin embargo, no ha obtenido respuesta de ninguna de las partes.
Cuatro años de cárcel
Eso sí, es conocida la fama de su abogado en llegar a pactos con la Fiscalía. De hecho, ha sido la estrategia que ha seguido desde que se investiga a Aldama. Consiguió que el juez Santiago Pedraz que instruye la causa de los hidrocarburos lo dejara en libertad a raíz de una declaración en la que dio pistas sobre la investigación del caso Koldo y en la que incriminó a altos cargos.
Gracias a su colaboración con la Justicia, la Fiscalía Anticorrupción aplicó un atenuante en la petición de penas por el caso de las mascarillas que enjuicia los contratos de material sanitario que logró Soluciones de Gestión, una de las empresas de Aldama, gracias a la intermediación del empresario con Koldo García y Ábalos.
El ministerio público pide a Aldama cuatro años de cárcel por organización criminal, tres años por el cohecho y una multa por el aprovechamiento de la información. Mientras que a Ábalos y Koldo les pide 24 y 19 años de prisión respectivamente.
Sin embargo, la causa de los hidrocarburos es la que más preocupa al comisionista. Se investiga un entramado empresarial que habría urdido Aldama con su socio Claudio Rivas para evadir hasta 182 millones de euros al fisco con la venta de hidrocarburos. Es por ello que le interesa seguir pactando con la Fiscalía porque es ahí donde se enfrentaría a penas mayores.
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