Las investigaciones del caso Koldo continúan avanzando gracias a los informes policiales de la UCO de la Guardia Civil, que, en este caso, han concluido la parte de su trabajo relacionado con las contrataciones sospechosas que llevó a acabo el gobierno autonómico de Islas Canarias para la compra de mascarillas y de pruebas PCR. Todo ello durante la época en que Ángel Víctor Torres —ahora ministro socialista de Política Territorial— era presidente de Islas Canarias e intervino para dar un empujón a los pagos, según se desprende del informe de la UCO.
La UCO puso bajo su lupa los millonarios contratos por un monto de 12 millones de euros que el gobierno canario tramitó, según la reconstrucción de los investigadores, pese a las resistencias de varios trabajadores públicos gracias al decisivo impulso del entonces viceconsejero de la Presidencia de Islas Canarias y unos meses director del Servicio Canario de Salud, Antonio Olivera; la mediación del comisionista Víctor de Aldama y del exasesor Koldo García (que trabajaba para el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos); y la oportuna oferta de la empresa Soluciones de Gestión (cuyos titulares son Juan Carlos Cueto e Íñigo Rotaeche).
El Ministerio: el origen de casi todo
Según la Guardia Civil, la propuesta de contratar a Soluciones de Gestión llegó desde el Ministerio de Transportes, dirigido por Ábalos, a través de Olivera. La contratación de mascarillas y pruebas PCR generó muy significativas “dudas” a funcionarios de la administración canaria al observar un precio “fuera de mercado” en un contexto de “reserva suficiente”.
Pero la trama consiguió salirse con la suya gracias a la intervención de Olivera, que mantuvo conversaciones con múltiples con Koldo. De hecho, Koldo le envió a Aldama el pantallazo de de una conversación de Whatsapp con Torres en la que el entonces presidente canario le explica que le va a llamar Antonio Olivera: “Estoy encima de tu pago (…) ya está validado el material (…)”.
“Se actuó correctamente”
Sin embargo, fuentes del equipo de Torres subrayaron que con respecto a los contratos para la adquisición de mascarillas “queda acreditado que se actuó correctamente, tal y como han avalado la intervención de la Comunidad canaria, la Audiencia de Cuentas y el Tribunal de Cuentas”.
Descartan de esta manera que la decisiva intervención del entonces presidente canario fuera incorrecta para desencallar los pagos a la empresa de la trama. “Déjame el día de hoy, que me voy a cagar en todos los santos con la responsable económica. Y o lo soluciona o la levanto para el aire”, le escribió Torres a Koldo el 14 de julio de 2020. Durante esta conversación de whatsapp, el presidente canario le preguntó el nombre de la empresa y las cantidades económicas que se le adeudaban.
Antes de culminar los pagos, el proceso de contratación lo puso en marcha el referido director del Servicio Canario de Salud, Antonio Olivera, que después fue jefe de gabinete del ministro Ángel Víctor Torres. Según explica la UCO, Olivera envió un correo a la directora general de Recursos Económico del Servicio Canario de Salud, Ana María Pérez, donde le presentó la oferta de Soluciones de Gestión “que se la ha hecho llegar el Ministerio de Transportes”.
Los peros de una funcionaria
La respuesta de Ana María Pérez fue que “en principio pueden servir” y procedió a formalizar el pedido a través de la funcionaria María Salomé Ballesteros. Pero esta advirtió de que se había dado el visto bueno a las mascarillas “sin la ficha”, preguntó si había dinero suficiente para comprarlas y subrayó que “se han comprado mascarillas más baratas”. “¿Estamos seguros? ¿Hay dinero suficiente? ¿Son 12 millones? Hemos comprado mascarillas más baratas”, insistió la funcionaria, que se mostró reticente y con dudas con el pedido.
—Ana María Perez: “Seguro que te distes cuenta de dónde procede la propuesta” (Mº de Transportes)
—María Salomé Ballesteros: “A mí me da igual de dónde venga, soy funcionaria y tengo que comprobar unos mínimos”.
El amaño
En las conversaciones analizadas, la UCO relata que el propio Olivera contactó después con Rotaeche (Soluciones de Gestión) tras negociar con Koldo la oferta de dos millones de unidades y ultimaron los detalles del envío, “todo ello un día antes de adjudicarse el contrato”.
Una vez más, los investigadores de la UCO destacan el papel en la trama de Koldo García, que facilitó el acceso de De Aldama a “personas con capacidad de decisión en la Administración”. “Todo ello, conviene recordar, coetáneo a las liquidaciones mensuales de 10.000 euros que De Aldama efectuaba a Koldo”, recuerda la UCO.