El caso Koldo, trasmutado en caso Ábalos, afronta una semana clave. Este lunes, Víctor de Aldama se sienta, por primera vez, delante del juez Leopoldo Puente. Lo hace tras su declaración voluntaria en la Audiencia Nacional con la que consiguió salir de la prisión preventiva que cumplía por la trama de los hidrocarburos. Otro caso, que se entremezcla con el de Ábalos y, en el que Aldama presuntamente habría colaborado con una organización criminal para defraudar a Hacienda 182 millones de euros.
Tras esa declaración de noviembre, la Fiscalía Anticorrupción accedió a su puesta en libertad. Pero lo pactado con Anticorrupción podría ir más allá. Fuentes jurídicas consultadas por Artículo 14 sospechan que ya tiene “casi cerrado” el pacto con Aldama. El “nexo corruptor” se habría ofrecido a colaborar con la justicia y desenmarañar el caso Ábalos a cambio de que su pena pivote en los dos años de prisión y, como no tiene antecedentes, librarse de entrar en la cárcel.
El juez Ismael Moreno ordenó a la UCO indagar en la veracidad de la declaración de Aldama. Pero antes que ese informe haya llegado, Aldama ya envió un documento al Tribunal Supremo aportando pruebas que, en teoría, sostenían su declaración. En el documento adjuntaba unas imágenes con subrayados y anotaciones manuscritas de los Presupuestos Generales de 2021. Según el conseguidor de la trama esas indicaciones eran del entonces ministro, José Luis Ábalos, o de su asesor, Koldo García, e indicaban las adjudicaciones públicas fraudulentas que se llevaron empresas afines a la trama. Algo que desmontarían las indagaciones realizadas por un informe del actual ministerio de Transportes sobre esos contratos del pasado. El reporte, ordenado por Óscar Puente, no hallaría irregularidades en los contratos a los que hace referencia Aldama.
Asimismo, en el escrito enviado al Supremo, Aldama adjuntaba el contrato de alquiler con opción a compra de un piso en el Paseo de la Castellana valorado en 1,9 millones de euros cerrado entre él y Ábalos. Aldama alegó que el contrato era una garantía de que se iban a otorgar adjudicaciones públicas a las empresas de su esfera a cambio de que el piso acabara siendo propiedad del exministro.
Acusaciones que Ábalos negó categóricamente en su declaración del pasado jueves. El exministro contestó las 200 preguntas del juez y el fiscal, pero rechazó responder la batería de 300 cuestiones que habían preparado las acusaciones representadas por el PP.
El juez centrado en las comisiones a las mascarillas
Además, las fuentes consultadas creen que el juez Leopoldo Puente quiere centrar sus pesquisas en las presuntas comisiones de los contratos de las mascarillas. Algo que explicaría que Puente no abordara en su interrogatorio el Delcygate en la declaración del exministro y pasara de soslayo el rescate de Aireuropa. Y prevén que la declaración de Aldama será igual “de incisivo” como en la de Ábalos: “Es un juez que interrumpe e interpela mucho”, afirman.
Un magistrado instructor muy estricto con las posibles filtraciones a la prensa del transcurso de las diligencias. Solo deja acceder al PP como dirección letrada de las siete acusaciones populares personadas en el caso. Ni si quiera permitió que el resto escucharan la declaración desde una sala contigua. Así lo hizo durante la declaración de José Luis Ábalos y así lo hará con todas.
Una comparecencia que aún no ha subido el juez a la plataforma, algo “extraño”, según las fuentes consultadas que dicen que de cara a nuevas declaraciones como las que tendrán lugar esta semana (el lunes, Aldama y el martes, Koldo), los magistrados suelen facilitar a las partes los interrogatorios ya realizados y recogidos en video para poder prepararse las nuevas diligencias. Otra de las exigencias del juez es retirar los dispositivos móviles a todas las partes antes de entrar incluso a Alejandro Luzón, el Fiscal Jefe de Anticorrupción.
Fuentes del Tribunal Supremo consultadas por este periódico aseguran que la decisión de Puente es “una previsión que está en la ley y se usa mucho”. Y podría trasladarse al resto de juzgados “Si lo hace el Supremo y los medios lo divulgan, habrá jueces que se den cuenta que aporta beneficios y que no es nada raro. Desde ese punto de vista sí que es posible que aumenten este tipo de decisiones en otros casos”, aseguran las fuentes.
Las acusaciones molestas
Sin embargo, hay malestar entre las acusaciones populares. De hecho, los abogados Alexis Aneas e Inmaculada Jaén, de la asociación Liberum, reclamaron a Leopoldo Puente una aclaración de lo sucedido y éste los contestó diciendo que no tenía por qué aclarar nada. Por eso, elevaron esta queja al Consejo General del Poder Judicial interpretando que con la decisión de Puente se crea desigualdad entre las acusaciones y vulnera derechos: “Difícilmente se puede encontrar otro escenario más palmario que acredite la desigualdad de armas entre estas representaciones procesales”, reza el escrito presentado ante el órgano de los jueces.