Han pasado tres meses desde que miles de personas entraron de forma irregular en Ceuta desde Marruecos los días 30 y 31 de julio, y la ciudad aún no ha recuperado la normalidad. “Esto tiene un responsable, y creo que es algo que saben todos los ceutíes y todos los españoles: Pedro Sánchez y el Gobierno de la nación”, ha afirmado el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas.
Vivas hizo balance de los tres meses este martes. Empezó con una acusación a Marruecos, al que atribuyó el “diseño”, la “organización”, la “cobertura logística” y la “ejecución” de lo que volvió a llamar “invasión”. Según Vivas, el país vecino buscaba vulnerar la integridad territorial de España, desestabilizar Ceuta, “minar la moral” de los ceutíes, frenar el nuevo modelo económico de la ciudad y volver a plantear “sus infundadas aspiraciones anexionistas”.
Vivas acusa a Moncloa de no haber actuado con firmeza y de mantener “una postura de descarada sumisión con Marruecos”. También le reprocha que ignorara los avisos de los servicios de inteligencia y las peticiones de la ciudad en los días previos. “Sabiendo lo que sabía, pudo recurrir a la vía diplomática para frenar la marcha antes de que esta llegara a la frontera: no lo hizo”, lamentó.
A mi juicio, Marruecos buscó poner en jaque nuestra soberanía y quebrar el ánimo de Ceuta. El Gobierno debía haber actuado con anticipación y firmeza. Mi reconocimiento a quienes nos defienden: Guardia Civil, Policía Nacional y Fuerzas Armadas.
Ceuta y España, por encima de todo pic.twitter.com/B389nlkXYG
— Juan Jesús Vivas Lara (@JuanVivasLara) November 3, 2026
Como prueba de que la normalidad no ha vuelto, Vivas dio una serie de cifras. Según el presidente, Ceuta cuenta con 11.000 plazas de acogida, convirtiéndola “un centro de estancia temporal de inmigrantes”. Los delitos han subido más de un 60%, las intervenciones del 112 han crecido un 300% y las del Puerto, un 1.200%. Las enfermedades de declaración obligatoria han aumentado un 80%, y los empresarios pierden un millón de euros al día. “No se puede hablar de normalidad cuando los ceutíes tenemos la sensación de seguir estando invadidos”, sostuvo.
Calcula que en la ciudad siguen unas 15.000 personas y asegura que no se ha hecho “ni una sola devolución” conforme a la ley. Pide al Gobierno que aclare si solo ha habido retornos voluntarios y expulsiones por delitos, por qué se suspendió el operativo de retorno de las primeras horas y por qué se retiró del Consejo de Ministros un decreto para agilizar las devoluciones.
Los menores son otro de los frentes. Según la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, 135 menores han sido reagrupados con sus familias, 181 han sido trasladados a otras comunidades autónomas y en 89 casos se han enviado informes a Marruecos para devolverlos con sus familias.
Vivas reclama que se les repatríe y acusa al Gobierno de haber cambiado de postura respecto a lo que dijeron al principio Sánchez y los ministros de Justicia y Exteriores. “Si dicen que hay una buena relación con Marruecos, lo cual no creo que sea así, deben pedir que facilite la culminación de los expedientes de repatriación de los menores”, afirmó. Terminó con una frase dirigida a los ceutíes: “Un caballa nunca se rinde”.
La atención del Gobierno central es “insuficiente”
La consejera y vicepresidenta segunda del Gobierno de Ceuta, Kissy Chandiramani, comparte el diagnóstico. “Han pasado tres meses y seguimos sin avanzar en lo esencial”, resume en conversación con Artículo14. Para ella, los regresos a Marruecos que anuncia el Gobierno no son un logro del Estado, porque quienes han vuelto “lo han hecho por decisión propia”. La ciudad sigue esperando a que se cierren los expedientes de devolución, a que se refuerce de verdad la vigilancia y a que empiecen las obras en la frontera. “Esas son las actuaciones por las que hay que medir la respuesta del Gobierno a esta crisis de integridad territorial”, sostiene.
Chandiramani pide que el Estado aclare cuántas personas quedan en Ceuta, tanto dentro como fuera de los campamentos, y que separe los retornos voluntarios de las devoluciones ejecutadas tras resolver un expediente.
Califica de “insuficiente” la atención del Gobierno central y lo ilustra con lo que vio ese mismo día: “Esta misma mañana había un solo guardia civil a la vista, en el puesto fronterizo. Y en tres meses no se ha puesto ni un ladrillo en la frontera”. Pide al Ejecutivo que concrete cuántos agentes destinará a la vigilancia, cómo cubrirá los turnos y cuándo empezarán las obras.
Sobre el cierre de los campamentos, Chandiramani quiere que el puerto recupere esos espacios cuanto antes, pero recuerda que el desalojo le corresponde al Estado y que antes debe responder a una pregunta “muy sencilla”: “¿Adónde van a ir las personas que todavía están alojadas allí?”. Ceuta, insiste, necesita saberlo antes de que se cierre un solo campamento, porque dejar a esas personas en la calle “trasladaría el problema a las barriadas”.
La seguridad sigue preocupando, según la vicepresidenta. En la frontera, lo que inquieta es la capacidad de respuesta si se repite una entrada como la de julio. Dentro de la ciudad, pone el foco en las mujeres ceutíes que le cuentan que han cambiado sus horarios o sus recorridos porque se sienten menos seguras. “Poder salir a la calle y volver a casa con tranquilidad forma parte de su libertad. Hay que escucharlas y atender esa preocupación”, afirma.
Así describe cómo se vive en la ciudad tres meses después: “Con cansancio y con frustración”. Los ceutíes, dice, “han sostenido la convivencia en circunstancias muy difíciles” y quieren volver a la vida que tenían antes de julio: pasear por sus barrios con tranquilidad, disfrutar de los espacios públicos y que sus negocios recuperen la actividad. Le parece “lógico” que pregunten cuándo empezarán las obras o qué pasará con los campamentos. “Merecen que el Gobierno les dé una respuesta concreta”, concluye.
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