La reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el jefe del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, se prolongó durante más de una hora y permitió abordar los asuntos que, en palabras del dirigente autonómico, “más afectan a la comunidad canaria”. El encuentro, celebrado en un tono “afable, correcto e institucional”, estuvo marcado por dos ejes centrales: la situación de los menores migrantes acogidos en Canarias y la propuesta de un decreto canario que agrupe los compromisos pendientes de la Agenda Canaria.
En la reunión, Clavijo advirtió de que en lo que va de año han llegado a Canarias más menores solicitantes de asilo de los que han sido trasladados a la península. “Con lo cual, lo que estamos es agravando el hacinamiento”, afirmó, subrayando que el ritmo actual de derivaciones es insuficiente. En la actualidad, el archipiélago tutela a 5.080 menores migrantes no acompañados y a 184 solicitantes de asilo.
El presidente canario subrayó que existen tres autos del Tribunal Supremo que obligan al Estado a ejecutar las derivaciones a la península, una competencia exclusiva del Gobierno central, y denunció la lentitud e improvisación con la que se está gestionando. “No podemos seguir a este ritmo porque tardaríamos un año. Y resulta que al final, cuando acabe el año, habrán llegado más de los que han salido. Por lo cual, seguiremos con el mismo problema o peor”, afirmó.
Clavijo explicó que su Gobierno ha contactado con diversas ONG en la península que han mostrado disposición a acoger a los menores. “Tenemos detectadas ONG que nos han transmitido que cuentan con cientos de plazas disponibles. Si el Gobierno de Canarias ha podido hacerlo, imagino que el Gobierno de España podrá hacerlo con mucha más capacidad”, defendió. Incluso ofreció trasladar esa información directamente al presidente: “Le transmití que, si quiere, le doy el listado de las ONG que están dispuestas a acoger a los menores”.
El presidente autonómico insistió en que Canarias siempre ha colaborado y que la documentación requerida está en manos de la Administración General del Estado. “El interés superior del menor sigue estando en peligro en cuanto a la integridad, en cuanto a la atención y en cuanto al hacinamiento. Esa situación tiene que cambiar de manera drástica”, advirtió.
Pese a su insistencia, reconoció que de la reunión no salió ningún compromiso firme. “Con el presidente no entras al detalle. La improvisación sigue igual. A día de hoy han llegado más menores y a un ritmo de quince o veinte a la semana no vamos a cumplir el objetivo”, lamentó.
La respuesta de Torres
Desde el Ejecutivo central, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, defendió que el Gobierno de Sánchez está cumpliendo con las derivaciones, aunque admitió que el proceso no es sencillo. “No es lo mismo derivar a adultos que a niños. Los menores deben ir acompañados por una persona cada cinco, tienen derecho a ser escuchados, a estar representados jurídicamente y a manifestar su voluntad de salir del lugar en el que se encuentran”, explicó.
Torres aseguró que esta misma semana se realizarán al menos dos nuevas salidas y recordó que ya se han efectuado derivaciones a distintos puntos de la península. Reconoció que el ritmo podría ser mayor, pero subrayó que se trata de un procedimiento garantista: “Estamos hablando de menores que tienen una serie de derechos, tienen que ser escuchados, tienen que estar acompañados de un letrado, de un responsable jurídico, y tienen que dar su aceptación”.
El ministro cargó contra las comunidades gobernadas por el Partido Popular, a las que acusó de obstaculizar el reparto: “Se han puesto palos en las ruedas. No ocurrió cuando los menores eran ucranianos, pero sí ahora que son africanos”. En su opinión, el nuevo marco legal aprobado en el Congreso —que permite la redistribución de menores no acompañados en situaciones de contingencia migratoria— es “una medida justa, solidaria y de carácter humanitario” que debe aplicarse con lealtad institucional.
El decreto canario y la defensa de las RUP
El segundo gran asunto de la reunión fue la propuesta de Clavijo de aprobar un decreto canario que concentre en un único texto todos los compromisos pendientes de la Agenda Canaria. El presidente autonómico explicó que muchas de estas medidas se han ido retrasando por la falta de mayorías en el Congreso y reclamó un mecanismo que garantice su cumplimiento.
“El objetivo y el deseo es que Canarias se compromete a elaborar un borrador de un proyecto donde podamos incluir asuntos que para nosotros son determinantes y que el año va avanzando, estamos ya superados la mitad de agosto, y que vemos que no se cristalizan”, señaló.
Entre los compromisos que deberían figurar en ese decreto citó la reconstrucción de la isla de La Palma, la atención a los menores migrantes, los convenios hidráulicos en un momento de emergencia hídrica, el pago del POSEI adicional para el sector primario y las actuaciones frente a los ceros energéticos en islas como La Gomera, Lanzarote y Fuerteventura.
Clavijo insistió en que su Gobierno aportará las soluciones, pero advirtió que la responsabilidad final recae en el Ejecutivo central y en las Cortes Generales: “Si nosotros elaboramos un texto de decreto ley y conseguimos los votos suficientes para que ese decreto sea aprobado y se cumpla con Canarias, si no se quiere llevar o quien no lo quiera votar y quiera votar en contra, tendrá que responder ante la ciudadanía canaria”.
La dimensión europea
El presidente autonómico llevó también a la mesa el debate europeo sobre la financiación de las regiones ultraperiféricas (RUP). Denunció la intención de la Comisión Europea de transferir directamente los fondos al Estado miembro y no a las regiones, lo que supondría “de facto la desaparición de la Europa de las regiones” y la anulación práctica del reconocimiento de las nueve RUP (seis francesas, dos portuguesas y Canarias).
“Estamos hablando de casi 5.000 millones de euros que se verían afectados, con un impacto directo en sectores como la pesca en Lanzarote, la viticultura o la ganadería”, advirtió. Por ello, anunció que en septiembre se reunirá con los ministros de Agricultura de Francia y Portugal para articular un frente común. “No podemos poner en peligro el nuevo periodo presupuestario de la Unión Europea. Esto va lento, pero va”, resumió.
“La ciudadanía quiere respuestas”
Clavijo cerró su intervención insistiendo en que Canarias ha puesto sobre la mesa propuestas y que ahora corresponde al Estado dar el siguiente paso. “Nosotros siempre vamos a hacer la tarea y vamos a poner soluciones. Tiempo para el enfrentamiento y la crispación, sin lugar a dudas. Pero creemos que la ciudadanía lo que quiere son respuestas”, afirmó.
“El interés superior del menor, la reconstrucción de La Palma, la emergencia hídrica o la defensa de las regiones ultraperiféricas requieren soluciones inmediatas”, añadió. Y concluyó con una advertencia: “Si no se quiere aprobar, quienes voten en contra tendrán que responder ante la ciudadanía canaria”.