La investigación llevada a cabo por Artículo14, en cuanto a los protocolos de acoso fallidos en el Ejército, aterrizarán este martes en el Congreso de los Diputados. El diputado del PP, Agustín Conde, preguntará en la Comisión de Defensa de la Cámara Baja a la SEDEF -Secretaria de Estado de Defensa- por los casos que denuncian mujeres militares -y publicados por este medio- en cuanto a que su confidencialidad en las denuncias no se respeta, tal y como establece la ley según el derecho nacional y comunitario, antes del juicio.
Amparo Valcarce tendrá que responder por los casos de aquellas mujeres que se han animado a denunciar ante la UPA -Unidad de Protección frente al Acoso- y que aseguran no haberse sentido protegidas por el sistema, si no más bien todo lo contrario. Su presunto acosador ha sido informado de la denuncia, algunas incluso cuentan haber sufrido hostigamientos dentro de las unidades a las que han sido destinadas tras la denuncia y, al pedir tratamiento psicológico por no aguantar la situación, recibir un informe médico -en ocasiones, incluso firmado por un alergólogo– en el que se las declara no estar capacitadas para estar en el Ejército. El acoso denunciado, además, en la mayoría de los casos no se registra en acto de servicio, por lo que se les niega y, por añadidura, la pensión.
Las víctimas de esta situación celebran que su voz sea escuchada en las Cortes. “Se trata de que la mujer militar pueda ejercer los mismos derechos constitucionales que los que tiene el resto de mujeres trabajadoras en este país”, afirma una de ellas. “Garantizar que se preserve el anonimato de las denunciantes es lo mínimo que se puede reclamar, porque no se puede permitir que a la mujer militar se la deje vendida a los pies de los caballos”. Según la ley orgánica de Igualdad, el tratamiento de las denuncias debe ser reservado. Y el Tribunal Supremo establece que el momento de la entrega de la documentación en poder de la administración se aporta cuando se abre el proceso judicial, no antes.
La postura de los populares
Los populares se centrarán en el caso de la capitán Cebollero, una de las mujeres que han aportado su versión a este medio con sus denuncias y, que, además, ha proporcionado el correo en el que la ministra de Defensa, Margarita Robles, resta importancia al hecho de que se haya entregado la denuncia de la capitán a sus denunciados de un cuartel general de Zaragoza. “Nada impide que las actuaciones se lleven a cabo de manera pública, con conocimiento del presunto infractor”, contesta a la capitán.
Unas afirmación que para la formación dirigida por Núñez Feijóo no concuerda con las distintas intervenciones parlamentarias de la ministra en la Cámara Baja, en las que asegura que se preservará “la identidad de aquellas personas que denuncian para evitar que pueda haber ningún tipo de filtración, para que las personas que sufren este tipo de acoso sepa que su identidad está debidamente protegida”. Son estas declaraciones las que deberá defender Amparo Valcarce este martes. “¿Ha cumplido la señora ministra de Defensa el compromiso de reserva de la identidad de las denunciantes de acoso en el ámbito de su ministerio?”, interpelará Conde a la secretaria de Estado.
No sólo fue la ministra. Cuando sucedieron los hechos, la titular de Igualdad era Irene Montero. La capitán acudió a ella ante la falta de respuesta, y por el “hostigamiento continuo” que, asegura, sufría en el cuartel. Sin embargo, según afirma, el ministerio de Igualdad a través de la IMIO -Instituto de Igualdad y para la Igualdad de Oportunidades- remitió el correo a la ministra de Defensa.
Ineficiencia de la UPA
Estas mujeres no sólo denuncian la falta de eficiencia en los protocolos, sino también el escaso asesoramiento que reciben. Entre los casos a los que ha tenido acceso este medio, llama la atención el de María -nombre ficticio-, una marinero de la Armada. “Me agredieron sexualmente y me dejaron sola”, aseguró a este medio. Su superior, de hecho, le aconsejó no contarlo a nadie. Tras presentar la denuncia, explica que la UPA apenas le garantizó asistencia telefónica, y no le propocionó la distancia de alejamiento con su acosador. O el de Deborah, que en el cuartel de Zaragoza “San Fernando” recibió tal juicio paralelo por haber terminado condenado el brigada que denunció que pensó en quitarse la vida. “Quería que la gente fuera testigo de mi sufrimiento”.
La propuesta sobre una canal seguro para las denunciantes, rechazado
El PP presentó, además, una propuesta de resolución al informe del Observatorio de Vida Militar sobre un canal seguro para las denunciantes de acoso, que fue rechazada por el voto de Vox, UPN, PSOE, SUMAR y PNV. La propuesta de resolución versaba sobre la necesidad de crear un canal seguro para las denunciantes de acoso, que no ha prosperado.