El Partido Popular reta al Gobierno a asumir las deficiencias dentro de la Administración General del Estado que ponen en tela de juicio la protección en las instituciones de las denunciantes de acoso sexual y acoso por razón de sexo. Los populares toman esta iniciativa a raíz del escándalo del caso Salazar y la denuncia sobre una presunta violación contra el exjefe del DAO, José Ángel González.
El principal partido de la oposición quiere que el Gobierno refuerce los canales de denuncia en la Administración General del Estado. La propuesta, firmada por la portavoz Ester Muñoz y presentada para su debate en la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, plantea mejorar la regulación de los sistemas de comunicación y especialmente la gestión de las denuncias anónimas dentro de la administración pública.
Los populares justifican la necesidad de esta proposición no de ley basándose en que queda constatado que las personas afectadas por acoso sexual “no utilizan los canales institucionales disponibles y recurren a vías alternativas”. Se proyecta “una percepción de falta de confianza, de desconocimiento o de insuficiencia de garantías”.
Advierten de que la aplicación del protocolo es desigual en la Administración Pública dado que algunos organismos utilizan correos electrónicos específicos, mientras que otros recurren a buzones físicos u otros sistemas, lo que genera “heterogeneidad en los canales de denuncia y puede dificultar que las víctimas sepan cómo proceder”.
Así, el PP busca que se establezcan criterios más homogéneos para la recepción y tramitación de las denuncias, así como mecanismos claros para gestionar comunicaciones anónimas sin poner en riesgo la confidencialidad ni los derechos de las personas implicadas. La oposición cree que ello es “clave para evitar que posibles víctimas renuncien a denunciar por falta de garantías o por temor a represalias”.
Las pulseras antimaltrato
Por otro lado, los fallos de seguridad de las pulseras anti maltrato hacen al PP seguir muy de cerca el funcionamiento del sistema COMETA, encargado de gestionar los dispositivos telemáticos que controlan las órdenes de alejamiento en casos de violencia de género.
Así, según ha podido saber Artículo14, el Grupo Popular ha registrado en el Senado una batería de preguntas con el objetivo de que el Ministerio de Igualdad ofrezca información detallada sobre la gestión del contrato actual, sus posibles fallos técnicos y garantías previstas en el nuevo contrato público que el Gobierno prepara.
Las senadoras del PP, Alicia García, Lidia Arévalo y Asunción Mayo, a través de una treintena de preguntas, solicitan conocer la fecha exacta en la que finaliza el contrato vigente, adjudicado a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Vodafone y Securitas Direct. También quieren conocer si existe posibilidad de prórroga y cuál ha sido la valoración del Ejecutivo sobre el desempeño de la empresa adjudicataria durante la vigencia del servicio.
Los populares ponen el foco en la seguridad de las pulseras. Sobre todo después de que hace un mes el Ministerio de Igualdad se viera obligado a adaptar el protocolo de las pulseras para que pasaran a instalarse en los tobillos de los maltratadores al darse cuenta de que son “menos manipulables” y no en las muñecas. Quieren saber en qué fecha conoció el Gobierno que los dispositivos fueron manipulados al colocarse en la muñeca, qué medidas se adoptaron y el número exacto de dispositivos manipulados o desactivados por parte de los agresores y qué medidas preventivas se adoptaron tras detectarse estas incidencias.
El PP quiere detalles económicos sobre el nuevo contrato que está en proceso de licitación sobre las pulseras. Entre otras cuestiones, pregunta por su presupuesto estimado, las razones del incremento respecto al contrato anterior y las mejoras técnicas previstas para garantizar el funcionamiento de los dispositivos en zonas rurales o con escasa cobertura.
Por último, los populares preguntan al Ministerio de Igualdad por la denuncia de la asociación de Granada “La Volaera”, que ha detectado deficiencias en los pliegos del nuevo contrato. Entre ellas, la inclusión de normativa que consideran obsoleta, la falta de requisitos técnicos más avanzados o la posible externalización de funciones sensibles relacionadas con el acceso a datos personales. El PP pide al Gobierno que explique si ha analizado estas advertencias y qué medidas prevé adoptar para garantizar la seguridad del sistema y la protección de las víctimas.
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