El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa ha hecho público este viernes un exhaustivo informe en el que analiza las medidas tomadas por España para combatir las irregularidades y ha concluido que nuestro país “no ha implementado satisfactoriamente ni ha tratado de manera satisfactoria ninguna de las 19 recomendaciones contenidas en el Informe de Evaluación de la Quinta Ronda”. Sin embargo, al poco de conocerse este documento, Moncloa ha emitido un comunicado subrayando que “España avanza en el cumplimiento de las recomendaciones del GRECO para prevenir la corrupción”.
El GRECO dirigió a España un total de 19 recomendaciones y ha examinado su grado de cumplimiento. En tres de ellas, el suspenso del Consejo de Europa a España es inapelable: ni se ha reforzado el régimen actual aplicable a los asesores (sometiéndolos a requisitos de transparencia e integridad equivalentes a los aplicados a las personas con funciones ejecutivas superiores), ni se han modificado los aforamientos para no obstaculizar los procesos judiciales, ni se ha revisado el régimen disciplinario de la Policía y la Guardia Civil para impedir que un superior decida sobre asuntos disciplinarios de manera unilateral.
Esos son los tres suspensos inapelables, pero el GRECO ha evaluado multitud de incumplimientos que Moncloa ve desde otro ángulo, el de los cumplimientos parciales y, por tanto, el de los avances en materia de corrupción.
La transparencia con los lobbies
El GRECO recomendó introducir normas sobre cómo las personas encargadas de funciones ejecutivas superiores establecen contactos con lobistas y otros terceros que buscan influir en el trabajo legislativo y otros del Gobierno; y que se divulgue suficiente información sobre el propósito de estos contactos, como la identidad de las personas con quienes (o en nombre de quién) se llevaron a cabo las reuniones y los temas específicos de la discusión.
Pero el Gobierno no ha dado pasos en este sentido, según el GRECO del Consejo de Europa: “En lo que respecta a la transparencia de las agendas, la recomendación especial emitida por el Consejo para la Transparencia y el Buen Gobierno sigue sin ser abordada, lo cual es lamentable. Este desarrollo representa una oportunidad perdida para abordar la segunda parte de la recomendación”
Las puertas giratorias
El GRECO también recomendó que la legislación que rige las restricciones post-empleo, en alusión a las llamadas puertas giratorias, fuera “objeto de una revisión por un organismo independiente y que se refuerce donde se considere necesario”. Si bien reconoce que ha habido iniciativas legislativas en este sentido, concluye que “la adopción de tales enmiendas aún no ha tenido lugar“.
Y añade: “En cualquier caso, GRECO reitera que el alcance de la recomendación es mucho más amplio, ya que pide una revisión independiente del sistema actual con miras a su mejora, donde sea necesario. En particular, se deben revisar varios aspectos del régimen de restricciones post-empleo. En particular, el régimen de supervisión y responsabilidad necesita ser actualizado.
Los altos cargos
GRECO recomendó a España elaborar “una estrategia de integridad” para “analizar y mitigar áreas de riesgo de conflictos de interés” y corrupción en relación con los altos cargos, a quienes se refiere como personas con funciones ejecutivas superiores. Pidió, en concreto, un enfoque más a medida para la implementación de esta recomendación y una atención más cercana a la situación particular de los altos cargos, pero no se ha producido.
En este mismo capítulo, aconsejó un código de conducta para altos cargos con el propósito de hacerlo público y dotarlo de medidas prácticas. Pero “no se ha presentado evidencia que muestre que los altos cargos han estado siguiendo las capacitaciones ya existentes o que el nuevo proyecto de ley prevea actividades de capacitación dedicadas que aborden las especificidades de sus funciones”. “Se deduce que se requieren acciones más sistemáticas en este sentido”, concluye el Consejo de Europa.
GRECO concluye que la recomendación iii sigue parcialmente implementada.
Acceso a información pública
GRECO recomendó avanzar más en la implementación de la Ley 19/2013, que contempla el acceso de los ciudadanos a documentos oficiales. Si bien en este punto reconoce progresos, pide “una mayor consideración del plazo previsto por la ley para responder a las solicitudes de acceso a la información y espera la adopción efectiva de las enmiendas anticipadas”.
Independencia
GRECO recomendó proporcionar al Consejo para la Transparencia y el Buen Gobierno la debida independencia, autoridad y recursos para desempeñar sus funciones de supervisión de manera efectiva. En este punto reclama una enmienda relacionada con el capítulo sancionador para fortalecer la rendición de cuentas y la aplicación dentro del marco de transparencia.
Estrategia policial coordinada
GRECO recomendó que la Policía y la Guardia Civil realicen una “evaluación estratégica de riesgos de áreas y actividades propensas a la corrupción” para identificar problemas y amenazas emergentes, y que los datos recopilados se utilicen para el diseño proactivo de una estrategia de integridad y anticorrupción. Preferiblemente, se debería considerar una consulta conjunta entre ambas fuerzas en tales ejercicios.
GRECO observa que la Policía aún no ha desarrollado una estrategia dedicada de integridad y anticorrupción. En lo que respecta a la Guardia Civil, GRECO considera que esta recomendación está completamente implementada.
Proteger a los denunciantes
GRECO recomendó que se realice una revisión completa de los procedimientos actuales de denuncia dentro de la Policía y la Guardia Civil, con el objetivo principal de fortalecer la protección de la verdadera identidad de los denunciantes y centrarse más en el contenido de la información proporcionada.
GRECO acoge positivamente los esfuerzos realizados por la Guardia Civil para establecer su propio mecanismo interno de denuncia, incluyendo medidas de seguridad y confidencialidad mejoradas. Esto cumple con los requisitos de la recomendación. En cuanto a la Policía, GRECO lamenta la falta de progreso en el desarrollo de un mecanismo interno de denuncia y llama a las autoridades a tomar medidas adicionales.