El juez instructor del caso Koldo en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha acordado la libertad provisional con las medidas cautelares de retirada de pasaporte y la prohibición de salida del país para la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera y el ex director general de Carreteras Javier Herrero.
El magistrado, que atribuye a los dos investigados delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, ha adoptado estas medidas a instancia de la Fiscalía Anticorrupción después de tomarles declaración en relación con la presunta comisión de irregularidades en la adjudicación de contratos de obra pública.
Con respecto a los testimonios, Pardo de Vera ha negado que existieran irregularidades en esas contrataciones. Interrogada sobre sus conversaciones con Koldo García, el exasesor de José Luis Ábalos, reflejadas en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil del pasado mes de junio, la expresidenta de ADIF ha enmarcado en la normalidad administrativa que los asesores de los ministros pregunten por adjudicaciones, a lo que ha añadido que ella no tenía competencias para adjudicar las obras. En este sentido, según fuentes judiciales presentes, ha expuesto que las ofertas económicas no se conocen hasta que los técnicos hacen sus valoraciones.
Sobre la insistencia de García por conocer las adjudicaciones, Pardo de Vera ha explicado que atendió a las llamadas y mensajes del exasesor porque formaba parte del entonces titular de Transportes, aunque protestó ante Ábalos por la insistente intervención de su mano derecha en los procesos de contratación.
Asimismo, la otrora presidenta de ADIF ha sido preguntada por una de las derivadas que adquirió el caso Koldo en la Audiencia Nacional: la contratación de Jésica Rodríguez, exnovia de Ábalos que ocupó un puesto en Ineco y en Tragsatec, empresas vinculadas al Ministerio de Transportes. La joven declaró en el Tribunal Supremo que recibió un sueldo, pero nunca fue a trabajar. Por su parte, Pardo de Vera ha precisado que derivó el currículum de Rodríguez a Ineco a petición de García, aunque no sabía que era la “sobrina” del exministro. Algo, ha confesado, de lo que se enteró después.
Sin embargo, el juez Moreno ha escrito en el auto de este lunes que Pardo de Vera “habría tenido una participación decisiva en la contratación, aparentemente irregular, de Jésica Rodríguez por las empresas públicas Ineco, vinculada al Ministerio de Transportes, y Tragsatec, vinculada al SEPI, a instancia de José Luis Ábalos Meco y de Koldo García Izaguirre, el cual se prevalió de su relación con Ábalos para que Isabel Pardo de Vera hiciera efectiva la contratación de Jéssica, sin que esta, durante el período en el que estuvo contratada, desplegara actividad laboral alguna“.
Interés electoral en las obras
Por su parte, Herrero también ha negado irregularidades en las citadas contrataciones. Además, se ha mostrado sorprendido por que “todas” las obras que están bajo la lupa de la Justicia se están “ejecutando y pagando”.
Sobre el interés del exasesor ministerial por las citadas obras, el que fuera director general de Carreteras ha asegurado que siempre le preguntaba por ellas después de ser adjudicadas, no antes. Algo, ha detallado, que era “información pública”. Asimismo, Herrero ha explicado que entendió que García le preguntaba sobre esas adjudicaciones a petición de Ábalos para “rentabilizarlas políticamente”, ya que por entonces estaban en la campaña de las elecciones municipales de 2019.
En su declaración como investigado Herrero ha hecho mucho hincapié en que la UCO confunde en el informe entregado al magistrado que lleva la causa en el Tribual Supremo los procesos de licitación, de adjudicación, de modificación de obras y de obras de emergencias, siendo todos procedimientos distintos.