José Luis Ábalos se juega hoy su libertad en el Tribunal Supremo. Pese al riesgo real de entrar en prisión, su estrategia, según confirman a este periódico fuentes de su defensa, no se mueve ni un milímetro: negará todos los delitos, sostendrá que no hay pruebas y mantendrá el pacto de no agresión con Koldo García, el que fuera su asesor.
La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de cárcel para el exministro por organización criminal, malversación, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y pertenencia a grupo criminal. Las acusaciones populares elevan la cifra hasta los 30 años. Y todas ellas han solicitado revisar las medidas cautelares en la vistilla de este jueves.
Así, sobre la mesa está la posibilidad de que el juez Leopoldo Puente acuerde prisión provisional sin fianza, aunque irá de la mano del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, que también tendrá que pronunciarse.
Ese es el verdadero temor de Ábalos: la cárcel. Porque si hoy sale detenido, quedará automáticamente suspendido como diputado. Sin sueldo y sin derecho a voto. Un escenario que tensionaría aún más a un Gobierno ya golpeado por la entrada -y salida- de Santos Cerdán y por un calendario parlamentario extremadamente ajustado.

Nada de esto, sin embargo, ha roto el pacto de no agresión entre Ábalos y su exasesor. “Juntos hasta el final”, sugieren sus entornos. Mantienen una línea común: negar amaños, mordidas y organización criminal; alegar indefensión por la falta de acceso a los dispositivos móviles y denunciar que el suplicatorio contra Ábalos “se planteó mal” en el Congreso. También apuntan a una investigación “indiscriminada”, una instrucción “prospectiva” que, según ellos, ha buscado incriminarles sin acotación previa.

En su defensa están convencidos de que la Fiscalía quiere “meter miedo” y que luzca la presión de la vistilla para forzar una colaboración que no llegará. Y así lo ha verbalizado el propio Ábalos en redes sociales: “Es una estrategia premeditada de presión, una exagerada reclamación de delitos y penas adobada con una estratégica petición de vistilla para forzar una conformidad”.
Lo que sí ha cambiado ha sido la estrategia del exministro fuera del tribunal. A veinticuatro horas de su declaración, Ábalos rompió públicamente con el Ejecutivo. Acusó a Pedro Sánchez de haberse reunido con Arnaldo Otegi para negociar la moción contra Mariano Rajoy, algo que el presidente y el líder de Bildu niegan. También cargó contra Yolanda Díaz, recordándole su papel durante la pandemia: “Antes de llamarme golfo, mejor sería que recordara qué papel jugó cada uno”.
Ábalos llega este jueves al Supremo convencido de que esta causa responde a un “sesgo” institucional. Una crítica que ya trasladó por escrito cuando acusó al juez de actuar como “director jurídico del equipo policial”.



