El adelanto electoral decretado en Extremadura por la presidenta María Guardiola ha abierto un nuevo escenario político. La decisión de convocar comicios el próximo 21 de diciembre, motivada por la imposibilidad de aprobar los presupuestos regionales, ha dado el pistoletazo de salida a un carrusel electoral que continuará en Castilla y León, Andalucía o Aragón. Solo podría haber un superdomingo electoral si Pedro Sánchez opta por adelantar las generales tras la ruptura de relaciones con Junts.
La presidenta extremeña coloca la responsabilidad del adelanto en la falta de cooperación parlamentaria y fija un marco político que apunta directamente a Vox, su socio potencial, al que acusa de actuar con “irresponsabilidad”. Esta línea de confrontación no solo tiene efectos en la gobernabilidad, sino que plantea un discurso alineado con la dirección nacional del PP. Los de Alberto Núñez Feijóo llevan tiempo denunciando una “pinza” de Vox con el PSOE.
Extremadura merece seguir avanzando. pic.twitter.com/hZkL6KGunT
— María Guardiola (@MGuardiolaM) October 27, 2025
La reacción en otros gobiernos del Partido Popular mantiene, por el momento, una apariencia de autonomía estratégica. En Aragón, el presidente Jorge Azcón ha rechazado, de momento, la opción de anticipar las elecciones. Aunque se encuentra en una situación similar a la extremeña, Azcón insiste en que “los comicios son la última opción” y mantiene como prioridad alcanzar un acuerdo presupuestario con Vox para no frenar las políticas que considera fundamentales para “mejorar la vida de los aragoneses”.
Pese a ello, ha enviado un mensaje directo al partido de Santiago Abascal reclamando responsabilidad y denunciando que es “incomprensible” que se boicoteen las cuentas regionales tras la expulsión de un asesor por declaraciones racistas. Este periódico ya avanzó que estaría sopesando en convocar los comicios después del verano del próximo año, en caso de no poder sacar adelante los presupuestos.
Azcón, además, ha señalado que Alberto Núñez Feijóo ha mostrado “respeto” absoluto a la decisión que se adopte en Aragón, recordando la tradición de autonomía que el Partido Popular concede a sus barones territoriales.
En Castilla y León, el presidente Alfonso Fernández Mañueco ha asegurado que agotará la legislatura y que las elecciones serán en marzo, dentro del calendario ordinario previsto, aunque algunas voces de su formación deslizan que podría adelantarse unos días, al mes de febrero.
Aunque Vox también está condicionando la aprobación de los presupuestos en su comunidad, Mañueco ha insistido en desvincular la negociación de las cuentas del ritmo electoral, remarcando que el cumplimiento del mandato es un compromiso político inalterable.
En Andalucía, Juanma Moreno asegura que convocará antes de las vacaciones estivales del próximo año, en junio. Pero como Mañueco, si Sánchez decide convocar las generales, sopesa hacer coincidir sus comicios. De ahí que ese carrusel electoral solo podría cambiar si hay novedades provenientes desde la Moncloa.
En Baleares, la estabilidad es algo mayor. La presidenta Marga Prohens es, según las fuentes consultadas, la que “menos intención tiene” de convocar elecciones. Su plan inmediato consiste en activar una ronda de contactos parlamentarios y obtener el respaldo al techo de gasto, paso previo indispensable para la elaboración de los presupuestos regionales. Sin embargo, la advertencia lanzada desde su gobierno es firme: no habrá “cesiones” para lograr la aprobación de las cuentas públicas ni se abrirán negociaciones paralelas.