El sector socialista del Gobierno reabre el complejo debate del aborto. Un conflicto no solo por la división social que genera, sino también por lo que el Ejecutivo tiene que hacer para sacar adelante su nueva propuesta de convertirlo en un derecho constitucional. Aunque dicho movimiento político, debido a su calibrada puesta en escena, parece ser una “maniobra distractoria” diseñada por Moncloa, según expresa la catedrática de Derecho Constitucional y colaboradora de Artículo14 Teresa Freixes.
Pedro Sánchez anunció este viernes que propondrá una reforma para incluir el derecho al aborto en la Carta Magna. Con este movimiento el Ejecutivo intenta contratacar la última medida impulsada por Vox y apoyada por el PP en el Ayuntamiento de Madrid, que el pasado martes aprobaron la obligatoriedad de informar sobre el “síndrome posaborto” a las mujeres que vayan a tomar esa decisión.
El PP ha decidido fundirse con la ultraderecha. Allá ellos. Pueden hacerlo. Pero no a costa de las libertades y los derechos de las mujeres. Por eso, vamos a:
1️⃣ Impedir que se proporcione información engañosa o contraria a la ciencia sobre el aborto, reformando el Real Decreto…
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 3, 2025
Fuentes gubernamentales informaron de que el Ejecutivo activará un procedimiento de reforma ordinario de la Constitución, proyecto que requiere de una mayoría de tres quintos de las Cortes Generales para su aprobación. Un movimiento que, aunque es de enorme complejidad política, permitiría al líder del Ejecutivo eludir unas nuevas elecciones generales.
Sin embargo, el debate está servido. Freixes sostiene que esta propuesta “populista” afecta completamente al artículo 15 de la Carta Magna, que recoge un derecho fundamental -a la vida- y cuya reforma tendría que seguir el procedimiento agravado. Este proceso requeriría, entre otras cuestiones, conseguir un mayor número de apoyos parlamentarios o convocar unos nuevos comicios. En este sentido, la tesis planteada por la catedrática es compartida por María Isabel Álvarez Vélez, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Pontificia Comillas, quien defiende que el procedimiento a seguir debe ser el previsto en el artículo 168 de la Constitución, y no el estipulado en el 167.
Por su parte, el profesor de Derecho Constitucional en CUNEF Universidad Daniel Berzosa, al analizar la estrategia de Moncloa, señala que otra cuestión diferente sería la de querer añadir un nuevo precepto en la Carta Magna, algo “realmente singular”, el cual se podría establecer dentro de los principios rectores de la política social y económica como un tema relacionado con la salud.
El procedimiento de reforma ordinario
El primer paso para efectuar una reforma de tipo ordinario, desarrollada en ese artículo 167 de la Constitución, sería que, tras tomar como referencia la actual composición de las Cortes Generales, 210 diputados y 159 senadores voten a favor de la propuesta. Algo que se vislumbra muy difícil porque el bloque de investidura solo suma 179 diputados en el Congreso, menos incluso en el Senado, y tanto PP como Vox ya han mostrado su negativa a apoyar esta iniciativa. Cabe recordar que los populares, que innegablemente ostentan un papel relevante en esta futurible reforma, son los que más representación tienen en ambas Cámaras.
Si no existiera ese apoyo proveniente de las Cortes, que parece lo más probable, se intentaría obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de diputados y senadores que presentaría un texto que sería votado por el Congreso y el Senado. Si no se lograra la aprobación mediante este procedimiento, y siempre que dicho texto hubiese obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios, podría aprobar la reforma. Una opción, al igual que las anteriores, de muy difícil materialización.
En el hipotético caso de que el proyecto pasara este complejo examen, lo aprobado por las Cortes podría ser sometido a un referéndum vinculante para su ratificación si así lo solicitara una décima parte de la Cámara Baja (35) o de la Alta (27).
El procedimiento de reforma agravado
Esto es lo que ahora defiende el ala socialista del Ejecutivo. Sin embargo, en marzo del año pasado, después de que Sumar anunciara su intención de incluir el aborto en la Constitución, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, no veía factible este cambio de la Carta Magna porque no se daban las condiciones para iniciar un “procedimiento agravado”; un término clave.
Redondo, que pronunció esas palabras cuando Francia acababa de incluir el aborto como derecho en su Constitución, dio por hecho que el socio minoritario del Gobierno intentaba introducirlo como un derecho fundamental, los cuales están comprendidos entre los artículos 15 y 29 de la Carta Magna. Una reforma que debía hacerse siguiendo el mencionado procedimiento agravado.
Tiempo después, en febrero de 2025, Sumar anunció una modificación constitucional que pasaría por añadir un cuarto punto en el artículo 43, el cual establece el derecho a la protección de la salud. Una propuesta que, sin embargo, Sánchez ha hecho propia.
La mutación en el discurso socialista de enfocar la reforma desde el punto de vista ordinario es relevante porque a través del procedimiento agravado es mucho más complejo, políticamente hablando, sacarla adelante. Primero, la medida debería ser refrendada por una mayoría de dos tercios de la Cámara Baja y Alta, que actualmente son 233 diputados y 177 senadores. En caso de que saliera adelante, las Cortes Generales se disolverían de manera inmediata, lo cual se traduciría en una convocatoria de elecciones generales. Esa nueva composición del Congreso y Senado debería aprobar el texto, otra vez, por una mayoría de dos tercios. Aprobada esa reforma por las Cortes, sería sometida a referéndum vinculante para su ratificación.