El Gobierno ha perdido una batalla con el pacto entre el PP y Junts, pero cree contar con medios para ganar la última guerra abierta, declarada oficialmente este lunes. O, al menos, para acotar el daño a una derrota parlamentaria que no impida que salga adelante su propia ley.
Los partidos de Alberto Núñez Feijóo y Carles Puigdemont han abierto un nuevo agujero al Ejecutivo al acordar el fin del impuesto del 7% sobre la producción eléctrica en España, en el marco de la tramitación en el Congreso de los Diputados del proyecto de ley sobre comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
La modificación también fue avalada por Vox y PNV y contó con la abstención de ERC y el BNG, pero fueron PP y Junts quienes introdujeron la enmienda transaccional que la hizo posible. Y la maniobra llega después de la exigencia de Puigdemont a Sánchez de que se someta a una cuestión de confianza. Si el dictamen se aprobase tal y como está redactado hoy, implicaría la reducción de 1.500 millones de euros en la recaudación para las arcas públicas a partir de 2025, según las cifras del PSOE.
Lo más sencillo para el Gobierno sería contar con el respaldo de alguno de sus aliados parlamentarios para que cambien el sentido de sus votos y favoreciendo una modificación del dictamen del proyecto de ley. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, se abrió durante la tarde a contribuir a revertir estos cambios, pero pidió “encontrar el equilibrio” entre no perjudicar a las empresas de energía renovable que lo costean, y que lo aprobado no afecte al bolsillo del consumidor. Sus votos no bastan, y sería necesario contar también con los del PNV.
La dificultad radica en que lo que se pactó como una enmienda está hoy plenamente integrado en el dictamen. Los esfuerzos se centran ahora en buscar una fórmula que impida tener que recurrir al botón del pánico. Esto es, al artículo 128 del Reglamento, que faculta al Ejecutivo para retirar un proyecto de ley “en cualquier momento de su tramitación ante la Cámara”, siempre que no haya logrado luz verde del pleno.
Fuentes parlamentarias vinculadas a los partidos de la coalición trasladan a Artículo14 que la norma no verá la luz tal cual está redactada, en ningún escenario. A última hora de la tarde del martes, incluso se contemplaba dejar caer el texto en tramitación para “volver a presentar” la misma ley, partiendo de cero. Lo más fácil, apunta otro de los dirigentes consultados, sería retirar la norma y registrar “un nuevo proyecto”, aunque conllevaría nuevos retrasos.
Por lo pronto, PSOE y Sumar han hecho uso de su mayoría para retrasar sine die la reunión de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, prevista para esta semana, cosechando así nuevas críticas del Partido Popular. En paralelo, desde la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, que dirige Rafael Simancas, buscan posibles salidas.
Además de retirar la norma, fuentes jurídicas de la Cámara Baja consultadas por este diario sostienen que también podrían paralizar su tramitación, dejar el dictamen en vía muerta. Sin embargo, esta opción podría dar pie a que la oposición exija a la Mesa de la Comisión que reactive la tramitación. De no hacerlo, tendrían la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional para reclamar una medida “positiva, de reconocimiento del derecho a tramitar”, que interpretan que sí podría tener más opciones de éxito.
Además, según estas fuentes, puede haber otras dos vías de actuación: en el marco de la comisión, reunida para la votación del dictamen, a través una enmienda transaccional que plantee una aproximación entre el texto aprobado y las enmiendas ‘vivas’ (artículo 114 del Reglamento). O, ya en pleno, planteando un voto particular (117). La solución se antoja compleja, abundan, porque introducir un impuesto vía enmiendas es arriesgado.
El ‘gol en propia’ del Gobierno
El Gobierno contaba con la carta del veto presupuestario, que puede aplicar ante cualquier enmienda que conlleve una disminución de los ingresos presupuestarios o un aumento de los créditos. La ausencia de un diputado del PSOE en la votación le impidió ejercerlo. Fue un gol en propia meta que el PP y Junts aprovecharon.
Más allá de reconocer que trabajan para encontrar una solución, en los partidos del Gobierno intentan restar importancia a esta derrota, toda vez que la norma sigue en tramitación. Lo que sí quieren descartar es que Feijóo y Puigdemont se aproximen a un entendimiento que vaya más allá de ese pacto concreto, y que pudiera cristalizar en una futurible moción de censura. El portavoz del PSOE, Patxi López, reclamó en rueda de prensa “no convertir la anécdota en categoría“, y esgrimió la veintena de normas aprobadas en lo que va de legislatura como aval del Ejecutivo.
Desde La Moncloa, tildaron de “absoluta ficción” el supuesto entendimiento entre conservadores y neoconvergentes, y se remitieron a las palabras del secretario general de Junts, Jordi Turull, durante la mañana. “Si con Sánchez no nos fiamos, imagínese con Feijóo. Si Feijóo presenta una moción de censura y espera el voto de Junts, lo he dicho siempre, es una fantasía. No lo haremos”, aseguró en una entrevista en Catalunya Radio.
Entre órdago y órdago de Puigdemont, el PSOE se permite más licencias, pero el Gobierno mide escrupulosamente sus palabras en todo lo que respecta a su partido. Hasta el punto de que fuentes del Ejecutivo rechazaban “interpretar a Junts”, “sus tiempos” o “sus declaraciones”. E insistieron en que avanzan, a pesar de los obstáculos que encuentran en el camino. Algunos, como el del impuesto que aguarda en el limbo, se los han puesto ellos mismos.