La Abogacía de la Generalitat Valenciana ha solicitado cuatro años de prisión para Francisco Javier Puig Ferrer, hermano del expresidente socialista Ximo Puig, por su implicación en un supuesto fraude de subvenciones. Con esta petición, la Generalitat respalda la acusación de la Fiscalía, que ya había pedido penas de cárcel para los investigados.
El escrito, presentado ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia, reclama también la apertura de juicio oral contra Juan Enrique Adell Bover, socio de Puig, por su participación en un fraude continuado en la obtención de ayudas públicas destinadas a fomentar el uso del valenciano en medios de comunicación.
Según la acusación, entre 2015 y 2019, Puig y Adell habrían recurrido a un entramado de sociedades vinculadas, algunas ficticias, para maquillar gastos que luego justificaban con facturas falsas, duplicadas o no subvencionables. El objetivo era inflar de manera ilícita las ayudas concedidas.
Entre las irregularidades señaladas figuran la simulación de actividades mediante autofacturación entre empresas relacionadas, el uso de contenidos no emitidos en valenciano, genéricos o duplicados, y la justificación de gastos ajenos a la actividad subvencionada, como vehículos particulares, merchandising o inventario. Se les imputan los delitos de falsedad documental continuada y estafa agravada —o alternativamente, apropiación indebida agravada—. A Adell se le atribuye también cooperación necesaria en los delitos cometidos por Puig Ferrer.
Más de 58.800 euros
La Generalitat reclama a Puig, como administrador de Masmut Produccions S.L., una indemnización de 58.866,69 euros. Asimismo, exige a ambos acusados el pago solidario de 74.710,75 euros por facturaciones cruzadas entre sus empresas. Por su parte, la Fiscalía solicita que Francisco Puig indemnice a la Generalitat de Cataluña con 51.825 euros, lo que eleva el importe total defraudado a 110.691 euros en el periodo 2015-2018.
Estas reclamaciones económicas se suman a la solicitud de penas de entre tres y cuatro años de cárcel, así como la inhabilitación para el sufragio pasivo durante la duración de la condena.
El proceso judicial se encuentra en fase de calificaciones tras el auto de procesamiento dictado en enero, en el que el juez instructor consideró a Francis Puig presunto autor de delitos de estafa y falsedad documental. Ahora, tanto la Fiscalía como la Abogacía de la Generalitat formalizan sus acusaciones para la apertura de juicio oral.
Los hechos investigados se remontan al periodo comprendido entre 2015 y 2019, cuando Francis Puig, como responsable de Comunicacions dels Ports y Mas Mut Produccions, y Juan Enrique Adell Bover, administrador de Canal Maestrat, solicitaron ayudas públicas para la producción y difusión de contenidos en valenciano en prensa, radio y televisión, así como para la realización de actividades de promoción lingüística.
Sin embargo, según la investigación, estas subvenciones habrían sido desviadas mediante una operativa sistemática basada en facturas falsas, sociedades pantalla y gastos ficticios, vulnerando la normativa de subvenciones.