La decisión del presidente del Gobierno de presentar los casos de acoso por parte de miembros del Ejecutivo y del partido como si fuera un problema estructural a nivel nacional, y continuar con la bandera del feminismo alzada como si el asunto no fuera con él no convence a distintas voces de la militancia del partido, Moncloa o del socialismo anterior y crítico con la presidencia de Sánchez.
Por dos motivos: no creen que la reacción haya sido la adecuada ni los protocolos hayan funcionado correctamente, y, a posteriori, consideran que la decisión de Sánchez, a día de hoy, de no llevar al ex asesor de Sánchez, Francisco Salazar, a la Fiscalía no es asumible. “En los supuestos de denuncia procedente, cuando los hechos aparentemente pudieran revestir el carácter de delito conforme al código penal serán traslados al Ministerio Fiscal, si no hubieran sido ya denunciados ante este o los Juzgados penales, para que este valore, en su caso, la pertinente querella prevista en el artículo 191”, dictan los protocolos anti acoso del PSOE.
Por tanto, aseguran que es obligación del Ejecutivo hacerlo tras haber manifestado públicamente su apoyo y credibilidad a las víctimas, a tenor de la comparecencia de la secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró. “Sánchez está obligado a llevar a las víctimas a la Fiscalía según los protocolos”, aseveran. “Que no nos tome el pelo”.
La estrategia de presentarlo como un problema estructural
Ante los casos de acoso por parte de cargos socialistas a trabajadoras extendidos por el mapa, la estrategia de plantear el problema como una lacra que asola la península tampoco cuaja, ya que, aunque sea cierto que el acoso laboral y sexual no se limita a la política socialista, también lo es que los hombres de su partido señalados son de su círculo. Sin duda, 2025 ha sido un año que el partido recordará como una gynkana para poder defender el lema: “Soy feminista porque soy socialista”.
Los primeros casos de machismo aparecieron con el ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, y su mano derecha, Koldo García. Ambos, que formaron parte del Clan Peugeot cuando Sánchez recorría España para hacerse con el respaldo de la militancia socialista en 2016, se intercambiaban prostitutas, según se desprende de los informes de la UCO, y las colocaban después en puestos de trabajo. Estos hechos hicieron que el partido reaccionara rápidamente, y en la Ejecutiva del Comité Federal del pasado julio, presidida por Sánchez, el presidente del Ejecutivo propuso modificar el Código Ético para sancionar con la máxima pena (expulsión) a quienes consumieran prostitución.
En una escenificación de rechazo a la corrupción, después de que tanto Ábalos, y el otro ex secretario de Organización, Santos Cerdán -también de su círculo de confianza desde sus orígenes-, ingresaran en prisión, Francisco Salazar fue nombrado adjunto a la nueva secretaria de Organización, Rebeca Torró, como símbolo de renovación.
Salazar no llegó ni a ostentar el cargo ante las denuncias de mujeres que trabajaron para él a través de Eldiario.es. Salazar fue destituido de manera fulminante, y se animó a las mujeres denunciantes a usar los canales internos del PSOE para registrar sus denuncias. Por su parte, el Gobierno activó la maquinaria con la elaboración de unos protocolos anti acoso y la convocatoria de unos cursos formativos a principios del pasado mes de septiembre. Unos protocolos que el presidente invitó a las demás formaciones a utilizar, pese a que este medio tuvo acceso a los testimonios de mujeres de presidencia, en los que se manifestó su desconfianza respecto a las garantías de confidencialidad de los canales, al estar formados por miembros de la Abogacía del Estado o de la propia Presidencia.
La oleada de denuncias
Sánchez, incluso, ha llegado a afirmar durante su comparecencia del lunes que las diligencias abiertas contra Salazar y los demás hombres señalados, como el secretario general de Torremolinos (Málaga) a través de los canales internos de su partido se han hecho de manera competente y rápida. El hecho de que las denuncias contra Salazar permanecieran cinco meses congeladas, sin que las mujeres recibieran la seguridad e integridad que les aseguran los protocolos, o que las también denunciantes de Torremolinos protestaran, en este caso por la lentitud en las investigaciones abiertas en los canales del partido en Málaga, y en Ferraz, no tiene trascendencia para el presidente.
A estos casos hay que añadir el del alcalde de Belalcázar, que dimitió tras conocerse sus mensajes zafios y de alto contenido sexual a una trabajadora, o los del alcalde de Almussafes (Valencia), que también ha dimitido de sus cargos. El último elemento en discordia ha sido el alcalde de Barbadás (Orense), recientemente denunciado por acoso.
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