Teresa Freixes: “Es un disparate hablar de golpe judicial, las sentencias se acatan”

La catedrática en Derecho Constitucional Teresa Freixes hace una primera valoración para Artículo14 sobre la decisión del Tribunal Supremo de condenar al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos. “De entrada, parece que realmente existe base jurídica para tener una condena”, arguye, y censura las críticas políticas. Explica que Álvaro García Ortiz podrá seguir ejerciendo en cualquier otra sala porque el castigo de inhabilitación solo es para el cargo que aún ostenta.

Pregunta: ¿Qué supone la condena del fiscal general del Estado para la imagen de la Justicia?

Respuesta: La condena del fiscal deja a la Justicia en entredicho. Es una cosa insólita. No recuerdo ningún precedente en España ni en ningún país democrático. Será condenado por relevar secretos de un particular que conoció por razón de su cargo. Es una conducta muy inapropiada para un fiscal general porque la Constitución le atribuye funciones tan importantes como la defensa de la legalidad y la defensa de los derechos de los ciudadanos.

P. ¿En qué lugar queda el presidente del Gobierno tras haber asegurado que era inocente?

R. El presidente del Gobierno tuvo una intervención muy desafortunada. El poder Ejecutivo no puede avanzar el significado de las sentencias del Poder Judicial. Eso es una quiebra total de la división de poderes. Los únicos que podían saber si el fiscal era inocente o culpable eran los jueces y en ese momento lo estaban dilucidando. Que el presidente del Gobierno se adelante diciendo que es inocente, se puede interpretar muy mal, porque parece que quiera condicionar el fallo de los jueces. Es absolutamente inapropiado.

“Es una conducta muy inapropiada para un fiscal general”

P. ¿Qué le parece la decisión?

R. No disponemos del texto de la sentencia. Cuando la tengamos podremos hacer una valoración. De entrada, parece que realmente existe base jurídica para tener una condena. Se trata de una inhabilitación, pero solo para el puesto de fiscal general del Estado. No es una inhabilitación absoluta para cualquier cargo público. Ha sido un fallo medido que se ha dado por una gran mayoría del tribunal. Veremos qué ocurre ahora, porque esta sentencia no tiene recurso de apelación porque se trata de un cargo público aforado. Si se resistiera a la ejecución de la sentencia, ello abriría la puerta a un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que podría significar una dilatación en el tiempo hasta que el tribunal dictara la suya. No me parece adecuado, lo que procede es acatar la sentencia del Supremo. Que renuncie y que se nombre a un fiscal en condiciones.

“Parece que Sánchez hubiese querido condicionar el fallo de los jueces”

P. ¿Por qué dice un fiscal general en condiciones?

R. Lo digo así porque su nombramiento ya generó reparos, con informe en contra del del Consejo General del Poder Judicial que no lo consideraba idóneo y con una sentencia previa del Tribunal Supremo en sala contenciosa por desviación de poder. Espero que el presidente del Gobierno busque una persona que no pueda suscitar estos inconvenientes porque ya vemos como termina.

P. Hoy hay políticos que hablan de “golpe judicial”. ¿Lo es?

R. Es un disparate hablar de golpe judicial. En un Estado de derecho, las sentencias se acatan. Se puede discrepar jurídicamente de ellas, evidentemente. Se busca que la ciudadanía piense que esto podría ser un golpe de Estado. Ojo, un golpe de Estado es intentar sustituir el orden constitucional vigente por otro sin seguir las normas. Aquí no ha habido nada de eso. Quien dice esto, intoxica. Se agradecería que recibieran unas clases de derecho procesal y constitucional.

P. ¿Tendría que pedir perdón el presidente del Gobierno?

R. Tiene una cierta responsabilidad política porque es quien lo nombró y quien contra viento y marea le ha defendido. Lo adecuado sería que se sometiera a una sesión de control político para decir que se equivocó y que respeta a la Justicia. Es un hecho histórico.

P. ¿Habría que reformar el estatuto fiscal?

R. Sería bueno reformar el estatuto del Ministerio Fiscal. El nombramiento corresponde al Gobierno porque lo establece la Constitución. Pero sí se podrían introducir algunas cuestiones en el Estatuto, como por ejemplo que el periodo en el que el fiscal puede ejercer su cargo no coincida con el de la legislatura. Se podría pedir que tuviera que contar con un informe positivo del consejo del Poder Judicial o del Consejo de Estado. Estaría en la línea de lo que se nos recomienda desde la UE y desde el Greco para lograr que el Fiscal sea un órgano independientemente. El objetivo sería reforzar sus funciones para que no esté sujeto a lo que puedan ser las necesidades del poder Ejecutivo.