Hasta 350 testigos han prestado declaración ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, encargada de investigar la gestión de la fatídica Dana que se cobró 229 personas fallecidas (221 en Valencia) hace hoy un año. ¿Podía haberse evitado semejante catástrofe humana?
Este es el interrogante que guía una instrucción que se alargará hasta el 30 de abril de 2026 en busca de explicaciones de familiares de las víctimas, de peritos, de trabajadores de Emergencias y, por supuesto, de responsables de organismos públicos y administraciones varias. A todos ellos se les ha ido citando para resolver un larguísimo reguero de incógnitas, cuya respuesta se intuye pero no se conoce.
Las previsiones de Aemet
La jefa de servicio encargada del 112 (Emergencias de la Generalitat Valenciana), Inmaculada Piles, considera que la información remitida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) incluyó “muchos cambios de previsión”, lo cual impidió tener “una visión global de lo que iba a ocurrir, eran visiones parciales”. El jefe de Climatología de la AEMET en Valencia, José Ángel Núñez, admitió que los meteorólogos “no tenían la certeza donde podían producirse las lluvias torrenciales”, motivo por el cual tres cuartas partes de la Comunidad Valenciana estuvieron en aviso rojo durante el día de la dana.
En todo caso, la Aemet ha insistido en varias ocasiones en que los métodos científicos actuales son incapaces de prever las cantidades de precipitación. Cabe recordar que los avisos rojos (los de máximo importancia) se declaran a partir de 180 litros por metro cuadrado, y por ejemplo, en Turís cayeron 772 litros.
El análisis del CECOPI
Todo lo ocurrido en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) también es motivo de incógnitas y de sospechas, entre otras cosas porque no existen actas de sus reuniones ni tampoco grabaciones que den luz a las deliberaciones que se mantuvieron entre todas las administraciones y organismos allí representados.
Sí que existen, en cambio, certezas sobre las horas a las que se reunió y también testigos de los debates mantenidos. Aunque existían avisos rojos en la mayor parte de la provincia de Valencia, el Cecopi no se puso en marcha hasta las 17.00 horas.
Los debates sobre las actuaciones se centraron durante una larga fase inicial en la posible rotura del embalse de Forata y, según testigos como el jefe de Climatología de la AEMET en Valencia, “entre las 17:00 y las 18:00 no se habló en ningún momento sobre la posibilidad de mandar un mensaje ES-Alert a la población”.
La entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas —destituida un mes después del temporal e investigada por la jueza de la Dana— era la máxima autoridad del CECOPI y reconoció falta de experiencia en semejantes episodios catastróficos.
La jornada de Mazón
El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, no ha prestado declaración judicial aunque la instructora se lo ha ofrecido en varias ocasiones. En su caso, la principal sombra tiene que ver con el largo almuerzo mantenido el 29-N en el restaurante El Ventorro. Se sabe que comenzó la comida aproximadamente sobre las 15:00 horas, pero hay un fundido a negro hasta su aparición en el CECOPI a las 20:28 horas.
Horas antes, sobre las 13.00h, Mazón, en una intervención ante los medios, quiso trasladar calma: “Según la previsión, el temporal se desplaza hacia la serranía de Cuenca, por lo que se espera que en torno a las 18.00 horas disminuya su intensidad”. Sus recomendaciones se centraron en evitar desplazamientos.
El Gobierno y el comité de crisis nocturno
Es obvio que la posibilidad de una catástrofe mortal en la provincia de Valencia pasó completamente por debajo del radar de los gobiernos, del autonómico y del nacional, durante todo el 29 de octubre. Solo tras el paso devastador de la Dana, ya por la noche, el Gobierno constituyó esa noche un comité de crisis que cogió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de viaje oficial en India.
Sigo de cerca y con preocupación las informaciones sobre las personas desaparecidas y los daños causados por la DANA en las últimas horas.
Todos los servicios de emergencia, @proteccioncivil, @UMEgob y efectivos de @policia y @guardiacivil están desplegados ante el temporal.…
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 29, 2024
Las comunicaciones de la CHJ
Todo lo relativo a las advertencias y comunicaciones emitidas por el organismo estatal de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), así como el papel de su presidente, Miguel Polo, están en entredicho. De hecho, la jueza ha pedido a la CHJ que facilite los datos relativos al caudal del barranco del Poyo entre las 16.13 y las 18.42 horas de ese día y cómo se transmitieron.
Cabe recordar que la crecida en el Poyo fue el episodio más letal de la Dana y las comunicaciones al respecto emitidas por la CHJ, encargada de controlar los caudales, fueron rutinarias y con grandes intermitencias.
Testimonios presentes en el CECOPI han coincidido en que Polo no se refirió a los brutales incrementos en el barranco del Poyo, aunque ante la jueza aseguró que conocía los caudales añadiendo que “no había capacidad de reacción”.
Por qué no hubo evacuaciones
El CECOPI llegó a debatir medidas como la de ordenar alguna evacuación de población civil de las zonas más afectadas, pero se descartó esta posibilidad, que muy probablemente hubiera sido más efectiva que los confinamientos aconsejados.
El envío de ES-Alert
A las 20.11 horas del 29 de octubre se envió este mensaje a todos los móviles mediante el sistema ES-Alert: “Alerta de Protección Civil. Por las fuertes lluvias y como medida preventiva, se debe evitar cualquier tipo de desplazamiento en la provincia de Valencia. Estén atentos a futuros avisos a través de este canal y fuentes oficiales, en X @GVA112 y en À Punt”.
En uno de sus autos, la jueza de la Dana consideró que esta alerta fue “notablemente tardía” y “errada en su contenido”, en alusión a que no contenía ningún tipo de instrucción respecto a buscar refugio en los puntos más altos de edificios y de evitar las plantas bajas. A la hora a la que llegó ese mensaje, ya se había producido la mayoría de las muertes.
Según la consellera Pradas, no existían protocolos aplicativos del sistema ES-Alert y, a su entender, era la CHJ quien debía trasladar al CECOPI que había posibilidad de desbordamiento de cuencas y peligro de rotura de presas.
Hay testimonios que aseguran que se tardó 45 minutos en gestionar “el texto que iba en la alerta”. La responsable de Protección Civil de Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Patricia García, pidió a Emergencias de la Generalitat que se enviase un mensaje ES-Alert a la población por la acumulación de lluvias y riesgo de inundaciones a las 18:35 horas.
Sin nivel 3 de emergencia
Dos expertos en emergencias y protección civil (José María Gil Garré y Alberto Aguilar Zarco), en calidad de peritos para la Asociación SOS Desaparecidos, manifestaron en un documento que forma parte de la instrucción judicial que el hecho de que el Gobierno central nunca activara el nivel 3 de emergencia es indicativo de “un fallo en la estructura de respuesta”.
La Dana se gestionó en todo momento mediante el nivel 2 de emergencia, situación en la cual la coordinación corresponde a la comunidad autónoma. El Nivel 3 lo declara el ministro del Interior, bien por propia iniciativa, bien porque lo pide el presidente de una comunidad autónoma o la Delegación del Gobierno. Pero nadie lo consideró pese a la gravedad del episodio.
Estos expertos en emergencias y protección civil también fueron muy críticos con las administraciones municipales: “Debían tener planes operativos y coordinarse con la Generalitat”, “no hubo estrategias de evacuación ni refugios”, ni tampoco “alineación” con la Administración autonómica. “Los ayuntamientos traicionaron su deber, multiplicando víctimas”, concluyeron.