El 29 de octubre de 2024 quedó grabado en la memoria de la provincia de Valencia como la tarde en la que el agua desbordó todos los cauces: los naturales y los íntimos. Un año después, la cifra de víctimas mortales asciende a 229, pero el duelo de dos familias sigue suspendido. Son los allegados de Elisabeth Gil (37), arrastrada por la riada en Cheste, y de Francisco Ruiz (64), desaparecido tras poner a salvo a sus dos nietos en Montserrat.
La búsqueda de ambos continúa. Esta semana, las pruebas de ADN han confirmado la identidad del cuerpo hallado junto al río Turia, en Manises: José Javier Vicent (56), desaparecido en Pedralba, ha sido identificado, y su familia podrá por fin despedirse.
Un duelo en pausa
“Cuando no puedes enterrar a alguien, la incertidumbre te mata, te come por dentro. Todos los seres humanos nos merecemos una sepultura digna”, explica Ernesto Martínez, tío de Elisabeth y hermano de Elvira, cuya muerte sí pudo certificarse días después de la catástrofe, en una entrevista con El País. Desde entonces, Ernesto se ha convertido en la voz de una familia que encarna la cara más cruel de las desapariciones: el luto sin cuerpo.
En las últimas semanas, Ernesto ha reiterado un ruego que resume la necesidad de cerrar el círculo: “Confiamos en recuperar sus restos para iniciar el duelo”. Agradece la constancia de los equipos de búsqueda y pide que no decaiga el esfuerzo: que nadie deje de buscarla.

La otra historia en suspenso es la de Francisco Ruiz, el abuelo que subió a sus nietos al techo del coche para salvarlos cuando la corriente se llevó el vehículo en una zona de paso entre campos. Sus pertenencias aparecieron días después, pero a él no se le ha encontrado todavía. “Se ha rastreado toda la zona y nada, es como si se hubiera evaporado”, ha admitido Saray Ruiz, su hija, que convive con la ambivalencia de dos niños que fueron testigos: “’El yayo ha muerto, mamá’, dijo la pequeña; ‘no, se ha ido nadando’, insistió el mayor”.
La búsqueda, un año después
La Guardia Civil ha reactivado en varias ocasiones los rastreos subacuáticos y terrestres. En junio, el GEAS volvió a peinar el Júcar en un operativo que cubrió 2.000 metros cuadrados de río y riberas, además de inspecciones con drones y equipos cinológicos. El dispositivo se ha extendido por los términos de Llombai, Carlet, Alfarb, l’Alcúdia y Guadassuar, siguiendo la hipótesis de arrastre desde el Magro hacia el Júcar.
En paralelo, la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana ha reiterado la prioridad de localizar a las personas desaparecidas. “Las víctimas merecen reconocimiento, pero ahora la misión es encontrar desaparecidos para traer paz a sus familias”, subrayó en febrero la delegada Pilar Bernabé, en declaraciones públicas.

La identificación por ADN de José Javier Vicent esta semana —tras el hallazgo por operarios de Tragsa durante trabajos junto al Turia— ha devuelto algo de esperanza. El juzgado de guardia de Quart de Poblet confirmó la identidad tras el informe del Instituto de Medicina Legal de Valencia y el análisis del Laboratorio Central de Criminalística. La familia podrá darle sepultura casi un año después.
Qué ocurrió con Elisabeth y Francisco
Elisabeth y su madre, Elvira Martínez, quedaron atrapadas por el agua en las inmediaciones del hotel La Carreta (Cheste). En dos vídeos enviados a familiares —16:58 y 17:31— mostraron cómo el vehículo ya flotaba, con el agua por encima de los espejos. El cuerpo de Elvira apareció días después, en un campo de naranjos; el coche se localizó en febrero en el barranco del Poyo. De Elisabeth, madre de dos hijos, no hay rastro.
Francisco desapareció en Montroi–Montserrat hacia las 18:10. Tras chocar contra una señal, subió a los niños al techo del coche y se apoyaron en una palmera para resistir. El agua se lo llevó. Un vecino rescató a los menores horas después. La escena, contada por la familia y documentada en los atestados, se ha convertido en símbolo de la mezcla de coraje y tragedia que marcó aquella tarde.

El marco legal y la instrucción penal
El artículo 193 del Código Civil permite declarar el fallecimiento de desaparecidos en siniestros tres meses después si no hay noticias. Los juzgados acordaron este año la declaración de fallecimiento de ambos: Picassent lo hizo con Francisco en marzo; Requena con Elisabeth a finales de mayo, según resoluciones comunicadas a las familias. Aunque la certificación aporta certezas jurídicas —pensiones, herencias, tutela—, no alivia lo esencial: la ausencia de un lugar al que llevar flores.
En paralelo, sigue la causa penal por las muertes derivadas de la DANA, con la instrucción en un tribunal de la demarcación de Catarroja. Familiares como Ernesto Martínez y Saray Ruiz han declarado ante la jueza instructora y sostienen que deben analizarse tanto las medidas de prevención —ocupación y gestión de zonas inundables— como la gestión de la emergencia: “Es importante que se esclarezca lo que pasó para que no se repita”, señalan.
Los números y el dispositivo de víctimas
Tras la riada, el Centro de Integración de Datos (CID) habilitado por las administraciones llegó a registrar 89 desaparecidos y 62 cadáveres sin identificar en los primeros días; con el paso de las semanas, las cifras se estabilizaron y, tras nuevas identificaciones, el balance fatal alcanzó 229 víctimas. La atención a familiares incluyó un teléfono específico y oficinas locales, mientras Salvamento Marítimo suspendía y reanudaba peinados en el mar según la meteorología.

“Es más barato prevenir que curar. ¿Cómo curas 228 o 229 víctimas?”, lamentó en primavera Ernesto Martínez, que ha comparecido en foros y ante la autoridad judicial con documentación y cronologías familiares, incluidos los vídeos que sus dos seres queridos enviaron cuando el coche ya flotaba. “Estuvieron grabando prácticamente su muerte en directo”, ha relatado con crudeza.
También Saray Ruiz ha contado su experiencia: el corte de comunicaciones, el regreso precipitado a casa bajo aguaceros, la espera sin noticias y la llegada de sus hijos rescatados por un vecino. “Se ha rastreado todo y nada… Quizá ya nunca lo sabremos”, revela. Su familia no ha recibido apoyo psicológico municipal; una de sus reivindicaciones es extender la atención psicológica pública y sostenida a todas las familias de víctimas y desaparecidos.
Las peticiones de ambas familias son nítidas: mantener abiertos y periódicos los rastreos donde aún hay trazas posibles, como puntos del Poyo, tramos del Magro y del Júcar, balsas y meandros donde el arrastre pudo depositar restos; transparencia en la investigación, con cronogramas oficiales, activación de protocolos y toma de decisiones durante la tarde del 29 de octubre, y acompañamiento psicológico público homogéneo para familiares, especialmente para menores que vivieron la catástrofe.
Un cierre que aún no llega
La identificación de José Javier Vicent ha devuelto la idea de que todavía pueden aparecer restos a gran distancia y mucho tiempo después, enterrados bajo lodos y arrastres. Es un alivio parcial que convive con la espera de Elisabeth y Francisco. La búsqueda no está clausurada y las familias lo recuerdan: siguen ahí, con flores guardadas y palabras pendientes.
Mientras tanto, la vida cotidiana se rehace con cicatrices. En Cheste y Montserrat, la meteorología ya no es una anécdota: cada aviso de lluvia trae un rumor de alarma. Los dos hogares —el de Elisabeth y el de Francisco— han aprendido, a fuerza de golpes, que el duelo también es resistencia cívica: exigir verdad, exigir prevención, exigir memoria.




